Subscribe
Share
Share
Embed
Somos un medio de comunicación digital peruano e independiente.
Buscamos informar con rigor y neutralidad con el propósito de elevar la calidad del debate público, combatir la polarización y generar espacios de consenso en la sociedad peruana.
- El podcast de noticias de Augusto Townsend: de lunes a viernes
- Escena Internacional con Farid Kahhat: martes, jueves y sábado
- El podcast económico de Ale Costa: lunes, miércoles y viernes
Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 22 de enero del 2025.
El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.
Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar.
Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy miércoles 22 de enero en menos de un minuto:
1. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar para ejercer cargos públicos a Martín Vizcarra y sus exministros por la disolución del Congreso en el 2019
2. El ministro del Interior Juan José Santiváñez anuncio la detención de 4 personas relacionadas con el atentado en Trujillo.
3. El Poder Judicial declaró nula prisión preventiva de 18 meses contra Vladimir Cerrón por caso Antalsis, que involucra también a Martín Belaunde Lossio.
4. Petroperú cerró el 2024 con pérdidas por US$ 968 millones, pero su directorio dice que no espera pedir un nuevo rescate financiero este año.
5. La decisión del gobierno entrante de Donald Trump en Estados Unidos de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha generado rechazo de al menos 18 estados.
Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias, aquí la primera:
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, en mayoría, el informe final que recomienda inhabilitar para ejercer cargos públicos al ex presidente Martín Vizcarra y a sus exministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, por la disolución del Congreso en el 2019.
El informe fue sustentado por Héctor Ventura de Fuerza Popular y fue aprobado con 16 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Este documento los acusa de una infracción a la Constitución y recomienda inhabilitar por 10 años a Vizcarra y por 5 años a del Solar y Zeballos.
El informe final ahora pasará a las manos de la Comisión Permanente del Congreso que decidirá si lo ratifica o archiva. De superar esa instancia, el caso será debatido en el pleno del Parlamento, que reiniciará sus actividades legislativas en marzo.
El expremier Salvador del Solar difundió un comunicado en sus redes sociales del estudio de su abogado Luciano López, que rechaza el informe. El documento afirma que “es una decisión discriminatoria, que ignora lo dispuesto por la Constitución, se aparta de los precedentes establecidos por el propio Parlamento, basa su única acusación en una evidente mentira y deja en claro que la única motivación detrás de este proceso ha sido descalificar a potenciales adversarios políticos”.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos se pronunció sobre el tema en su cuenta de X y dijo que el informe aprobado por la Subcomisión tiene varios problemas. El más evidente es que este “parte de una premisa falsa: que la disolución del Congreso del 2019 fue contraria a la Constitución”. Campos explica que la premisa es falsa porque el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, concluyó en una sentencia del 2020 que la disolución del 2019 sí fue compatible con la Constitución, es decir, no fue inconstitucional.
Yo suelo citar a Heber, a quien aprecio como constitucionalista, pero en este tema yo tengo una visión algo distinta. Está en lo correcto Heber cuando dice que la discusión sobre si fue constitucional o no la disolución del Congreso hecha por Vizcarra, ya la zanjó legalmente el Tribunal Constitucional al emitir en su momento una sentencia que concluyó que no lo fue. Mal que le pese a cualquiera, el TC es la máxima autoridad en el país para interpretar la Constitución y lo que dice este es última palabra sobre el tema. De manera que el Congreso no debería poder sancionar políticamente a alguien atribuyéndole una inconstitucionalidad a un hecho que el propio TC ha dicho que no ocurre. Sería, en la práctica, como si el Congreso estuviera negando la autoridad del TC como máximo intérprete de la Constitución, en cuyo caso sería más bien el propio Congreso el que estaría cometiendo una infracción a esta.
Todo esto sirve de sustento legal, entre otras cosas pero esto es lo principal, de la defensa de los implicados en este caso y, por tanto, estas inhabilitaciones no se ajustan a derecho.
