En medio de escenarios de violencia callejera y enfrentamientos con la policía en California por las protestas contra la política migratoria del presidente Trump, se reaviva el debate sobre los límites constitucionales del uso de fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense.
Al respecto, el abogado constitucionalista Rick Diaz analizó en Cada Tarde la legalidad del uso de recursos legales como la Insurrection Act de 1807 y la ley Posse Comitatus de 1878, ante el despliegue de tropas y unidades de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, bajo el mandato del presidente Trump.
“La ley Posse Comitatus no permite que el gobierno federal actúe como fuerza de policía para tareas diarias en nuestras calles. Pero la Insurrection Act de 1807 sí permite que el presidente, ante una insurrección —que en términos legales puede ser una invasión o una situación de descontrol— invoque una especie de ley marcial.”
Según explicó el jurista, la Insurrection Act faculta al presidente para movilizar fuerzas federales —incluyendo la Guardia Nacional, marines o cualquier rama militar— cuando el orden público ha colapsado, con el objetivo de restaurar la paz. Aunque la ley Posse Comitatus limita la participación de militares en tareas policiales, la Insurrection Act funciona como una excepción en circunstancias graves.
Diaz informó que “hay 2,000 tropas ya activadas, y creo que hoy se van a activar otras 2,000 más, aseguró”. En su criterio, la Guardia Nacional tiene cerca de medio millón de efectivos. Aquí lo que sobra son agentes, tropas, militares… lo que usted quiera llamarles.”
El analista subrayó ademas que, frente a situaciones como saqueos, incendios de edificios y ataques contra vehículos policiales, Trump estaba determinado a no permitir que la violencia escalara sin control.