En un pronunciamiento de alto voltaje jurídico e institucional para los tribunales tucumanos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo electoral promovida por la camarista laboral Malvina Seguí y declaró arbitrario el criterio de la conducción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) de habilitar a votar e integrar listas a los funcionarios judiciales ("socios adherentes").La sentencia, firmada digitalmente este jueves 19 de noviembre por las vocales Florencia Presti -quien actuó como preopinante- y Myriam Fajre (en reemplazo de la vocal María Soledad Monteros, en uso de licencia), ordenó de manera taxativa a la entidad confeccionar los padrones electorales computando el plazo de carencia estatutaria de cuatro años recién a partir del 31 de octubre de 2025, momento en que entró en vigencia la reforma del estatuto tras su aprobación estatal y publicación en el Boletín Oficial. De este modo, ningún funcionario reúne la antigüedad legal para sufragar ni postularse en los comicios de renovación de autoridades, y la institución resultó condenada al pago de las costas de ambas instancias.  En su parte resolutiva, el tribunal de Alzada revocó íntegramente el fallo dictado el pasado 10 de noviembre por el juez Raúl Tejerizo y dispuso: "Hacer lugar a la demanda deducida por la actora Malvina Seguí en contra de la demandada Asociación de la Magistratura y la Función Judicial - A.M.T.; en consecuencia se declara arbitrario el criterio adoptado por la accionada de computar el inicio del plazo de cuatro años exigido en el art. 8 del Estatuto para votar y ser elegido respecto de los socios y socias adherentes, desde cualquier momento anterior al 31/10/2025, fecha de entrada en vigencia del Estatuto reformado y se ordena a la accionada, confeccionar los padrones electorales pertinentes conforme a la pauta señalada". Además, las magistradas dejaron constancia de que la contestación de agravios presentada por la defensa de la AMT ingresó el 17 de noviembre a las 22:02, es decir, fuera del plazo perentorio de 24 horas que había vencido a las 18:00 de ese mismo día, resultando procesalmente extemporánea.El control estatal sobre las asociaciones y el análisis de TejerizoEl corazón jurídico de la resolución radicó en desarmar la tesis que había sostenido Tejerizo para rechazar el amparo, quien había concluido que el artículo 5° reformado (que define a los adherentes) desplazaba por especialidad a la cláusula transitoria del artículo 40 (que fijaba la entrada en vigor tras la publicación oficial) y que, por imperio del artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación, la reforma producía plenos efectos internos desde la asamblea de noviembre de 2021. Presti y Fajre demolieron ese razonamiento explicando que una asociación civil es una persona jurídica privada sujeta a autorización y fiscalización permanente del Estado (artículos 169 y 174 del Código Civil y Ley provincial N° 8367), por lo que "no resulta de aplicación a las asociaciones civiles la norma contenida en el art. 157 CCyC según la cual la modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento". Citando la normativa de la Inspección General de Justicia (Resolución 07/2015, adoptada localmente por la Dirección de Personas Jurídicas), el fallo subrayó que las modificaciones estatutarias no entran en vigencia hasta tanto no sean aprobadas por el organismo de contralor.  Las camaristas también refutaron la supuesta colisión normativa invocada en primera instancia. Destacaron que el texto ordenado del estatuto fue deliberado en la asamblea del 5 de noviembre de 2021 y ratificado el 16 de septiembre de 2025 manteniendo intacto el artículo 40, el cual dispone categóricamente que el nuevo estatuto "sustituye en todas sus partes al que regía hasta el presente y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa autorización de la Dirección de Personas Jurídicas". "No puede sostenerse válidamente que los derechos políticos de determinados socios y socias comiencen su existencia previamente a la aprobación de la propia incorporación de dichos socios y socias a la institución", sentenciaron las juezas, y agregaron: "Difícilmente pueda hablarse de 'permanencia' en la asociación si primero no se autorizó la 'incorporación' del socio o socia a la institución".  Asimismo, el tribunal realizó un minucioso repaso del legajo administrativo remitido por la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) para demostrar que la reforma de 2021 jamás tuvo eficacia inmediata: entre 2021 y 2024 el organismo de control formuló severas observaciones formales y advirtió que la entidad tenía mandatos vencidos desde abril de 2020 y carecía de autoridades reconocidas, debiendo dictar la Resolución N° 340/2024 para normalizarla. En esa línea, las vocales reprocharon que Tejerizo omitiera valorar el dictamen técnico de la Asesoría Letrada de la DPJ que certificó que la reforma recién entró en vigencia el 31 de octubre de 2025, y desestimaron que los hechos consumados por la directiva -como cobrar cuotas o permitir intervenciones en asambleas previas- pudieran subsanar la falta de aprobación estatal: "Equivaldría a decir que el acto de control podría ser subsanado por la misma organización controlada, lo cual carece de todo sentido lógico y jurídico".Las juezas aclararon que este fallo no desconoce la pertenencia ni los aportes de los funcionarios, sino que armoniza sus derechos futuros con los derechos políticos de los socios fundadores para que el cuerpo electoral no sea alterado fuera de la ley.  