Durante años, miles de consumidores han enfrentado abusos por parte de empresas de microcréditos que imponen intereses usurarios sin temor a consecuencias reales. A pesar de múltiples demandas, muchas de estas entidades apenas eran castigadas, perpetuando un modelo basado en la vulnerabilidad del cliente.
Este vacío de justicia ha generado frustración, desconfianza en el sistema judicial y una sensación de impotencia en quienes más necesitan protección. El miedo a pleitear y la falta de precedentes claros han contribuido al silencio de muchos afectados.
En esta entrevista, Pilar Hinojosa, responsable del departamento procesal de Legalsha, explica cómo una sentencia histórica ha resucitado una ley de 1908 para imponer, por primera vez, una sanción económica a una empresa de microcréditos. Esta resolución no solo devuelve lo cobrado de más al consumidor, sino que también castiga con una multa actualizada a la empresa infractora, sentando un precedente clave en la lucha contra la usura.