Notas con audio

Una jueza aceptó que el caso sea llevado a un debate oral. Las estrategias que desplegarán las partes. El reclamo económico.

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Exclusivas de La Gaceta

El fiscal Pedro Gallo logró dar un importante paso en la investigación del crimen de Érika Antonella Álvarez: la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci aceptó que la causa sea elevada a juicio. Ahora sólo queda determinar cuándo se hará el debate y cómo estará conformado el tribunal que lo dirigirá.Según la teoría del representante del Ministerio Público, el 7 de enero de 2026, alrededor de las 3:37, Álvarez se retiró de su domicilio, ubicado en Gerónimo Helguera 1701 de San Miguel de Tucumán, a bordo de un automóvil de Uber y se dirigió hasta la vivienda de Felipe “El Militar”  Sosa, situada en Santo Domingo 1.100, Yerba Buena. La joven arribó aproximadamente a las 3:50.COMPLICADO. Felipe Gallo sostiene que, entre las 3:50 y las 7 aproximadamente, Sosa, valiéndose de la relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de Érika, la golpeó con gran violencia en la zona cráneo-facial y cervical, provocándole múltiples lesiones que le ocasionaron la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical. A través de su auxiliar, Carolina Brito, adelantó que pedirá que sea condenado a prisión perpetua.Sobre Justina Gordillo, empleada judicial y ex pareja del principal acusado, el investigador sostuvo que mantuvo comunicaciones con Sosa en la mañana del 7 de enero y que posteriormente se presentó en el domicilio donde se registró el femicidio, en el que permaneció durante varias horas. Se retiró y volvió por la noche. Durante ese tiempo, según la acusación, habría colaborado con el ocultamiento del cuerpo y la eliminación de rastros del hecho, además de intervenir en la desaparición de elementos de la víctima y de la camioneta utilizada por Sosa para ocultar el cuerpo.Brito también le endilgó haber colaborado con la fuga del principal acusado hacia la provincia de Buenos Aires, poniendo a su disposición una motocicleta KTM y posteriormente dinero e información relacionada con la investigación. Estas acciones tuvieron como finalidad ayudar a Sosa a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia, además de obtener un beneficio patrimonial. Para Gordillo, la acusación solicitó una condena de seis años de prisión.Sobre Jorge “Chicho” Díaz, Gallo sostuvo que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio” y colaboró con la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. Asimismo, según la acusación, al retirarse del domicilio llevó consigo un estuche que contenía una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12, elementos que el principal acusado le habría entregado. Para este imputado, la acusación solicitará una condena de seis años de prisión.Una lista con más de 70 testigosDurante la audiencia, como lo indican las normas procesales, todas las partes mostraron las cartas que presentarán en el juicio. No sólo se confeccionó la lista de testigos que declararán durante el debate, sino también se detallaron las pruebas que deberán ser analizadas por los jueces que integrarán el tribunal.TESTIGO ESTRELLA. Nicolás Navarro Flores, que fue condenado a tres años por este caso, será clave en el juicio. Sería más de 70, entre las personas mencionadas hay un testigo estrella, como se conoce a quienes son considerados claves en una investigación. En este caso, se trata de Nicolás Navarro Flores, el amigo personal de Sosa que ya fue condenado  en un juicio abreviado a una pena de tres años de prisión efectiva por encubrimiento. Este hombre complicó procesalmente a Gordillo y a Díaz al asegurar que ellos sabían del crimen y que estuvieron en la casa cuando todavía no habían eliminado el cuerpo. También informó que Sosa le había entregado una importante cantidad de droga para que la ocultara.Esta etapa procesal sirve también para comenzar a entender las estrategias que desplegarán las partes. El fiscal Gallo y Carlos Garmendia, que asumió la querella en nombre de la familia de Érika, se mostraron confiados en todos los elementos probatorios que recolectaron para sostener la acusación contra Sosa, Gordillo y Díaz. Pericias genéticas -en el caso de Sosa-, testimonios y registros fílmicos son algunas de las evidencias que tienen en su contra.Los defensores, por su parte, también dieron un anticipo de lo que plantearán en el juicio. Marcelo Cosiansi y Aldo Flores, que asisten a Sosa, dejaron en claro que cuestionarán los informes de las tres autopsias realizadas por los peritos. Su intención es demostrar, con la opinión de especialistas en la materia, que Érika murió de forma accidental y que, como ya se había adelantado, el acusado eliminó su cuerpo por temor a que su novio narco se vengara por la muerte de la joven..María Florencia Abdala y Camilo Atim, que representan a Gordillo, insistirán en que no se la puede acusar de encubrimiento porque ella fue pareja de Sosa. Además, pidieron la presencia de varios empleados judiciales con los que intentarán demostrar que la acusada no se ausentó de su puesto de trabajo. También buscarán acreditar que ella no tuvo manera alguna de ingresar al expediente para brindarle información a Sosa.En tanto, Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, buscará demostrar que “Chicho” realizó trabajos en la casa del principal imputado el 6 y el 7 de enero, pero que estuvo acompañado por otro empleado de la firma de Sosa. Este hombre confirmaría que Díaz no estuvo implicado en ningún encubrimiento.El reclamo económicoPor otra parte, a raíz de un planteo realizado por el defensor Cosiansi, se excluyó de la lista de demandantes a los hermanos de Érika, por lo que no podrán exigir una reparación económica a los acusados.SUSTENTO. Justina Gordillo, empleada judicial y ex pareja de Sosa, podría recibir una pena de seis años por encubrimiento. Oportunamente, habían solicitado que Sosa les pague $438 millones, mientras que a Gordillo y a Díaz les reclamaron unos $70 millones. Vale la pena aclarar que, en el acuerdo alcanzado con Navarro Flores, el ahora condenado pagó $30 millones.Al quedar como reclamantes únicamente los padres de la víctima, el monto solicitado originalmente se redujo en más de un 40%. Sin embargo, en el juicio que se iniciaría antes de fin de año, el tribunal deberá resolver si les corresponde cobrar una reparación y, en ese caso, cuál será el monto.