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- El podcast de noticias de Augusto Townsend: de lunes a viernes
- Margen de Error con Javier Albán, Barbara Salas Vanini y Ronald Cross: martes
Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 12 de diciembre del 2024.
El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.
Muy bien. Aquí van los titulares de hoy jueves 12 de diciembre en un minuto:
1. El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración con la constructora ICCGSA cuyas confesiones admitiendo pago de coimas ponen en serios aprietos a ex presidentes como Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
3. El ministro de Educación Morgan Quero dijo que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas” al responder una pregunta sobre los fallecidos en las protestas a inicios del Gobierno de Dina Boluarte.
4. El Congreso ha modificado el Código Procesal Penal para eliminar la figura de la detención preliminar cuando no hay flagrancia, debilitando una vez más la legislación para luchar contra la delincuencia.
5. El presidente del Congreso Eduardo Salhuana anunció que esta semana se votará la moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini por los escándalos de Qali Warma.
6. El Ministerio de Economía y Finanzas se opuso a que el Congreso amplíe hasta el 2026 la reducción del IGV a los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.
Ok. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera:
El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre los fiscales del equipo especial Lava Jato, la procuraduría ad hoc y la empresa peruana ICCGSA, luego de que esta reconociera su culpabilidad por delitos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura.
ICCGSA y cinco de los ejecutivos de la compañía se declaran así culpables y se comprometen a brindar información relevante en casos que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Además, deberán realizar el pago de una reparación civil de más de S/ 181 millones en beneficio del estado peruano en un plazo de 10 años.
Además de su culpabilidad en los 19 proyectos señalados, ICCGSA ha reconocido que participó en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia. Esto en el marco del caso conocido como “Club de la Construcción”.
De acuerdo con la tesis fiscal, el referido club supondría una presunta concertación ilícita por parte de un grupo de más de 25 empresas constructoras que actuó con el objetivo de repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre los años 2011 y 2014, durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala. Además de este caso, se esperar que los ejecutivos de ICCGSA brinden información relacionada con el caso Hospital de Moquegua, que implica al expresidente Martín Vizcarra en sus tiempos como gobernador regional.
Este es el segundo acuerdo de colaboración que se firma con una empresa constructora implicada en casos de corrupción en el último mes. A finales de noviembre, ocurrió lo propio con Obrainsa y dos de sus exdirectivos, implicados también en el caso Club de la Construcción y en el caso Lomas de Ilo.
Segunda
El ministro de Educación Morgan Quero protagonizó un nuevo episodio que ha sido duramente criticado en las redes sociales, y que yo me atrevería a calificar, a título personal, como uno de los comentarios más infelices y desafortunados que le he escuchado a un político, y eso que tiene bastante competencia.
A la salida de la inauguración del VI Consejo de Estado Regional en Piura, Quero fue abordado por una periodista que le señaló que pese a haber sido el Día de los Derechos Humanos, el gobierno no se había pronunciado respecto de los fallecidos de las protestas cuando recién asumió el poder Dina Boluarte.
Ante esto, el ministro dijo, y esta es una cita textual: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.
Horas después, luego de que las declaraciones de Quero se viralizaran causando la indignación de muchos, el titular de Educación quiso aclarar durante una entrevista que en su respuesta no se refería a los manifestantes muertos sino a los violadores de menores, a propósito de la discusión sobre la pena de muerte para quienes cometan ese crimen, que como les conté ayer, planteó la presidenta Dina Boluarte.
Quero dijo, de forma textual: “Yo supuse que la pregunta era vinculada a los derechos humanos de los violadores”. E indicó que rechaza cualquier tergiversación, aun cuando no hubo tergiversación alguna, puesto que se escucha muy claramente la pregunta que le hace la periodista y cómo responde él.
¿Qué es lo que yo creo que ha pasado en este caso? La frase, en sí misma es absolutamente injustificada, y cualquier político, de este o de cualquier gobierno, que sale a decir algo así ante una pregunta como la que le estaban haciendo, no puede permanecer un segundo más en el cargo.
Ahora, mucha gente cree que Quero dijo esto a propósito, que entendió bien la pregunta y que deliberadamente quiso referirse a las personas fallecidas en las protestas como “ratas”. Otros piensan que fue su subconsciente el que lo llevó a decir tal cosa, es decir, que se le escapó esta frase porque, en el fondo, esto es lo que piensa.