Dicho esto, si bien yo creo que el TC tiene la última palabra sobre estos temas, y que hay que respetar lo que falle, eso no significa que uno como ciudadano esté necesariamente de acuerdo con los criterios o el sentido de una sentencia del TC. Yo no estoy de acuerdo específicamente con la sentencia que concluyó que el cierre del Congreso fue constitucional, para mí la posición de que no lo fue tiene argumentos atendibles, que les he explicado en podcasts pasados. Pero el estado de derecho implica que, aun cuando uno esté en desacuerdo con una sentencia, la tiene que respetar, y en todo caso el problema para corregir el problema de fondo es cambiar la legislación siguiendo los conductos formales para ello.
Yo creo que sí se justificó, por ejemplo, que luego el Congreso acotara la figura de la cuestión de confianza para dejar claro que no aplica a asuntos que no son competencia del Poder Ejecutivo, pero aquí también hay constitucionalistas que opinan distinto. Como siempre les digo, las sentencias se cumplen, pero también se discuten y se critican si fuera el caso.
Volviendo al caso, vale recordar que el Congreso ya le ha impuesto al expresidente Vizcarra dos inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. La primera fue aprobada en el 2021 por un período de 10 años por el conocido “VacunaGate” y la segunda, en el 2022 y por 5 años por presuntos vínculos con empresas privadas cuando era ministro de Transportes de PPK. Distinto a lo que les acabo de argumentar sobre la inhabilitación que acaba de aprobar la subcomisión de acusaciones constitucionales, las anteriores aplicadas a Vizcarra, sobre todo la primera, la de haber engañado a la población con el tema de las vacunas, sí me parece que se justifica por la gravedad de los hechos. Pero como todo, esto también es discutible.
Dicho sea de paso, sobre Vizcarra, más que las inhabilitaciones políticas que pueda aprobar el Congreso, lo que me parece más relevante es que avancen los procesos penales en su contra, que se basan en evidencia bastante contundente. Y dicho sea de paso también, es bien curioso que, con lo anti vizcarristas que son algunas fuerzas políticas en el Congreso, no hayan pensado -o no les haya importado- que las normas que han aprobado para favorecer la impunidad, hayan terminado siendo beneficiosas también para Vizcarra.
Segunda
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro personas relacionadas con el ataque con explosivos ocurrido la madrugada del lunes contra la sede del Ministerio Público en Trujillo.
Según Santiváñez, dos de las personas detenidas habrían conducido los vehículos y transportado la dinamita colocada frente al edificio, mientras que las otras dos habrían sido responsables de suministrar los explosivos y armamento.
De acuerdo con el ministro, estas dos últimas personas, un ciudadano de origen venezolano y su pareja, se dedican a proveer de materiales explosivos a organizaciones criminales que operan en la ciudad de Trujillo, lo que los convierte en piezas clave dentro de estas redes ilícitas.
Santiváñez, al comparecer ante los medios, explicó que las detenciones son fruto de una labor articulada entre la unidad de secuestros, Dinincri, Digimin, el grupo Greco, Gorex y Terna. El titular de Interior calificó las detenciones como muestra de “golpes certeros” que su cartera viene asestando contra la delincuencia y el crimen organizado.
En inglés se utiliza la expresión “save face” que no tiene una traducción precisa, quizá salvar tu imagen, pero que se refiere a cuando alguien hace lo posible eludir una culpa o evitar una humillación. Eso es lo que viene haciendo Santiváñez desde hace tiempo. Como buen abogado -o quizá debería decir, como mal abogado- viene tratando de enredar o atarantar a la opinión pública para que no se haga la conexión entre lo que está pasando con la criminalidad y sus responsabilidades al mando del Ministerio del Interior, pintando una realidad que no es tal.
Dicho sea de paso, veo esta mañana una nota en La República que muestra que en La Rinconada, en Puno, que es tierra de nadie donde la minería ilegal opera con total impunidad, acaban de encontrar varios cuerpos en botadero cercano a un socavón. Salvando las distancias, me hace acordar cuando conocí años atrás a una refugiada norcoreana y me contó que en su experiencia antes de fugar del país le era “normal” caminar por las calles y toparse con cadáveres que estaban allí tirados y nadie hacía nada. Estas noticias vinculadas a la minería ilegal en las que se menciona que encuentras cuerpos en socavones o botaderos como si nada, habla pues de una degradación que, como sociedad, no debemos permitir.
Al final del podcast tenemos a un invitado especial hablando sobre el tema de la minería ilegal y la inseguridad, no se lo pierdan.
