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Exclusivas de La Gaceta
En una sentencia que sacude el tablero político e institucional del Poder Judicial tucumano, el juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación, Raúl Tejerizo, resolvió no hacer lugar a la acción de amparo electoral promovida por la camarista Malvina Seguí y dispuso el levantamiento inmediato de la medida cautelar que mantenía paralizados los comicios en la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) y que en un principio estaban pactados para el 3 de diciembre.La resolución, firmada el 10 de noviembre, convalidó en todos sus términos la postura de la conducción asociativa -encabezada por la camarista Marcela Ruiz- al declarar que los funcionarios judiciales incorporados como socios adherentes tienen derecho a votar e integrar listas computando su antigüedad de cuatro años desde la asamblea del 5 de noviembre de 2021, y no desde la publicación oficial de la reforma en octubre de 2025.El fallo se conoció después de que fracasara una audiencia de conciliación privada convocada por el juzgado y de que Seguí ingresara un enérgico pedido de pronto despacho intimando a dictar sentencia. La resolución judicial desarticuló la pretensión central de Seguí -patrocinada por Eduardo Racedo-, quien demandaba excluir del padrón electoral a unos 50 funcionarios judiciales al sostener que el artículo 40 del estatuto subordinó expresamente su vigencia a la publicación en el Boletín Oficial, ocurrida el 31 de octubre de 2025, lo que impedía a cualquier adherente alcanzar el plazo de cuatro años antes de 2029.Para rebatir esa tesitura, Tejerizo concluyó que el artículo 5° reformado consagró una regla especial y expresa que prevalece sobre la cláusula transitoria general. "Si la asamblea, en tanto órgano de gobierno que expresa la voluntad soberana de la asociación, resolvió expresamente habilitar la incorporación de socios y socias adherentes a partir de la reforma estatutaria, cabe interpretar que dicha decisión consagró una previsión específica en cuanto a su aplicación temporal, que desplaza, para ese supuesto particular, la regla general de vigencia contemplada en el art. 40", fundamentó el magistrado, apoyándose en el artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación para ratificar que las modificaciones societarias producen plenos efectos internos entre los asociados desde su otorgamiento. Los argumentos del fallo: actos propios y derecho al sufragioEn sus considerandos, el titular del Juzgado de la XIII° Nominación puso de relieve que la conducta histórica de la propia corporación judicial resultaba incompatible con la exclusión pretendida. Destacó que desde noviembre de 2021 los funcionarios judiciales han venido abonando cuotas sociales mediante descuento por planilla, participando en actividades académicas y siendo admitidos en los padrones asociativos elevados a la Dirección de Personas Jurídicas. Como dato gravitante, el magistrado remarcó que en la asamblea del 23 de abril de 2026 -donde se trató el balance 2025- se dejó constancia en el Acta N° 8 de que los funcionarios con cuatro años de antigüedad al momento del acto tenían voz y voto, sin que ningún socio fundador formulara impugnaciones. "Privar a los socios adherentes de su participación en el próximo comicio implicaría convalidar una conducta contradictoria e incompatible con la doctrina de los actos propios, transgrediendo la actuación institucional mantenida de forma ininterrumpida por la A.M.T. desde la incorporación efectiva de los funcionarios judiciales", aseveró el juez. Asimismo, el magistrado enfatizó la tutela constitucional de los derechos políticos asociativos como núcleo del régimen democrático. "El derecho al sufragio constituye un pilar fundamental del sistema democrático y el cauce primordial mediante el cual los asociados expresan libremente su voluntad y ejercen sus derechos de participación política institucional (...). En consecuencia, la interpretación que propone la parte actora al desconocer el ejercicio de dicho derecho invocando un precepto transitorio que no fue objeto de modificación en la reforma de 2021 -y que resulta, a su vez, incompatible con el espíritu de la reforma estatutaria promovida por la propia entidad- resulta irrazonable. En tal sentido, debe estarse a la validez y no a la