Mi interpretación quizá es algo distinta. Yo creo que ha habido esta semana un intento muy claro y coordinado en el gobierno para inflamar el debate de la pena de muerte para distraer la atención de los líos que envuelven a la presidenta Boluarte. Creo que Quero, siempre solícito a inmolarse por su jefa, estaba preparado para dar declaraciones en cualquier evento público en el que le tocara estar en esa línea. Pero en su extrema torpeza, ni siquiera se detuvo o se dignó a escuchar bien pregunta que le estaban haciendo porque seguramente lo único que tenía en la mente era inflamar con comentarios sobre violadores de menores, y por ese ímpetu, cometió una barrabasada tan grande que, como les digo, hace su permanencia en el gobierno insostenible, no importa cuántas explicaciones dé.
Porque además, y esta es una segunda derivada del análisis con la que quizá algunos de ustedes no coincidan, pero yo creo que ninguna autoridad política de ningún gobierno, debería referirse a ningún ciudadano como rata y decir que no tiene derechos humanos. Yo creo que esto no corresponde ni siquiera para los delincuentes más atroces. Eso es lo que distingue a quienes realmente creen en los derechos humanos y su universalidad, de quienes más bien actúan deliberadamente para vulnerarlos o eliminarlos. Los políticos deberían estar por encima de este tipo de comentarios, y no caer en ellos por demagogia o conveniencia política, que es muy visiblemente lo que ha buscado Quero en este caso. Recordemos además que hay un antecedente del entonces ministro de Educación Oscar Becerra que se refirió a las mujeres que protestaban con sus hijos al hombre como “peores que animales”.
El propio Quero tiene otro antecedente muy infeliz del que inexplicablemente logró sobrevivir políticamente. Recordarán aquella vez que dijo que las violaciones de menores en localidades de la selva ocurrían porque era “una práctica cultural”. Aquella vez inconcebiblemente le perdonaron a Quero haber dicho algo en la línea de normalizar las violación (siendo, por supuesto, muy irónico que ahora quiera ponerse del otro lado), pero esta ve no debería perdonársele un comentario tanto más infeliz como el que dio ayer. Por esto y por muchas razones más, Morgan Quero no puede seguir siendo una autoridad política en este país, ni mucho menos la autoridad política a cargo de la educación de nuestros niños y niñas.
Tercera
El Gobierno promulgó ayer una ley que modifica el Código Procesal Penal y, entre otras cosas, elimina la posibilidad de que se pueda dictar prisión preliminar contra personas que estén implicadas en delitos graves pero que no sean detenidos en flagrancia. Vamos a explicar esto en sencillo porque es bien importante y no todos tienen por qué conocer el detalle.
Flagrancia es cuando a un delincuente se le atrapa (entrecomillas) con las manos en la masa, es decir, en el momento mismo que está cometiendo un delito, y por tanto, merece ir inmediatamente a la cárcel. En el Perú, sin embargo, también ha existido y se ha usado bastante la figura de la detención preliminar en casos donde no hay flagrancia, cuando el delito involucrado tuviese una pena mayor de 4 años y existe riesgo de fuga u obstaculización de la justicia. Esta figura se ha utilizado, por ejemplo, para políticos o funcionarios públicos implicados en casos de corrupción. Si bien no los detienen en el momento mismo en que reciben una coima, los operadores de justicia consiguen elementos de convicción suficientes de que la persona ha cometido el delito y que podría fugar, y consiguen que le dicten, por ejemplo, 10 días de prisión preliminar.
No debemos confundir esto con la prisión preventiva, que puede der mucho más larga, de años en el caso de presuntas organizaciones criminales. Es algo mucho más corto, pero lo que busca la fiscalía con ello es que, estando en la cárcel, la persona se sienta más compelida a confesar o incriminar a otras personas. Esto es lo que no les gusta a los políticos, que creen que la fiscalía utiliza la prisión preliminar para poner a los investigados en una situación en la que es más fácil sacarles información. Otros pueden argumentar, de manera más general, que las prisiones preliminares y preventivas se han prestado a muchos abusos en el Perú, y creo que uno podría encontrar también algo de evidencia en ese sentido.
Pero lo que sí es bien claro, y siempre les insisto en este punto porque es muy evidente, es que el Congreso peruano se ha embarcado en una cruzada por debilitar, de todas las formas posibles, la legislación y la capacidad del sistema de justicia de perseguir el delito. Debido a que hay muchos congresistas y partidos, de diversos espacios ideológicos, comprometidos en investigaciones muy serias por temas penales, se genera en el Congreso un alineamiento muy cuestionable entre distintos políticos o distintas bancadas que se beneficiarían de cambios como estos, aunque al mismo tiempo se le estén facilitando las cosas o generando impunidad a todo tipo de delincuentes.