Tercera
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que ordenaba 18 meses de prisión preventiva contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco de las investigaciones del llamado caso Antalsis.
En diciembre pasado, el juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, revocó el mandato de comparecencia con restricciones que pesaba sobre Cerrón en este caso y ordenó la prisión preventiva al determinar que el exgobernador de Junín había incumplido las reglas de conducta que se le impusieron. Por ejemplo, no ausentarse de su domicilio.
Sin embargo, la sala de apelaciones concluyó que la decisión de primera instancia, emitida por el juez Chávez Tamariz, vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y carece de justificación suficiente respecto a la proporcionalidad de la medida impuesta.
La sala de apelaciones además rechazó cambiar la comparecencia con restricciones por comparecencia simple, lo que había sido solicitado por la defensa de Cerrón. Ahora, según lo ordenado por la sala de apelaciones, otro juez de investigación preparatoria deberá emitir una nueva resolución de acuerdo con la ley.
En este caso, el prófugo Cerrón es investigado por el presunto delito de colusión agravada. De acuerdo con la tesis fiscal, el líder de Perú Libre formaba parte de una organización criminal encabezada por Martín Belaunde Lossio, responsable de defraudar al Estado con más de 26 millones de soles.
La Fiscalía sostiene que, durante su gestión como gobernador de Junín entre 2011 y 2014, Cerrón facilitó contrataciones irregulares para obras públicas mediante un convenio con la empresa SIMA, la cual subcontrató a Antalsis, la empresa privada involucrada en el fraude.
Cuarta
Durante el 2024, la empresa petrolera estatal Petroperú habría acumulado pérdidas que suman US$ 968 millones, pese a la multimillonaria ayuda financiera que recibió del gobierno con dinero de todos los peruanos el año pasado.
De acuerdo con la presentación del presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el capital de trabajo de la petrolera el año pasado fue negativo. ¿Qué significa esto? Pues que las deudas y obligaciones que tiene que asumir en el corto plazo –los pasivos corrientes – de la empresa superaron los recursos que puede convertir en dinero en el corto plazo –sus activos corrientes– en US$ 2.000 millones, creando problemas para que pague sus obligaciones.
A pesar de este pésimo resultado, que sería insostenible en una empresa privada, Narváez afirmó que la empresa no está quebrada pues, pese a sus pérdidas, tiene un patrimonio neto positivo, es decir, que el valor total de sus activos, de sus recursos, en el corto y largo plazo, supera sus obligaciones en el corto y largo plazo.
Narváez explicó que la Nueva Refinería de Talara ya está operando al 100%, pero el Oleoducto Nor Peruano sigue arrojando pérdidas, lo cual, y lo cito textualmente, “tiene un impacto muy fuerte en los resultados financieros de Petroperú” y consideró que “alguien debe asumir” los gastos de mantenimiento del ducto.
Sin embargo, si vemos el detalle de los montos, encontraremos que costo del mantenimiento del Oleoducto Nor Peruano por sí solo no puede explicar las pérdidas por US$ 968 millones, dado que en el 2024, el costo de mantener este ducto fue de S/ 123 millones.
¿Qué se puede esperar para el 2025? El presidente de Petroperú afirmó que confían en cerrar en azul sus cifras este año, alcanzando una utilidad neta de US$ 185 millones y también prevén incrementar su participación en el mercado de combustibles de 25% a 38%. Sin embargo, siguen calculando que cerrarán el año con un capital de trabajo negativo de US$ 645 millones, es decir, que seguirán teniendo problemas para asumir sus deudas.
Pese a ello, Narvaéz afirmó que no cree que vayan a solicitar una nueva inyección de recursos por parte del Estado peruano y dijo que una comisión de la empresa está encargada de la reestructuración de la petrolera, lo cual genera el temor de que se pierda el sentido de urgencia que motivaba al directorio anterior que, recordemos, renunció en setiembre del 2024 debido a la falta voluntad por parte del gobierno para asegurar la sostenibilidad financiera de la petrolera y contratar a una consultora privada que gestione a Petroperú sin criterios políticos.
