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Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 17 de enero del 2025.
El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.
Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar.
Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy viernes 17 de enero en menos de un minuto:
1. La Fiscalía de la Nación le ha dado 24 horas a la presidenta Dina Boluarte para que entregue información relacionada con la operación quirúrgica a la que se sometió y los documentos que firmó durante el periodo postoperatorio.
2. La Fiscalía también ha determinado que la presidenta Boluarte cometió plagio en un libro que publicó sobre derechos humanos, y si bien no la puede sancionar porque el caso ya prescribió, sí han dispuesto el retiro de circulación del libro.
3. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que no le entregará su contraseña de iCloud a la Fiscalía en el marco de una investigación en su contra, a pesar de que el Ministerio Público le dio 48 horas para entregar el acceso a dicha cuenta.
4. Se produjo un nuevo atentado en las inmediaciones de la mina Poderosa en Pataz y en menos tres días han volado dos torres de alta tensión.
5. La economía peruana crecerá 2,5% este año y el próximo, según un desalentador pronóstico del Banco Mundial.
Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias, aquí la primera:
La Fiscalía de la Nación ha solicitado a la defensa de la presidenta de la República que remita información considerada clave en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de omisión de funciones y abandono de cargo.
El pedido de información incluye las 91 normas originales que la presidenta asegura haber firmado entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que Boluarte se sometió a la intervención quirúrgica y posteriormente atravesó la recuperación.
Luego de que en diciembre el expremier Alberto Otárola confirmara que la presidenta se había sometido a una operación sin informar al Consejo de Ministros ni el Congreso, una investigación periodística mostró que una serie de firmas en decretos publicados en las fechas correspondientes con el postoperatorio de Boluarte mostraban notables diferencias, lo que levantó sospechas.
Además de los documentos originales firmados por Boluarte en esos días, la Fiscalía solicita también los documentos médicos correspondientes al estado de salud de la presidenta que motivaron la intervención quirúrgica a la que se sometió.
Boluarte, si bien admitió haberse sometido a una operación en la nariz, ha negado en todo momento que se tratara de una cirugía por motivos estéticos. La presidenta ha afirmado, en más de una ocasión, que se trató de una intervención necesaria para su salud.
Ahora, la defensa de Boluarte cuenta con 24 horas para entregar toda la información solicitada. De acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio Público, el pedido se hace en mérito a su declaración del 13 de enero, fecha en que Boluarte brindó su testimonio ante la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.
Segunda
La unidad de investigación de Latina dio a conocer que en el proceso que se le abrió a Dina Boluarte por presuntamente haber cometido plagio en un libro sobre derechos humanos que publicó tiempo atrás, la Fiscalía concluyó que sí hubo plagio. Boluarte ya no puede ser sancionada por esto porque el caso ya prescribió, pero lo que sí ha dispuesto la Fiscalía es que se le quite el registro legal a la publicación y que sea removida de la Biblioteca Nacional. Así que en eso quedó ese caso.
Tercera
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que no le entregará su contraseña de iCloud a la Fiscalía en el marco de una investigación en su contra, a pesar de que el Ministerio Público le dio 48 horas para entregar el acesso a dicha cuenta.
La Fiscalía le había dado ese plazo desde el martes para entregar el chip de su celular y su cuenta de iCloud, luego de que su abogado le entregase en diciembre del 2024 al Ministerio Público un celular prácticamente vacío y sin información. El teléfono, de acuerdo con el acta de deslacrado de la Fiscalía, habría sido –abro comillas– “restablecido” –cierro comillas– a su configuración de fábrica.
Como recordarán, la Fiscalía viene investigando al titular del Ministerio del Interior por el presunto delito de abuso de autoridad luego de que se divulgara un audio en el que, aparentemente, solicitaba al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que controlara al periodista Marco Sifuentes.
