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Una decisión judicial en Estados Unidos ha abierto un debate que preocupa a abogados, empresas y profesionales del derecho: ¿qué ocurre con la confidencialidad cuando se utiliza inteligencia artificial para preparar una estrategia legal? Cada vez más usuarios recurren a chatbots para analizar casos, redactar documentos o explorar posibles defensas, pero la protección jurídica de esas conversaciones no está garantizada.
La situación genera inquietud porque muchas personas pueden asumir que hablar con una inteligencia artificial es similar a consultar a un abogado. Sin embargo, la confidencialidad abogado-cliente es una garantía jurídica muy concreta que depende de una relación profesional específica. Cuando esa conversación ocurre con un modelo de inteligencia artificial gestionado por una empresa tecnológica, entran en juego otros factores como los términos de uso de la plataforma, la posible entrega de información a las autoridades o el uso de los datos dentro de una investigación judicial.
En este editorial, Lara Novis analiza el caso de un juez federal en Nueva York que ha rechazado aplicar el privilegio abogado-cliente a documentos generados a partir de conversaciones con una IA. La experta explica las diferencias entre confidencialidad jurídica y confidencialidad tecnológica, los riesgos de introducir información sensible en sistemas de inteligencia artificial y cómo podría abordarse este debate en Europa bajo el RGPD y el futuro reglamento de inteligencia artificial.