Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral

Los decanos Cabrera y Abdala se presentaron en la fiscalía federal ya que sostienen que se desobedeció la medida cautelar de la Cámara.

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Exclusivas de La Gaceta

La disputa por el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán sumó ahora un capítulo de máxima tensión institucional y judicial. Los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentaron una denuncia penal contra integrantes de la Junta Electoral de la UNT, a quienes acusan de haber desobedecido la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones que suspendió la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo y de haber incurrido además en presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.La presentación fue realizada ante la Fiscalía Federal y apunta contra Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, miembros de la Junta Electoral universitaria. En el escrito, Cabrera y Abdala sostuvieron que las conductas denunciadas “encuadran en la conducta, típica, antijurídica y culpable de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial (art. 239 CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP)”.La denuncia penal aparece en medio del complejo conflicto institucional abierto por la posibilidad de que el actual rector Sergio Pagani se presentara para un tercer período consecutivo al frente de la UNT. Todo comenzó meses atrás, cuando Cabrera y Abdala -candidatos opositores al rectorado y representados por el abogado Gonzalo Casas- promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia interpretara los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto universitario y definiera si el actual rector estaba habilitado para competir nuevamente.En una primera instancia, el juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó el planteo al considerar que no existía un “caso” concreto. Sin embargo, luego de que Pagani formalizara su candidatura, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó como medida cautelar que la UNT “se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a Rector o Vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”.Además, el tribunal integrado por Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Patricia Moltini (con la disidencia de Mario Leal) dispuso “la suspensión de los trámites de candidaturas a los cargos de Rector y Vicerrector para el período 2026-2030” respecto de quienes se encontraran alcanzados por esa situación.Según la denuncia penal ahora presentada, pese a esa orden judicial la Junta Electoral habría adoptado resoluciones que, a criterio de los denunciantes, terminaron alterando indebidamente el proceso electoral y extendiendo la cautelar más allá de lo resuelto por la Cámara. Cabrera y Abdala afirmaron que “extendieron los efectos de la medida cautelar a la totalidad del proceso electoral, alcanzando incluso a nuestra fórmula, que no se encontraba comprendida en ninguna prohibición judicial ni estatutaria”. Y agregaron: “Con esto, están violando no solo el estatuto universitario, sino también la Justicia”.Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta contra la resolución mediante la cual la Junta Electoral aplazó la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo y remitió el tema al Consejo Superior para adecuar el cronograma electoral. Para los denunciantes, esa decisión carecía de sustento normativo y excedía por completo las atribuciones del órgano electoral universitario.“Esta segunda resolución fue dictada sin que existiera norma estatutaria, reglamentaria ni orden judicial alguna que habilitara a la Junta Electoral a aplazar la Asamblea”, afirmaron Cabrera y Abdala. En otro tramo sostuvieron que “la Junta Electoral simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria el 20 de mayo nuestra fórmula”.La denuncia incluso avanza sobre la interpretación penal de esas conductas. “Con este proceder consistente en torcer e incumplir la medida cautelar -entendemos- que la conducta de los denunciados ha caído presuntamente en la conducta antijurídica, típica y culpable del delito de desobediencia a la autoridad judicial”, afirmaron los denunciantes.Los decanos también sostuvieron que, al momento de dictarse la resolución cuestionada, la fórmula Cabrera-Abdala era “la única oficializada que reunía los requisitos de elegibilidad”, luego de que la Cámara suspendiera la candidatura de Pagani. En ese contexto afirmaron que los integrantes de la Junta “omitieron aplicar esas normas y en su lugar aplazaron la Asamblea y enviaron a un Consejo Superior inexistente a reformular el plazo de elecciones”.En otro tramo, los denunciantes afirmaron que ya habían advertido previamente a los miembros de la Junta sobre las posibles consecuencias penales de avanzar en esa dirección. “Entendemos que los denunciados conocían la ilegalidad de su actuación, toda vez que se lo habíamos advertido expresamente en las presentaciones del 16 y 17 de mayo”, sostuvieron.La presentación también solicita que la apertura de la investigación sea comunicada a la Cámara Federal de Apelaciones, “en tanto los denunciados estaría incumplimiento presuntamente una orden judicial de tal tribunal”. Además, los denunciantes pidieron “que se inicie con urgencia la investigación penal preparatoria” y reclamaron el secuestro de resoluciones, registros, actas y toda la documentación vinculada al proceso electoral universitario 2026.Así, el conflicto ya escaló también al plano penal y amenaza con profundizar todavía más una de las mayores crisis institucionales que atravesó la casa de altos estudios en los últimos años.