En entrevista con el programa de Yoly Cuello en Actualidad Radio, la abogada de inmigración Elizabeth Amarán advirtió sobre las graves implicaciones legales y humanitarias del nuevo memorándum emitido por ICE, que busca acelerar la deportación de inmigrantes detenidos, incluso hacia terceros países que no necesariamente son sus lugares de origen.
La abogada explicó que este documento, en vigor desde hace apenas una semana, permite al gobierno notificar a una persona detenida con tan solo seis horas de anticipación antes de ser deportada. “Te pueden avisar a las 8 de la mañana y estar sacándote del país a las 2 de la tarde”, advirtió. Además, denunció que en muchos casos estas deportaciones están ocurriendo sin oportunidad real de defensa o revisión judicial.
Amarán alertó que esta política afecta especialmente a ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos frecuentemente se niegan a recibir deportados. En estos casos, Estados Unidos estaría recurriendo a terceros países como México, donde —según relató— los inmigrantes son dejados en zonas remotas sin documentos, sin protección legal, y con instrucciones de abandonar el país en diez días.
La abogada recordó que anteriormente existía un proceso en el que el detenido podía presentar su caso ante un juez, alegando, por ejemplo, riesgo de tortura o persecución. “Esto ya no se respeta, y el nuevo estándar legal para impedir la deportación es casi imposible de cumplir”, sostuvo.
Aunque el gobierno argumenta que su objetivo es evitar procesos migratorios indefinidos y reducir el tiempo de detención, Amarán cuestionó si es razonable pedirle a alguien que ha vivido 27 años en Estados Unidos —como muchos beneficiarios de TPS— que resuelva su estatus en apenas 60 días. “Estas personas tienen lazos familiares, hijos ciudadanos, y no son criminales. El problema es estructural, no de falta de mérito”, concluyó.