Muchas empresas aún creen que, por ser propietarios de los dispositivos digitales que entregan a sus empleados, pueden acceder libremente a toda su información. Pero esta creencia puede llevar a la nulidad de despidos o sanciones judiciales por violación de derechos fundamentales.
Esta situación genera incertidumbre en los departamentos de recursos humanos, compliance y dirección jurídica. La presión por investigar posibles irregularidades choca con la necesidad de cumplir las normativas de privacidad y protección de datos. ¿Dónde está el límite?
En esta entrevista, Omar Molina García, director del Área de Laboral de Augusta Abogados, explica con claridad qué pueden y qué no pueden hacer las empresas. Analiza la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ofrece claves prácticas para proteger la validez de las pruebas en procedimientos laborales.