restricción de los derechos de los asociados".Sobre esa base, el pronunciamiento resolvió rechazar íntegramente la demanda, levantar la cautelar dictada por la Cámara el 29 de octubre e imponer las costas por el orden causado en atención a la complejidad interpretativa de las normas en pugna. El fracaso de la audiencia privada y la queja de SeguíEl fallo se precipitó tras el fracaso del intento de mediación judicial celebrado el viernes 6 de noviembre en el despacho del juez. A esa audiencia privada asistieron Seguí junto a su letrado Racedo, mientras que la AMT compareció a través del apoderado Luis Medina y los vocales directivos Luciana Eleas y Gerardo Tomás. Según el acta labrada por el funcionario Fernando Moyano, tras un "intercambio de ideas y expresar sus posiciones respecto del tema en discusión, no llegan a un acuerdo posible para solucionar el objeto de la causa". La falta de avenimiento derivó este lunes en la presentación de un escrito de pronto despacho por parte de la actora, en el que reprochó que la audiencia no fuera grabada y ratificó que no admitiría transacciones: "No hubo acuerdo porque la regularidad electoral no se acuerda. Las reglas estatutarias que definen quién vota y quién es candidato obligan a la entidad (...). La regularidad electoral no se negocia en democracia. La debe resolver un juez". En su escrito, Seguí advirtió que la causa ya acumulaba 26 días de trámite en un proceso sumario y exigió la sentencia inmediata que finalmente se dictó. La resolución de Tejerizo redefine un pleito atravesado por semanas de máxima tensión procesal, signado por su inicial inhibición por ser socio activo, la intervención del camarista Benjamín Moisá para frenar apartamientos en cadena bajo la advertencia de que la complacencia "hace crujir los cimientos de la República", y las sucesivas recusaciones contra magistrados de primera y segunda instancia.Apenas doce días antes, las camaristas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros habían revocado la negativa cautelar de Tejerizo y frenado de cuajo la convocatoria comicial del 3 de diciembre, advirtiendo en aquel fallo que votar con adherentes no habilitados legalmente generaría un daño irreparable al cuerpo electoral regular de 200 magistrados. Con la sentencia de fondo desestimatoria de Tejerizo, la suspensión cautelar ha quedado formalmente sin efecto en primera instancia, aunque se descuenta que la actora recurrirá a la Cámara de Apelaciones y a la Corte Suprema provincial. El mar de fondo: cuentas opacas y pesquisas contablesEl levantamiento judicial de la traba electoral se produce en momentos en que la conducción de la AMT continúa bajo asedio en el frente contable. En el Juzgado Civil de la XI° Nominación tramita la demanda de nulidad de asamblea impulsada por la jueza Ana María Iacono contra el balance 2025, aprobado a "libro cerrado"; expediente en el que la jueza Inés Yamuss encabezó una inspección presencial bajo apercibimiento penal que forzó la entrega de los extractos bancarios del Banco Macro, luego de constatar libros de Bancos en blanco desde 2017, planillas de contabilidad informales y recibos de $6 millones por comida. Aquella intervención provocó que la propia AMT recusara con causa a Yamuss por un mensaje de WhatsApp donde una funcionaria le anticipaba al letrado que la medida no se suspendería, planteo que la magistrada rechazó citando el principio de no contradicción de Aristóteles y que ahora debe ser zanjado por la Alzada. A ese frente se sumaron los reclamos extrajudiciales del juez penal Gonzalo Ortega por el ejercicio 2024 -exigiendo explicaciones por $22,7 millones en cafetería y fondos manejados durante una etapa de acefalía constatada por Personas Jurídicas-, que concluyeron con su renuncia a reafiliarse tras acusar a la conducción de gastar en "catering para unos pocos" y manifestar que la resistencia a rendir cuentas le provocaba "vergüenza ajena".Pese a que la camarista Marcela Ruiz salió públicamente a defender su gestión atribuyendo las denuncias a una interna que busca debilitar a la magistratura, la sentencia de Tejerizo despeja transitoriamente el camino electoral de la cúpula asociativa, y deja abierto el interrogante de si la Cámara Civil ratificará su criterio protector del padrón o si quedará firme la incorporación definitiva de los funcionarios a las urnas.