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Exclusivas de La Gaceta
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió ayer el paro de 24 horas que había anunciado para hoy en Tucumán y en otras provincias del interior del país. La medida de fuerza había sido convocada en reclamo de un aumento salarial para los choferes y de una recomposición que permita equiparar sus ingresos con los de los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión llegó luego de que la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) se comprometiera a realizar gestiones ante provincias y municipios para avanzar en una propuesta que destrabe la negociación.La novedad se conoció después de una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, en la que participaron representantes de la UTA y de la Fatap. Durante el encuentro, los empresarios informaron que habían convocado a las distintas jurisdicciones provinciales y municipales para realizar los “mayores esfuerzos” y obtener una respuesta la próxima semana al requerimiento salarial planteado por el gremio.Ante ese compromiso, la organización sindical resolvió dejar “en suspenso” las medidas anunciadas, según consta en el acta oficial de la reunión. La UTA aclaró que la decisión se tomó “al solo efecto conciliatorio y para alcanzar un acuerdo salarial”. A partir de la respuesta que presente la Fatap, el gremio evaluará la situación y definirá los pasos a seguir.La próxima audiencia quedó fijada para el jueves 20 de agosto, a las 12, en la sede del Ministerio de Capital Humano.El reclamoEl conflicto quedó planteado luego del fracaso de las negociaciones salariales entre la UTA y la representación empresaria. En Tucumán, el secretario general del gremio, César González, explicó que el reclamo de los trabajadores estaba vinculado con la necesidad de obtener “el mismo incremento salarial que se acordó en el AMBA”. En ese distrito, un chofer que recibe el incremento acordado alcanza un salario inicial cercano a los $2,3 millones.González señaló, además, que existían alternativas para evitar la medida de fuerza. Entre ellas mencionó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los empresarios y la intervención de la Secretaría de Trabajo. “Estamos en conversaciones para ver si acá se puede solucionar el problema”, expresó, y remarcó que si está “en el ánimo” de los empresarios, “no se llevará a cabo la medida”.Desde el sector empresario, Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), planteó las dificultades que atraviesan las empresas para afrontar el incremento salarial. El empresario marcó las diferencias entre el esquema de financiamiento del transporte del AMBA y el del interior. Según explicó, las compañías del área metropolitana cuentan con “subsidios importantes”, mientras que las empresas del interior afrontan una realidad financiera diferente.“Hay una clara desprotección y beneficios al AMBA por parte del Gobierno nacional”, afirmó. Y explicó que existe un tributo sobre el combustible que, según su planteo, originalmente fue creado para compensar al transporte del interior: “En el litro de gasoil se cobra una tasa de impuesto denominada ITC que se aplicó en su momento para compensar al transporte del interior del país, se sigue cobrando y se centraliza en el AMBA”.Para el empresario, la redistribución de esos fondos podría ser una alternativa para mejorar la situación del transporte del interior. “Es la única salida que veo, pero la situación es complicada”, sostuvo. En ese marco, valoró los días que se abrieron a partir de la suspensión del paro: “Vamos a aprovechar estos días que nos da el acta firmada por Fatap y UTA para gestionar y encontrar soluciones”.Críticas del gobiernoAntes de que se conociera la suspensión del paro, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, cuestionaron la decisión de la UTA y reclamaron que el conflicto se resolviera mediante el diálogo.Chahla remarcó que el municipio viene realizando los aportes acordados para sostener el transporte y pidió que se garantice la prestación del servicio. “Creemos que deben cumplir porque es esencial para la gente que va a la escuela, para la que va al trabajo y porque necesitamos el transporte”, afirmó.La intendenta también cuestionó la reiteración de las medidas de fuerza. “No podemos estar cada 30 o 40 días teniendo un paro de colectivos”. En ese sentido, insistió en que las diferencias deben resolverse mediante conversaciones: “Si no hay diálogo, si de repente hacemos un paro, no es la manera de consensuar o de llegar a un acuerdo”.Jaldo, por su parte, reconoció que el derecho a huelga está contemplado por la Constitución, aunque sostuvo que quienes impulsan una medida de fuerza también deben asumir las consecuencias: “El paro es constitucional, es legal. O sea, quien toma una medida de este tipo tiene que asumir la responsabilidad y, por qué no decirlo, asumir las consecuencias”.El gobernador también destacó el esfuerzo económico que realizan la Provincia, la Capital y otros municipios para sostener el sistema de transporte y explicó que los aportes permiten sostener los salarios de más de 3.500 trabajadores y garantizar un servicio utilizado diariamente por unos 600.000 pasajeros.“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un paro”, afirmó el gobernador.