Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 8 de febrero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de: Bigmond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto: económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar. Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy viernes 8 de febrero en menos de un minuto: 1. El ministro del Interior Juan José Santiváñez ha presentado una denuncia administrativa contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza pidiendo que sea sancionada por supuestamente violar su derecho a la intimidad. 2. La Fiscal de la Nación ha denunciado constitucionalmente al ex congresista César Combina, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras identificar un desbalance patrimonial de la época en la que estuvo el parlamento. 3. El congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó un proyecto de ley para eliminar seis días feriados a nivel nacional. 4. El canciller Elmer Schialer confirma que 308 peruanos cuentan ya con orden de deportación en Estados Unidos y otros 340 están a la espera de este documento para ser deportados a nuestro país. 5. El Jurado Nacional de Elecciones anunció oficialmente la distribución de escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados para las elecciones del 2026. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias, aquí la primera. El ministro del Interior Juan José Santiváñez ha presentado ante la Junta Nacional de Justicia una denuncia administrativa contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza. Alega Santiváñez que Espinoza ha cometido infracciones graves y muy graves en el proceso que se le sigue por presunto abuso de autoridad, al pedirle que revele la contraseña de su cuenta de iCloud y hacer público que se le estaba pidiendo esto. Según Santiváñez, esto configura una violación de su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Recordemos que este caso surge de los audios que se revelaron de una conversación que supuestamente tuvo Santiváñez con el capitán de la policía Junior Izquierdo, alias Culebra, en los que se podría haber evidenciado la comisión de delitos. La fiscalía le pidió por tanto su teléfono a Santiváñez para usarlo como prueba pero lo que hizo el ministro del Interior fue “resetear” el equipo, es decir, entregarles un teléfono al que se le había borrado toda la información, lo que algunos podrían alegar que podría tratarse de un acto de obstrucción a la justicia. Pero, en fin, la fiscalía le pide el acceso a la cuenta de iCloud para ver si allí puede recuperar la información, y es esto lo que termina motivando esta denuncia administrativa por supuesta violación al derecho a la intimidad. Creo que, fiel a su estilo litigioso de atarantar con acciones legales a quienes tiene enfrente, Santiváñez está buscando aquí frenar de cualquier forma que tenga a la mano que la fiscalía siga hurgando en cualquier cosa que pudiera confirmar la comisión de delitos. Pero, tratándose de una autoridad política con serias denuncias en su contra, que además está actuando visiblemente con intención de obstruir a la justicia, yo diría que se justifica plenamente que la fiscalía pida que se le obligue a revelar información que podría ser determinante para el esclarecimiento de aquello por lo que se le investiga, así que ciertamente no correspondería, a mi criterio, que la Junta Nacional de Justicia le dé la razón o decida sancionar a la fiscal de la Nación. Recuerden que no sería necesario llegar a estos extremos si los funcionarios del actual gobierno como Santiváñez o la propia Dina Boluarte colaboraran voluntariamente con la justicia, pero han dejado muy en claro que no quieren hacerlo. Segunda La Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente al ex congresista de Alianza para el Progreso César Combina, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras identificar un desbalance patrimonial de la época en la que estuvo en el parlamento, concretamente los años 2020 y 2021. Según la fiscalía, en cuestión de poco más de un año Combina habría incrementado su patrimonio en cerca de 470 mil soles y se detectaron abonos por casi 950 mil soles en sus cuentas bancarias que serían de procedencia desconocida para los fiscales. Esto los lleva a imputarle el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. El comunicado que ha sacado la fiscalía no abunda en detalles, pero da a entender que esas cifras no se condicen con lo que Combina percibía en esa época como congresista y que, por tanto, queda en la capacidad de él el poder sustentar la fuente lícita que pudieron tener. Combina ha respondido en su cuenta de X diciendo que la pericia contable de la fiscalía “tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista”, que siempre manejó recursos propios, de su familia y de su empresa y que la fiscalía está cometiendo un abuso en su contra. Cabe recordar que en los casos de funcionarios públicos, si estos exhiben un desbalance patrimonial que no se condice con sus ingresos oficiales, son ellos mismos los que tienen la carga de la prueba de demostrar que lo adicional tiene fuente lícita, y además, están obligados a reportarlo y transparentarlo para que no hayan sospecha de que están recibiendo ingresos indebidos. Tercera El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley para eliminar seis días feriados a nivel nacional y pasar a tener solo 10 días de descanso remunerado para los estudiantes y trabajadores del sector privado y público. Lo que plantea la iniciativa es que un grupo de seis feriados pasen a ser fechas conmemorativas y laborables para fortalecer la productividad y que, como ha declarado el parlamentario en una entrevista