Inicialmente la defensa de Santiváñez había querido argumentar que entregaron ese celular vacío diciendo que el ministro había cambiado de equipo de teléfono en noviembre por motivos de seguridad. Ayer Santiváñez señaló que no entregará su contraseña de iCloud ya que está vinculada a sus cuentas bancarias, por lo que solicitó a la Fiscalía citarlo para brindar su testimonio.
Cabe mencionar que la Fiscalía le pide a Santiváñez que entregue su cuenta iCloud con la respectiva contraseña, así como del chip que tenía el equipo celular, para poder acceder a los archivos de información y realizar la diligencia de lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión de mensajes, imágenes, audios y otra información relevante para la investigación en su contra.
Por su lado, el ministro del Interior siguió insistiendo en que el Ministerio Público no ha presentado pruebas firmas en su contra en la investigación que se le sigue y anunció que presentará una queja contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Junta Nacional de Justicia.
Cuarta
Ha habido un nuevo incidente delincuencial en las inmediaciones de la mina Poderosa en la provincia de Pataz, en La Libertad. Acaban de derribar otra torre de alta tensión, la segunda en menos de tres días, evidenciando que esa zona se ha convertido en tierra de nadie donde los mineros ilegales hacen y deshacen a sus anchas y el Estado no puede evitar -o no quiere evitar- que las mineras formales sufran permanentemente este tipo de atentados.
Lo que ocurre en Pataz, según explicó Pablo de la Flor, el gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Poderosa, es que hay una pugna entre bandos de mineros ilegales que se disputan el control territorial de zonas sobre las cuales no tienen título de propiedad o posesión legal, pero igual quieren explotar por la fuerza. Y eso ocurre a vista y paciencia de 300 efectivos policiales desplegados en la zona y a pesar de la declaratoria de estado de emergencia.
Esto son grupos ilegales que, según De la Flor, se amparan en la enésima ampliación del Reinfo, que es este registro supuestamente para formalizar a los mineros informales, pero en realidad es como un escudo que les brinda impunidad si actúan de forma ilegal.
Dinamitar torres de alta tensión, práctica criminal que nos hace recordar los tiempos del terrorismo, es algo que se ha extendido en Pataz al punto que ya van 15 torres derribadas en los últimos cuatro años y, lo más trágico, durante ese mismo periodo los ilegales han provocado la muerte de 18 trabajadores de Poderosa. En el incidente del domingo pasado 17 personas fueron secuestradas, aunque afortunadamente ya lograron librarse de sus captores. ¿Quién responde por esas vidas y esos secuestros? ¿Al Estado que parece haber claudicado en su responsabilidad de controlar a la minería ilegal y al crimen organizado? No hay, lamentablemente, muchas razones para ser optimistas sobre este tema.
Quinta
El Banco Mundial publicó ayer su informe de Perspectivas Económicas mundiales, revelando qué espera el organismo internacional que suceda con la economía de todos los países del globo.
Empecemos por el Perú y luego ampliemos la mirada al entorno global. El Banco Mundial espera que el PBI peruano, la suma de todo lo que producen los sectores productivos en el país, crezca 2,5% en el 2025, es decir, que la velocidad del avance se reduzca frente al año pasado, en el que el PBI habría aumentado un 3,1%. Esta expectativa contradice lo que espera el Ministerio de Economía y Finanzas, que espera un avance de 3,1% para el 2025.
Esta desaceleración, explica el organismo internacional, se debería a que en el 2024 se produjo un impulso adicional debido a los retiros de los fondos de pensiones, circunstancia que no se repetiría este 2025. Asimismo, espera que el gasto público se modere frente a los años anteriores, reduciendo la relevancia del impulso fiscal para el crecimiento, y que sea la inversión en infraestructura y el sector minero quienes pasen a sostener a la economía.
Asimismo, estimó que en el 2026 el PBI peruano no pisará el acelerador, pues esperan un resultado también de 2,5%. Los avances esperados para estos dos años nos colocan por encima de Chile, México y Brasil en la región, pero por debajo de Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay.