La batalla procesal y el frente contable que cercan a la directivaLa sentencia de Cámara se da tras una intensa batalla judicial iniciada el 14 de octubre por Seguí -vocal de la Cámara del Trabajo de Concepción y candidata a presidenta, patrocinada por Eduardo Eugenio Racedo-, quien denunció que la directiva presidida por la camarista civil Marcela Ruiz pretendía incorporar al padrón a cerca de 50 funcionarios adherentes, alterando en más de un 20% el universo regular de unos 200 magistrados. El trámite atravesó momentos de máxima fricción institucional: tras la inhibición inicial de Tejerizo por ser socio activo y la oleada de excusaciones en la Alzada, el camarista Benjamín Moisá asumió una presidencia subrogante para rechazar apartamientos al advertir que los fallos afectados por el temor o la complacencia hacen crujir los cimientos de la República.Luego de que Tejerizo denegara una primera cautelar el 21 de octubre y fuera recusado por temor de parcialidad, Presti y Monteros suspendieron preventivamente las elecciones fijadas para el 3 de diciembre el 29 de octubre (Sentencia N° 632), freno que volvió a activarse el 12 de noviembre por el efecto suspensivo concedido tras el fracaso de una audiencia de conciliación y el fallo adverso de primera instancia.Este revés sobre el padrón electoral se acopla a la delicada situación que enfrenta la cúpula de la AMT en el plano contable y administrativo. En el Juzgado Civil de la XI° Nominación tramita la demanda por nulidad de asamblea promovida en julio por la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iacono, quien impugnó la aprobación a "libro cerrado" del balance 2025 en la reunión del 23 de abril. En ese expediente -donde la asociación recusó sin causa al primer juez, Pedro Yane Mana-, la jueza Inés Yamuss ejecutó el 13 de octubre una inspección ocular en la sede asociativa en la que constató un libro de Bancos completamente en blanco desde mayo de 2017, planillas de contabilidad informales en Excel con agregados manuscritos, facturas de prepagas (OSDE y Swiss Medical) a nombre de la entidad con listados de personas físicas anexadas y comprobantes sueltos como un recibo sin membrete por $6 millones bajo el rótulo de comida. Días más tarde, el 27 de octubre, Yamúss se presentó nuevamente la sede del primer piso de Tribunales conminando a las autoridades y a sus contadores bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal), obligándolos a entregar compulsivamente en una audiencia filmada por Zoom los extractos bancarios del Banco Macro correspondientes a todo 2025. Aquella medida motivó que la AMT recusara con causa a la jueza denunciando un supuesto anticipo de criterio por WhatsApp por parte de una funcionaria, planteo que Yamúss rechazó citando el principio de no contradicción de Aristóteles y que ahora aguarda definición de la Sala V integrada por Laura David, Álvaro Zamorano y la propia Fajre.A ese cuadro probatorio se sumaron las reiteradas intimaciones extrajudiciales del juez penal Gonzalo Ortega sobre el ejercicio 2024 -exigiendo explicaciones por erogaciones de $22,7 millones en comestibles y cafetería, transferencias millonarias a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y el manejo de fondos durante los años de acefalía constatados por Personas Jurídicas-.Ante la negativa de la conducción a mostrar los papeles alegando que no existe la figura del asociado por el pasado, Ortega retiró formalmente su pedido de reafiliación denunciando que le trabaron el reingreso para evitar auditorías, respaldó públicamente a Seguí y a Iacono y sentenció que le generaba "vergüenza ajena" la resistencia a transparentar los números de la corporación judicial.Pese a que Marcela Ruiz intentó minimizar la crisis en una entrevista televisiva calificándola de "bochornosa" pero atribuyéndola a una interna electoral destinada a debilitar a la magistratura, el fallo dictado por Presti y Fajre representa un punto de inflexión institucional. Con la obligación judicial de depurar los padrones y excluir a los socios adherentes que recién cumplirán los cuatro años de carencia en octubre de 2029, la conducción de la AMT deberá ahora reprogramar el cronograma electoral respetando los plazos estatutarios, mientras la mirada de todo el Poder Judicial permanece puesta sobre la definición de las causas contables que mantienen bajo sospecha la administración de la entidad. Todo esto si antes no deciden ir a la Corte para que se revise el fallo de la Cámara.