La estrategia de Nicolás Maduro en la corte federal de EEUU fue clara: declararse inocente y reafirmarse como presidente. Pero, según el abogado constitucionalista y penalista Nelson Rodríguez Varela, esa afirmación no tiene ningún efecto jurídico real.
“Eso no cambia absolutamente nada”, explicó el experto. “Las protecciones que existen para dignatarios no se extienden a conducta criminal. Estamos hablando de una conducta que, de probarse, incrementa el nivel de ofensa de forma exponencial”, afirmó.
De acuerdo con Rodríguez Varela, la suma de los cargos y agravantes podría traducirse en una pena de por vida. “Este tipo de delitos, bajo la legislación federal, pueden conllevar sentencias extremadamente severas, incluso cadena perpetua”.
El abogado puso el foco en un punto mucho más delicado y potencialmente explosivo: el origen de los fondos para la defensa legal, y aclaró que, tratándose de una persona sancionada, no es un detalle menor.
La advertencia final es clara: Si Maduro decide ir a juicio y pelear el caso, el gobierno federal podría poner la lupa sobre cada dólar usado para su defensa, abriendo un nuevo frente legal que va más allá del expediente penal principal.
Pero en la corte, el mensaje es inequívoco: ni proclamarse presidente ni esconderse tras abogados lo libra del escrutinio total del sistema judicial estadounidense.