En un contexto político cargado de escándalos y presuntas tramas de corrupción, la sociedad se pregunta si los partidos políticos pueden realmente ser juzgados penalmente. La falta de transparencia y las lagunas jurídicas agravan la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La sensación de impunidad y privilegios judiciales, especialmente en figuras como el presidente del Gobierno, alimenta el desencanto. Mientras tanto, la justicia penal en España parece caminar a paso lento, sin el impulso necesario para exigir responsabilidades a las organizaciones políticas.
En esta entrevista, Juan Antonio Frago, abogado penalista y exfiscal, aclara cómo funciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas, qué barreras legales impiden avanzar en los procesos contra partidos y por qué la Fiscalía no actúa con contundencia. Un contenido clave para entender los límites y posibilidades del sistema legal español frente a la corrupción.