Dicho sea de paso, veo que la OEFA, el regulador ambiental, acaba de multar con 36 UIT a Petroperú por el derrame de petroleo de hace algunas semanas en Talara. 36 UIT, es decir, menos de 200 mil soles, me parece una multa irrisoria para lo ocurrido. Y aquí debo decir que coincido con el punto que han estado levantado algunas personas sobre la incongruencia con la cual se han tratado los casos del derrame de Repsol y el de Petroperú. La condición de estatal de una empresa, ni siquiera es que debería resultar irrelevante sino que hasta debería llevar a que juzguemos con mayor dureza a una compañía responsable de un desastre natural, porque está destruyendo el ambiente con dinero de los contribuyentes. Y claro, da la casualidad de que esa empresa estatal está prácticamente quebrada, pero esto también debería ser irrelevante para que le apliquen las sanciones que corresponda. Preciso aquí que no estoy diciendo que se deba tratar a Repsol o cualquier otra empresa privada con mayor lenidad, sino al revés, que no se pase por agua tibia los daños ambientales que ocasiones cualquier empresa, con mayor razón si es estatal.
Quinta
De los múltiples decretos u órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump en su primer día como presidente en su segundo mandato, varios han generado controversial pero uno en particular que cabe mencionar es que el restringe el derecho a poder reivindicar la ciudadanía estadounidense para las personas que hayan nacido en ese país pero cuyos padres sean inmigrantes indocumentados o temporales. Veo esta mañana que 18 Estados han presentado una acción legal conjunta para decir que esta decisión de Trump viola la Constitución de su país, específicamente la vigésimo cuarta enmienda.
En temas de inmigración, la posición de quienes tenemos ideas liberales suele ser impopular, y crecientemente, porque estamos a favor de la libre movilidad de las personas. Pero políticamente, es claro que el punto de gravedad en un país como Estados Unidos es que debe haber límites a la migración. De hecho los ha habido, poniéndole tope a la cantidad de migrantes que puede recibir el país por año, pero, como escuché recientemente en un podcast bien interesante sobre este tema, en algún punto se hizo un cambio en la legislación que facilitó que los migrantes que lograban la ciudadanía, adquiriesen el derecho a traer a sus familiares y darles esa misma condición, con lo cual los flujos migratorios se incrementaron fuertemente por aquellos que querían aprovechar esta posibilidad. Explico esto porque puede haber, y de hecho hay, oposición a la inmigración por razones, digamos, xenofóbicas o discriminatorias, pero también hay un argumento -que yo no comparto pero que sí se puede defender políticamente- de que imponer algunos controles a la inmigración es razonable. Lo que yo no comparto es la crudeza con la cual Trump habla de estos temas, porque pareciera hasta disfrutar cuando habla de deportaciones masivas, y ciertamente muy vulnerable que va a sufrir por esto. Pero también ha habido, hay que decir, una incapacidad del otro lado del bipartidismo estadounidense, vale decir, de los demócratas, de medir el posición de las mayorías de su país sobre este tema, que no es tan pro inmigración como ellos creían.
Me detengo a explicar esto un poco porque la migración como eje de discusión de la política es algo que está cobrando mucha importancia a nivel internacional y por eso es clave entender no solo lo superficial sino los argumentos de fondo de cada posición.
Muy bien. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieres escuchar unos minutos más, hoy tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día.
Como ustedes saben, ando muy preocupado por la situación de inseguridad en el país, que se viene manifestando de diversas formas, como el atentado de esta semana contra la sede del Ministerio Público y la manera como las mafias de la minería ilegal vienen volando torres de alta tensión, secuestrando y asesinando gente en la provincia de Pataz. Por eso le pedí a Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Poderosa, empresa que está siendo víctima sistemáticamente de estos grupos criminales, para que nos comparta una reflexión sobre lo que él está viendo. Escuchemos a Pablo:
Muchas gracias Pablo, se entiende la frustración de ver que el Estado no puede cumplir con su función más básica, que es garantizar la seguridad. Como les he venido diciendo, necesitamos que más líderes a todo nivel alcen la voz sobre este tema y que empecemos a identificar conjuntamente formas de enfrentar el desborde de la criminalidad. Porque, si no lo hacemos, nos quedamos sin país.
Con esto cerramos el día de hoy.
Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto.
Que estén muy bien y ya nos escuchamos mañana.