Esta situación tiene implicaciones no solo económicas sino también estratégicas, porque el 50% del tráfico de los contenedores que surten al país viene por los puertos en huelga. La demanda del Sindicato de un aumento de 77%, considerando que ya se había aceptado un incremento del 61%, genera tensión en un contexto en que los operadores portuarios ganan grandes salarios. “Es inconcebible que un operador de grúa gane más que un médico”, dijo Juan Antonio Vega, economista, especialista en comercio internacional y desarrollo.
Destacó la posibilidad de que el Gobierno intervenga por medio de la Ley Taft-Hartley de 1947 y que, fue creada en respuesta a las huelgas después de la Segunda Guerra Mundial, para poder llegar a una solución negociada sin necesidad de paralizar las operaciones. Sin embargo, aseguró que esta posibilidad sería como “una ganga con el diablo”, considerando que estamos a escasos 30 días de las elecciones presidenciales, y en un contexto tan delicado con problemas de inflación y conflictos globales.