¿Qué circunstancias podrían afectar estas expectativas? Los riesgos en el Perú y el mundo son a la baja, es decir que existen más probabilidades de que nos vaya peor de lo esperado por el Banco Mundial. El escaso crecimiento de China, advierte el organismo, podría reducir la demanda de productos básicos, especialmente en Chile y Perú. China, recordemos, es el mayor comprador de cobre, nuestro principal producto de exportación.
A nivel global, lo que estima el Banco Mundial es que si Estados Unidos impone aranceles a sus socios comerciales, como ha anunciado el presidente electo Donald Trump, el mundo ya no crecería el 2,7% que espera el organismo, sino un 2,5% y, si los socios comerciales también elevan los impuestos a las importaciones en represalia, el avance se recortaría a 2,4%.
En el caso de las economías emergentes, como el Perú, el Banco Mundial proyecta que terminarán este año con las perspectivas de crecimiento a largo plazo más desalentadoras desde el año 2000 y que sus avances no serán suficientes para reducir la pobreza.
Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, aquí va la reflexión del día.
He recibido varios comentarios a propósito de mi reflexión del miércoles sobre la obra de alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú que se ha tomado como una ofensa a la Iglesia Católica o a la fe de sus creyentes, los he leído como siempre con mucho interés, y hoy quisiera reaccionar a algunos.
Por ejemplo, un punto recurrente es que la PUCP no lleva los términos “pontificia” y “católica” en su nombre por las puras, que eso debe significar algo. Por tanto, algunos de ustedes piensan que hay una contradicción insalvable en que una universidad se llame pontificia y católica y a la vez permita o promueva contenidos desarrollados por sus propios alumnos que agravien a la Iglesia Católica. Algunos lo ven, de hecho, como un caso de publicidad engañosa y me dicen: si una persona elige estudiar en la PUCP precisamente porque es pontificia y católica, pues entonces la están engañando.
Yo veo esto de la siguiente manera. Me pregunto por ejemplo cuál término pesa más en el nombre de la PUCP, el que se refiera a sí misma como “Pontificia” o “Católica”, o el que se defina como universidad. Porque una universidad, en mi concepción de las cosas, necesariamente debe ser un espacio que permita y promueva el intercambio de posiciones discrepantes. Si no hay debate en una universidad y solo se admite una línea de pensamiento, pues no es universidad, es otra cosa, es un centro de adoctrinamiento.
Ahora, ciertamente cuando una universidad se identifica a sí misma como pontificia o católica está diciendo algo importante sobre sí misma. Está diciendo que tiene un sistema de valores que debe ser coherente con esa fe y sus prescripciones. ¿Significa eso que no pueda haber agnósticos o ateos estudiando en la PUCP, o musulmanes o judíos? Eso, no pasaría el estándar del mandato constitucional de no discriminación, es decir, sea inconstitucional, y de hecho la PUCP no lo hace y en sus procesos de admisión no discrimina por cuestiones religiosas. Hay muchísimos profesores y alumnos de la PUCP que no son católicos y que son miembros valiosos de su comunidad.
Ahora, quiero introducir aquí un concepto que se usa en el derecho anglosajón en los casos de difamación y que puede ayudar con la explicación. Me refiero al estándar de malicia (lo que se conoce como actual malice en inglés) que establece que para que una persona sea condenada por difamación, se necesita probar que lo que sea que haya dicho, lo dijo con intención maliciosa, es decir, con ánimo de dañar y con absoluta indiferencia hacia la verdad. Es decir, la difamación tiene que ser artera, hecha con el propósito de herir y sin tener un propósito ulterior que merezca ser amparado por la protección amplia que debe tener la libertad de expresión en una democracia.
