Después de una larga ruta que tomó años, con cuatro presidentes que suspendieron la Ley Helms-Burton, antes de Trump, al fin un jurado ha fallado a favor de las familias afectadas, ordenándoles pagar $29.8 millones a una familia cubano-americana, así lo explicó Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba y abogado constitucionalista, cuya familia fue de las más afectadas por las expropiaciones del régimen cubano.
En este caso, Cuba expropió ilegalmente las tierras de Cayo Coco, una isla al norte de la costa central de Cuba, propiedad de la familia Echeverría Cuevas Angulo, donde ahora operan al menos tres hoteles turísticos, dos de la cadena Meliá (Zero Star) y uno de Pullman, propiedad de un consorcio francés, explicó Gutiérrez.
El abogado denunció la complicidad de empresas como Expedia, que han comercializado estancias en estos hoteles sin investigar la legitimidad del título de propiedad. “Ni siquiera le preguntaron al gobierno cubano si esas tierras eran suyas”, señaló, destacando que el régimen asume que la revolución justifica la apropiación forzada de bienes privados.
Criticó el papel de hoteleros europeos y canadienses que “han construido sin escrúpulos” sobre terrenos robados, reforzando el modelo de turismo basado el usurpación y silencio.