Palomares explicó que Maduro enfrenta acusaciones por narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de oro y conspiración terrorista, en un caso sin precedentes en la historia judicial estadounidense, debido a que combinaba la conducción de un Estado con la dirección de un cartel de drogas. Comparó el caso con líderes de carteles como Pablo Escobar, Carlos Ledher, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Manuel Noriega, señalando que ninguno tuvo simultáneamente el control de un país y la magnitud de operaciones ilícitas que se le atribuye a Maduro, incluyendo el tráfico de cerca de 400 toneladas de cocaína anuales hacia Estados Unidos.
El abogado destacó que algunos cargos, como la posesión de armas y explosivos, se enfocan dentro del esquema de conspiración para tráfico de drogas, mientras que los cargos de narcotráfico y terrorismo sí tienen jurisdicción en EE. UU., dado que los delitos afectan directamente al país. Además, testimonios de antiguos cómplices de Maduro, como Clíver Alcalá y Hugo “el Pollo” Carvajal, podrían respaldar estas acusaciones.
Durante la audiencia más reciente, Maduro se declaró inocente e intentó llevarse el pliego acusatorio para estudiarlo, un gesto que Palomares calificó como irrelevante jurídicamente, ya que el arresto y procesamiento se llevan a cabo bajo la jurisdicción estadounidense, donde las reglas de procedimiento y evidencia se aplican estrictamente.
Palomares también explicó que mañana se llevará a cabo una reunión a puertas cerradas entre altos funcionarios estadounidenses —Marco Rubio, Pete Edson y John Ratcliffe— con un grupo de congresistas, para revisar información clasificada sobre los próximos pasos de la operación en Venezuela. Esta información, señaló, no puede filtrarse para proteger la vida de fuentes y agentes infiltrados en el país y garantizar la seguridad de futuros métodos operativos.
Finalmente, el abogado subrayó que la operación estadounidense sigue activa y en varias fases, con el objetivo de garantizar una transición política ordenada en Venezuela y asegurar que los responsables de delitos internacionales vinculados al régimen enfrenten la justicia. Además, Palomares enfatizó que las restricciones financieras y legales sobre figuras vinculadas al chavismo buscan evitar el lavado de dinero y garantizar que los fondos para procesos judiciales provengan de fuentes legítimas y autorizadas, cumpliendo con las listas de sanciones internacionales (OFAC).