No voy a ser yo el que niegue que ha habido excesos muy cuestionables en la fiscalía, lo he comentado múltiples veces en el podcast, pero es francamente escandaloso todo lo que está haciendo el Congreso, antojadizamente, para debilitar a los operadores del sistema de justicia.
Aunque sí hubo una noticia ayer que yo considero positiva, y es que el proyecto que se discute en el Congreso para eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura no prosperó en el Pleno y fue regresado a la Comisión de Constitución. Este iniciativa le quitaba a la Junta la facultad de elegir a los miembros de la ONPE y Reniec y se la daba al Congreso, lo que hubiera politizado esas designaciones.
Cuarta
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que esta semana se votará la moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por los escándalos en el programa de alimentación escolar Qali Warma.
Salhuana dijo que se llegó a esta decisión tras un acuerdo con los portavoces del parlamento y señaló que la fecha tentativa para votar la censura será el viernes 13 de diciembre, es decir, solo dos días antes de que acabe la legislatura. Sobre esto, el periodista de El Comercio, Martín Hidalgo, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que en el Congreso se cree que Alianza Para el Progreso, bancada a la que pertenece Salhuana, quiere poner a debate la moción de censura el viernes para “tener varios ausentes y así no alcanzar los 66 votos necesarios” para remover a Demartini.
Recordemos que esta moción contra el titular del MIDIS fue presentada la semana pasada con las firmas de 39 parlamentarios, 6 más del mínimo necesario, de las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Somos Perú, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y también por no agrupados.
Como algunos de ustedes recordarán, el escándalo de Qali Warma empezó tras la emisión de reportajes periodísticos que revelaron que una empresa proveedora del programa de alimentación escolar, llamada Frigoinca, intoxicó a niños en Puno y luego presuntamente intentó corromper a funcionarios públicos para tapar dicha denuncia. Por si no fuera poco, otra denuncia de la prensa reveló que esa misma empresa mezclaba carne de res con carne de caballo que luego era entregada a escolares del país, comida que, dicho sea de paso, luego era usada para alimentar perros en un albergue.
La moción de censura presentada en el Congreso hace referencia a este escándalo y señala que Demartini debe ser censurado “por su falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo”.
Hace una semana, cuando se presentó la moción, todo parecía indicar que Demartini sería censurado por el Congreso ya que el rechazo en su contra era multipartidario. Sin embargo, reportes de periodistas como Martín Hidalgo, que les mencioné hace unos minutos, dan a pensar que quizás este no es un asunto tan resuelto como se esperaba.
Quinta
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostró su oposición a un proyecto de ley que evalúa la Comisión de Comercio Exterior del Congreso para ampliar hasta el 31 de diciembre del 2026 la vigencia de la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.
Este grupo de trabajo ha puesto en agenda un proyecto para extender por dos años más la reducción de la tasa del IGV del 18% al 10% a favor de estas empresas, que vence el 31 de diciembre de este año, medida que, recordemos, tenía como objetivo facilitar su recuperación tras el golpe de la pandemia.
El MEF publicó un comunicado argumentando que los precios en restaurantes subieron más que la inflación de alimentos en el 2023, pese a que lo que buscaba la reducción del IGV era que los precios bajen para incentivar la demanda de sus bienes y servicios.
Asimismo, explicó que las empresas más beneficiadas son aquellas con mayores niveles de ventas, pues el recorte no discrimina entre aquellas con una buena situación económica de aquellas que están enfrentando dificultades. Según el MEF, en el 2023, la reducción del IGV alcanzó a 28,769 contribuyentes, entre micro y pequeñas empresas, pero el 20% de las empresas con mayores ventas concentraron el 76% del importe total del beneficio.
Otro motivo por el cual el MEF considera que esta medida no debería ampliarse por dos años más es que tampoco ha contribuido a una mayor formalización ni a una mejora en el cumplimiento tributario de las empresas del sector, pues más de la mitad de las empresas de estos sectores siguen en el régimen tributario llamado Nuevo RUS, que no está afecto al IGV.
¿Cuál es el costo fiscal de este recorte del IGV de 18% a 10% para los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos? El MEF señala que en el 2023, este beneficio redujo en S/743 millones los ingresos fiscales.
Finalmente, advirtió que ampliar esta reducción pondría en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años. ¿Por qué? Recordemos que las reglas fiscales determinan un máximo nivel para el déficit fiscal, para la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado peruano. Lo que ha explicado el MEF es que las previsiones sobre las que se ha calculado el presupuesto del próximo año, cuya ley fue publicada ayer por el Ejecutivo, contemplaban que esta reducción del IGV culmine este 2024, por lo que mantenerlo restaría ingresos fiscales en los siguientes años y haría más difícil reducir el déficit fiscal.
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