Dicho esto en sencillo, cuando vemos un caso como el de la obra en cuestión, debemos analizar cuáles son las intenciones de los autores. Si la universidad tuviera una política interna que dijera que nadie puede siquiera aludir o usar símbolos religiosos, esa no sería, en mi opinión, una política coherente con lo que implica ser una universidad. Pero una universidad que se identifique como católica sí podría tener una política interna que hable del respeto con el cual se deben tratar los símbolos religiosos. En mi opinión, esa político no debería cerrar por completo las puertas a que los alumnos puedan desafiar o cuestionar elementos de esa fe religiosa o de sus preceptos que consideren objetables, pero sí me parece razonable exigir que esa crítica o ese desafío no se haga con malicia, sino con genuino ánimo de debatir constructivamente.
Yo, como ustedes saben, tengo un nivel de tolerancia a los discursos desafiantes mucho mayor al que les estoy planteando aquí. Yo sí encuentro valioso, como les explicaba el miércoles, que una sociedad democrática permita la burla o la sátira de aquellas personas o instituciones que tienen poder. Es decir, siempre hacia arriba, como herramienta de cuestionamiento del poder, nunca hacia abajo, para golpear a los vulnerables. Pero siendo esta mi preferencia, me parece razonable para una universidad asociada a una fe religiosa, tener un estándar como el que les describí antes.
Porque piensen en lo siguiente. Imaginen que no estamos hablando de una asociación con una fe religiosa, sino con una ideología en particular. Digamos que estamos hablando de la unversidad conservadora X, la universidad progresista Y, o la universidad liberal Z. ¿Podría decirse que cualquiera de esas instituciones es genuinamente una universidad si no admitiera que sus alumnos disputaran los paradigmas asociados a sus ideologías? Si esa fuera la realidad, pues nuevamente no estamos hablando de universidades, sino de centros de adoctrinamiento.
Ahora, ¿hay una diferencia entre una asociación con una religión y una con una ideología política? Los religiosos pensarán que sí, porque ven su fe como algo trascendental y las ideologías políticas como algo terrenal. Pero para quien no es creyente, una religión es también un corpus ideológico, y no digo de manera despectiva, sino que es un sistema de creencias, valores y reglas que presenta una forma particular de entender el mundo. La diferencia es la fe, y esta depende de cada quien, por definición no es mandatoria.
Ahora, un último punto que quiero tratar sobre esto tiene que ver con lo que yo siento que está pasando con muchas universidades en mundo y también en el Perú. Yo soy, como les he explicado, un defensor a ultranza de que haya diversidad ideológica en las universidades, porque de otro modo no estarían cumpliendo su función, a mi juicio. Pero en estos últimos años han empezado a cobrar fuerza corrientes anti liberales en el mundo que han surgido precisamente en entornos universitarios. Esta idea de que deben haber (entrecomillas) espacios seguros en las universidades para que uno no se exponga a ideas discrepantes que lo puedan “ofender”, la cultura de cancelación que justifica que una persona pueda ser hasta despedida de su trabajo por haber endosado tiempo atrás una idea controversial, el que los alumnos se acostumbren a ir a gritar a eventos académicos donde habla alguien que no les gusta lo que tiene que decir, etc. Estos son, a mi juicio, excesos que han venido impulsados principalmente por un sector de las élites progresistas en el mundo universitario que se han vuelto profundamente anti liberales. Personas que manifiestan de la boca para afuera un compromiso con la diversidad en todas sus formas, MENOS la diversidad ideológica. Si bien yo no soy conservador en mis visiones, sí entiendo que los conservadores sientan que las universidades deliberadamente los han sacado de las aulas, por considerar que sus ideas deben ser “canceladas”. Esta es una crítica muy fuerte que yo le haría a las universidad. Cualquier universidad que no tenga un balance de profesores progresistas, conservadores y liberales, no está cumpliendo adecuadamente, a mi juicio, su función de universidad. Mi concepto de “espacio seguro” es diferente al que se ha venido popularizando. Una universidad debe ser un espacio seguro para que se ventilen ideas discrepantes pero, como les decía, sin malicia y con genuino interés de aprender o desafiar constructivamente.
Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto.
Que estén muy bien y ya nos escuchamos mañana.