En entrevista con Cada Tarde, el abogado de inmigración y CEO de Benmelegal, Héctor Benítez, explicó que el gobierno de EE. UU. no se pronunció antes del plazo legal del 12 de julio sobre la renovación del TPS 2021 para venezolanos, cuyo vencimiento está fijado para el 10 de septiembre. Según Benítez, la ley exige que la decisión se comunique con 60 días de antelación, y al no hacerlo, se genera automáticamente una extensión de seis meses, llevando el vencimiento a marzo de 2026.
El abogado advirtió que, aunque esta omisión hace ilegal cualquier intento de terminación fuera del plazo, la experiencia con TPS de Honduras y Nicaragua demuestra que el gobierno podría intentar cancelarlo de todos modos, incluso a última hora, otorgando plazos adicionales como “gracia administrativa” mientras dicta la terminación.
Benítez subrayó que tal acción sería jurídicamente cuestionable y podría abrir la puerta a impugnaciones en cortes federales, como ocurrió con Honduras y Nicaragua, cuyos TPS se mantienen vigentes por fallos judiciales. “Es ilegal, pero no descarto que lo hagan”, concluyó.