La disputa judicial por la herencia del empresario Julio Ernesto Luna y el control económico del sanatorio Luz Médica, referente en su momento de atención a afiliados del PAMI, incorporó en las últimas semanas elementos que exponen el nivel de tensión interna entre los herederos y las dificultades para avanzar con la prueba en el expediente.El dato más llamativo surge de un acta notarial de constatación labrada en Famaillá el 14 de marzo de 2022, a pedido de Marta Elena Luna, donde la escribana Ana Gabriela Delloca dejó asentados fragmentos de una grabación titulada “reunión hermanos” del 27 de diciembre de 2020. En los tramos transcriptos, una voz expresa su intención de quedarse al frente de la firma con una frase tajante: “Hoy estoy yo con los papeles y tenemos que lograr que yo sea presidente del directorio y la Erika no entra ni a la puerta; me voy a dar el gusto de decirle vos aquí no entrás”. En el mismo registro se alude a supuestos retiros de bienes, a un bolso con dinero y a dos cajas de seguridad vinculadas al padre de los protagonistas.  Ese testimonio notarial se suma a una causa sucesoria que hace tiempo dejó de ser una discusión estrictamente familiar para convertirse en una investigación sobre la operatoria societaria, patrimonial y sanitaria de uno de los principales centros de atención de jubilados del PAMI en Tucumán.En los escritos previos del caso ya habían quedado bajo la lupa la existencia de dos razones sociales con distinto CUIT vinculadas al sanatorio, la rescisión de contratos tras auditorías internas y las sospechas de triangulación de facturación a través de firmas como Sinatrix S.A.S. y Magen David Adom Healthcare S.A.S. A ello se agregó el cuestionamiento por una transferencia de 150.000 acciones de Builder and Design S.A. fechada en abril de 2019 en Tucumán y Buenos Aires, mientras registros de Aerolíneas Argentinas indicaban que los supuestos firmantes estaban en Bariloche.Pericias frenadas e intimacionesEn paralelo a ese trasfondo, los planteos presentados en noviembre de 2026 ante la Oficina de Gestión Asociada de Sucesiones N° 1 muestran que el avance probatorio enfrenta serios obstáculos. En el expediente caratulados como incidente por fuero de atracción, el abogado Alejandro Urueña, en representación de Marta Luna, pidió intimar a Erika Graciela Luna para que entregue en un plazo de 48 horas hábiles los elementos requeridos por el perito informático Alejandro Romano. El especialista necesita acceder al teléfono celular de Mercedes Haro -o a su copia forense- y a una cuenta de correo electrónico desde la cual se habrían intercambiado mensajes con el jefe de recepción del Hotel Panamericano de Bariloche, un dato clave para reconstruir los movimientos vinculados a los viajes y fechas bajo análisis.  El mismo escrito expone las trabas que atraviesa la pericia caligráfica a cargo del perito en documentología Pablo Robles. Según se informó en el expediente, el profesional se constituyó en abril de 2026 en escribanías para relevar y fotografiar registros, pero volvió a reclamar que le entreguen en soporte original la documentación cuestionada. Ante la falta de presentación, la representación de Marta Luna solicitó que se tengan por reconocidas las firmas cuestionadas en aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, o que, en subsidio, se autorice al perito a dictaminar con el material ya relevado y se intime a otros peritos que aún no presentaron sus informes.  La lupa sobre las habilitacionesEl otro frente abierto en noviembre de 2026 apunta directamente a los organismos de control sanitario de la provincia. En los autos principales de la sucesión de Mercedes Haro y Julio Luna, el patrocinio de Marta Luna pidió intimar al director general de Fiscalización Sanitaria y al Departamento de Fiscalización de Servicios de Salud del Siprosa para que respondan un oficio librado el 21 de octubre de 2026. El reclamo exige que se informe el estado habilitatorio actualizado de los inmuebles de calle Marcos Paz 943/951 y 953, en la capital tucumana, y de Salas y Valdez 120, en Yerba Buena, denunciado como sede de Sinatrix S.A.S., bajo apercibimiento de aplicar una multa de un millón de pesos diarios por cada día de demora.  El pedido pone el foco en la Resolución de octubre de 2022, que había fijado el vencimiento de la rehabilitación al 30 de octubre de 2026 y la condicionaba a que no existieran cambios en infraestructura, equipamiento ni recursos humanos. Además, solicita que el organismo sanitario detalle si hubo renovaciones, suspensiones, bajas o modificaciones, y especialmente si se autorizó el cambio de nombre de fantasía a “Marcos Paz Salud”, diferenciando con precisión la identidad societaria, el nombre comercial y la titularidad de la habilitación. Con estos requerimientos, la causa vuelve a cruzar la pelea por el reparto de bienes con una pregunta que intenta responder el juez: quién explotó realmente el sanatorio y bajo qué respaldo legal y sanitario funcionó.