en RPP, se celebre trabajando. Las seis fechas que el congresista Wilson Soto plantea que dejen de ser feriados incluye los cuatro días no laborables creados por el Congreso en los últimos años. Estos son el 7 de junio, por la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, el 23 de julio, el día de la Fuerza Aérea del Perú, el 6 de agosto por la Batalla de Junín y el 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho. Los otros dos días que dejarían de ser feriados, si prospera esta iniciativa en el Parlamento, son el Día de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, y el 8 de octubre, el Combate de Angamos. Esta propuesta excede lo que había planteado la Asociación de Exportadores (ADEX), gremio que exhortó al Congreso a eliminar los cuatro días de descanso remunerado que se crearon recientemente, pues consideraban que cuando se interrumpe la producción, las cadenas de suministro se retrasan y se corre el riesgo de que las empresas que exportan incumplan sus compromisos comerciales, afectando su capacidad de competir con compañías de otros países con menos feriados. ¿Qué probabilidades hay de que este proyecto se convierta en ley? Es díficil imaginar que los mismos parlamentarios que se vanaglorian de haber declarado más días feriados corrijan el rumbo y decidan recortar el número de días libres para los trabajadores. Sin embargo, las cifras no mienten. Según el Banco Central de Reserva del Perú, cada feriado implica una pérdida del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, que cada uno de estos días le cuesta a la economía el equivalente a aproximadamente S/ 1.400 millones, recursos que, claramente, una economía en desarrollo como la peruana no puede darse el lujo de perder. Cuarta El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, confirmó ayer, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que 308 peruanos se encuentran con orden de deportación en Estados Unidos, mientras que otros 340 están a la espera de este documento para ser deportados a nuestro país. Schialer explicó que el gobierno peruano ha solicitado a las autoridades estadounidenses que el proceso de deportación de los ciudadanos peruano se realice, en sus palabras, "de la manera más rápida, segura y expedita posible". Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, el canciller señaló que un vuelo de repatriación de 141 peruanos con situación migratoria irregular debía llegar a nuestro país ayer jueves 6. Días antes, el 1 de febrero, el gobierno peruano atendió la llegada de un primer vuelo con 34 compatriotas deportados desde Estados Unidos. De acuerdo con Schialer, en el país ahora gobernado por Donald Trump viven poco más de 1 millón 65 mil peruanos. De ellos, se calcula que algo más de 300 mil, es decir, aproximadamente el 30%, permanecen en situación de migración irregular. Preguntado acerca de cuántos peruanos habían sido intervenidos en las redadas contra migrantes en situación irregular que viene llevando a cabo el gobierno estadounidense, el canciller explicó que no se cuenta con una cifra exacta. Sí señaló que entre el año 2020 y enero de este 2025 han sido intervenidos en la frontera entre México y Estados Unidos poco más de 162 mil ciudadanos peruanos. El canciller indicó también que luego de que en el año 2022 se firmara un acuerdo entre el Perú y Estados Unidos, se ha llevado a cabo la repatriación de más de 12 mil ciudadanos a nuestro país. Quinta El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la distribución de escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados para las elecciones del 2026. Como ustedes saben, los próximos comicios marcaran el regreso del Senado en nuestro país después de que esta cámara fuera eliminada por Alberto Fujimori en los 90s. Esto quiere decir que en el 2026 serán elegidos un total de 190 legisladores: 130 diputados y 60 senadores. En cuanto a la Cámara de Diputados, lo que hoy conocemos como el Congreso, el único cambio con respecto a la última elección es que la circunscripción electoral de Lima Metropolitana perderá un escaño y Madre de Dios ganará un escaño. Lima Metropolitana ahora tendrá 32 diputados y Madre de Dios, 2. Todas las otras circunscripciones electorales mantendrán el número de diputados que tuvieron durante el período 2021-2026. Por otro lado, en el nuevo Senado se le otorgará un escaño a cada una de las 27 circunscripciones electorales con la excepción de Lima Metropolitana, a la cual se le asignaran directamente 4 escaños. Los otros 30 senadores serán elegidos con el voto de todos los peruanos considerando todo el país como un distrito electoral único nacional. Esta información nos recuerda que falta poco más de un año para las próximas elecciones generales del 2026 que se celebraran el domingo 12 de abril, en las que elegiremos a los próximos integrantes del Legislativo, del Parlamento Andino y al nuevo presidente del Perú. Hasta aquí las noticias de hoy, pero vinculado a esto último que les estoy contando, le pedí a la destacada abogada constitucionalista y politóloga Milagros Campos, que nos comente qué es lo que ha cambiando en cuanto al financiamiento de la campaña electoral, ahora que hemos estado hablando sobre el permiso que de ha otorgado, o reconocido diría yo, a que las personas jurídicas con fines de lucro, es decir, las empresas, puedan volver a aportar, de manera transparente por cierto, a las campañas. Esto fue lo que me resumió Milagros: Muchas gracias a Milagros Campos por su valioso comentario esta mañana. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores Bigmond Group, y a nuestros suscriptores, que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, y ya nos escuchamos pronto.