Notas con audio

Detrás de las millonarias defraudaciones que se descubrieron en Tucumán aparecen los mismos ingredientes: crisis económica, tecnología y escasas herramientas para prevenir el fraude.

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Exclusivas de La Gaceta

Julio dejó los tribunales tan calientes como un día de viento zonda. Los casos policiales que más movilizaron a los tucumanos estuvieron vinculados con delitos económicos. Dos estafas piramidales, decenas de defraudaciones y una causa por lavado de activos terminaron captando la atención de los habitantes de la provincia.Meses atrás, el abogado penalista Ernesto García Biagosch utilizó una frase para explicar el auge de estos ilícitos. “El incremento de las estafas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una ‘tormenta perfecta’ donde convergen factores económicos, tecnológicos y sociológicos. La crisis económica y la inflación en Argentina actúan como catalizadores y hay un aprovechamiento de ese escenario”, señaló.Algo similar sucede con los casos de lavado de activos. En pleno avance del narcotráfico en el NOA, es lógico que se incrementen este tipo de maniobras. Al haber más organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita, también crece la cantidad de dinero que necesitan blanquear. Walter “Petiso David” Lobos aparecía desde hace años mencionado en causas por tráfico de drogas, pero terminó detenido al ser acusado de esta maniobra. Lo mismo ocurrió con Javier “Chuky” Casanova, aunque habría firmado un acuerdo para que, en un juicio abreviado, reciba una pena de tres años de cumplimiento efectivo únicamente por tenencia de estupefacientes.La semana pasada, a partir de una compleja investigación dirigida por el fiscal federal Agustín Chit, fueron detenidos cuatro tucumanos acusados de haber cometido este delito en favor del Comando Vermelho, organización criminal de origen brasileño que viene expandiendo su influencia en toda Sudamérica, incluida nuestra región. Entre los arrestados se encuentran un ex cadete de la Policía Federal y un médico que involucraron a sus madres al abrir cuentas a sus nombres. Los investigados, ambos de 28 años, aseguraron que trabajaban como operadores en el mundo cripto y que desconocían que los fondos que administraban provenían de actividades ilícitas y, mucho menos, que estaban vinculados con una organización relacionada con el tráfico de drogas y armas, entre otros delitos.“Es muy difícil que una persona que se dedique al lavado de activos esté inscripta en ARCA para realizar operaciones con criptomonedas y presente declaraciones juradas”, sostuvo Álvaro Zelarayán, defensor del profesional y de su madre. “Ellos hacían inversiones con fondos que recibían de una persona cuya identidad desconocían. Es una práctica muy común en este tipo de operaciones”, añadió el letrado.El negocio del engañoEstafas piramidales con perjuicios superiores a los $1.200 millones; maniobras por más de $900 millones vinculadas con la compra y venta de vehículos; utilización de tarjetas robadas; suplantación de identidad; vaciamiento de cuentas bancarias; obtención de créditos a nombre de terceros y bloqueos de fondos en billeteras virtuales son algunas de las maniobras que se descubrieron en los últimos tiempos en la provincia.“En todos estos casos hay un problema de base: existen estructuras que buscan permanentemente la manera de cometer este tipo de ilícitos y, una vez que encuentran una oportunidad, terminan perfeccionándola. Hay un ejército del mal tratando de encontrar una oportunidad para engañar”, sostuvo el abogado Juan Guerrero, que atiende este tipo de causas.Existe un ejemplo concreto. El Subsidio de Salud creó una aplicación para que sus afiliados pudieran acceder a sus servicios de manera más rápida y ágil. A pocas semanas de su lanzamiento, en tribunales se presentaron las primeras denuncias porque desconocidos la utilizaron para apoderarse de fondos de terceros.Hay al menos cuatro factores que inciden en esa “tormenta perfecta”: la masificación del uso de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales; la falta de medidas de seguridad adoptadas por las entidades financieras para proteger a sus clientes; la escasa educación sobre el uso de estos sistemas; y la informalidad económica. Esos son algunos de los aspectos que los especialistas señalan como responsables del crecimiento de los delitos económicos.Tiempo y recursos“Los tucumanos debemos dejar de creer que las sabemos todas”, se apresuró a aclarar Jaime Roig, penalista especializado en este tipo de casos. “Lamentablemente, seguimos sosteniendo estructuras investigativas de hace 20 años, mientras los delincuentes no dejan de crear nuevas maniobras para apoderarse del dinero ajeno”, comentó.Roig sostuvo que la falta de recursos tecnológicos y humanos para desarrollar una investigación tiene consecuencias concretas. “El tiempo que maneja la Justicia no es el mismo que tienen las personas que denunciaron un caso. Ese tiempo es utilizado por los acusados para intentar acomodar sus deudas o amenazar a los acreedores, que en una demanda de estas características deberán justificar el origen de los fondos”.“No sólo estamos hablando de estafas, sino también del congelamiento de fondos en billeteras virtuales. Hay empresas que cierran cuentas sin razón alguna e impiden a los clientes disponer de su capital”, añadió.El también penalista Patricio Char advirtió que detrás de este fenómeno existe otro problema. “El crecimiento de la informalidad económica generó una importante expansión de las billeteras virtuales. A muchas personas les preocupan poco las medidas de seguridad con tal de operar con mayor libertad dentro del sistema financiero. Obviamente, eso tiene un costo”, señaló.La teoría de la ‘doble P’Char sostuvo que existen otros peligros. “Uno de ellos es que la mayoría de las billeteras virtuales tienen su sede en el exterior, por lo que resulta muy difícil accionar contra ellas. Demandarlas puede resultar más costoso que los fondos que se reclaman”, indicó.Roig opinó que a los problemas que existen para investigar y resolver estos casos se suma otro factor: las penas son reducidas, por lo que la reincidencia es habitual. El profesional sugirió aplicar la teoría de la “doble P”.“No es más que legislar para que las penas sean más duras y para que las entidades paguen un ‘precio’ más alto por estos casos, ya sea mediante multas elevadas o mediante la obligación de incrementar sus sistemas de seguridad para evitar perjuicios a los clientes”, destacó.El abogado logró un histórico fallo contra una billetera virtual que impidió a un tucumano utilizar el dinero depositado en su cuenta durante sus vacaciones. “Le ordenaron pagar un resarcimiento económico de aproximadamente U$S 2.500, cuando es sabido que estas compañías mueven millones de dólares en todo el continente”, concluyó.Las cartas están sobre la mesa. Llegó el momento de analizar lo que está sucediendo. Es prácticamente imposible frenar el avance de la tecnología, pero sí se puede evitar que la tormenta siga siendo perfecta.