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Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 8 de enero del 2025.
El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.
Aquí van los titulares de hoy miércoles 8 de enero en un minuto:
1. La Fiscalía solicitó un mandato de impedimento de salida del país contra Freddy Hinojosa, el vocero de Dina Boluarte, y otras personas más por caso Frigoinca.
2. Siete congresistas han sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por supuestamente haber utilizado recursos del Parlamento para celebrar el cumpleaños del legislador Diego Bazán en Trujillo.
3. La Comisión Permanente del Congreso aprobó proyecto de ley que permite que las empresas privadas puedan financiad a los partidos políticos, y está pendiente ahora que sea promulgada por el Ejecutivo.
4. La pobreza monetaria habría descendido ente un punto y un punto y medio en el país pero todavía se encuentra lejos de los niveles prepandemia en los que estaba previo a la pandemia.
5. El canciller Elmer Schialer reafirmó que el Gobierno peruano reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y condenó los abusos que se están produciendo en ese país contra figuras de la oposición o sus familiares.
Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias, aquí la primera:
El Ministerio Público informó que ha solicitado un mandato de 6 meses de impedimento de salida del país contra el vocero presidencial Fredy Hinojosa y otros 11 investigados en el caso relacionado con la venta de conservas no aptas para consumo humano al programa alimentario Qali Warma.
El pedido fue realizado por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, la cual considera que los 12 investigados pertenecerían a lo que denomina una “organización criminal que comercializaba irregularmente las conservas Don Simón".
Además de Hinojosa, quien fue director ejecutivo de Qali Warma entre marzo del 2019 y noviembre del 2022 y hoy es no solo vocero de Dina Boluarte sino jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, la medida alcanzaría a varios miembros de la familia Burga, dueños de la empresa Frigoinca y trabajadores de esta.
A todas estas personas se les imputa, entre otros, los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
Hinojosa viene defendiendo su inocencia desde que su nombre apreció en las investigaciones. El vocero presidencial señaló hace unas semanas, luego de que se ejecutara una orden de allanamiento e incautación en su domicilio y de otros 16 inmuebles vinculados a los investigados, que, y estas fueron sus palabras textuales, “no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal”.
El abogado de Hinojosa, Humberto Abanto, se opuso al pedido. Del total de investigados, además de Hinojosa, solo otros tres se opusieron al requerimiento: Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga.
Segunda
La fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente por el delito de peculado doloso a 7 congresistas: Kira Alcarraz, Maricarmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Jorge Zevallos y Diego Bazán, estos seis por comisión y a Rosangella Barbarán por tentativa (es decir, intención de cometer). Peculado es el delito que se refiere a cuando un funcionario público se apropia indebidamente de recursos del Estado para beneficio propio.
En este caso, lo que dice la fiscalía de la Nación, a través del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, es que estos congresistas habrían viajado a Trujillo el 11 de febrero del 2023 para celebrar el cumpleaños de Diego Bazán. Esto no tendría nada de malo si lo hubiesen hecho en su tiempo libre y con sus recursos, pero la fiscalía señala que utilizaron pasajes pagados por el Congreso. Esos pasajes, como es obvio, están previstos para que los congresistas acudan a lugares donde tengan que cumplir labores oficiales vinculadas a su responsabilidad como representantes. Ciertamente no están ahí para que se vayan a celebrar un cumpleaños. A Barbarán se le trata distinto porque mandó a comprar el pasaje aéreo pero finalmente no viajó.
La explicación que dan los congresistas ante casos como este, que es por ejemplo lo que ha dicho Kira Alcarraz, es que tenían otras cosas que hacer en Trujilla, alguna visita fugaz a tal o cual distrito, etc. Pero, claro, es bien fácil fabricar un “evento” para conseguir una excusa y salir del paso. Lo que uno tendría que preguntarse es si todos o alguno de los congresistas que fueron a Trujillo son representan al distrito electoral de La Libertad, porque ahí sí podrían decir que están haciendo trabajo de representación con sus electores. Evidentemente, este no es el caso en la situación que les comento.
Dicho sea de paso, el congresista Alejandro Cavero también estaba involucrado en esta investigación pero si no ha sido denunciado, intuyo que es porque acreditó ante la fiscalía que pagó sus gastos con su propio dinero. Es decir, Cavero fue quien hizo aquí lo correcto.
Tercera
La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación, con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, un proyecto de ley que busca permitir que las empresas privadas financien a los partidos políticos. La primera votación se realizó el 27 de diciembre del 2024, también en la Comisión Permanente, y ahora queda en manos del Ejecutivo promulgar u observar esta iniciativa.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, defendió el proyecto argumentando que permitirá que las agrupaciones políticas accedan a recursos que no podrían obtener a través del financiamiento público. Sin embargo, algunos puntos del texto final aprobado han generado críticas de la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Esta había enviado el año pasado al Congreso un proyecto de ley que buscaba que las empresas privadas puedan realizar aportes a las organizaciones políticas para incrementar la transparencia en el financiamiento de los partidos, pero emitió ahora un informe advirtiendo sobre los riesgos que crean una serie de artículos del texto aprobado por la Comisión Permanente.
La ONPE critica por ejemplo el artículo 29 aprobado, que establece que el financiamiento público directo que reciben los partidos con dinero de todos los peruanos pueda ser utilizado también para gastos de asesoría legal y patrocinio legal a sus directivos, representantes y voceros. Esto es algo que han hecho interesadamente varios partidos cuyos integrantes enfrentan, pues, una serie de procesos penales sobre todo.
La ONPE, sin embargo, considera que este gasto no está vinculado a los fines principales de las organizaciones políticas -con lo cual coincido- y subraya que el financiamiento público debe destinarse exclusivamente al funcionamiento, formación y difusión de las ideas de los partidos.
El texto aprobado por la Comisión Permanente también establece un límite de 200 UIT para los aportes anuales por cada persona natural o jurídica a un partido y permite que un aportante contribuya a múltiples organizaciones hasta por un máximo de 500 UIT al año. Sobre esto, la ONPE proponía que este límite sea de 120 UIT y explica en su informe que no existe justificación técnica para este aumento. Argumenta, y cito textualmente, que “establecer límites adecuados resulta crucial para prevenir el financiamiento desproporcionado que pueda condicionar la influencia política”. Sobre esto, he escuchado a algunos especialistas defender que se tienen que poner topes a lo que se puede gastar en una campaña electoral, me imagino el cuestionamiento en este caso va en la misma.
Otro punto polémico es el nuevo artículo 30-C, que plantea que se puedan realizar aportes voluntarios y confidenciales a los partidos a través del Banco de la Nación, en los que se mantendría en secreto la identidad del aportante. La ONPE considera, textualmente, que esto crea “una debilidad al sistema de financiamiento político, afectando principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas” y generaría una “total falta de control y fiscalización”. Yo no necesariamente veo esto como algo malo, si tiene una regulación adecuada. Sí creo que deberían explorarse esquemas de fideicomisos ciegos para financiar no a un político en particular sino quizá a un grupo de políticos. Yo diría que mejor aún si financia a todo el sistema partidario.
Pero en fin, eso se puede debatir. En este caso, como les he comentado, yo creo que es positivo que se haya restablecido la posibilidad de que las empresas privadas formales puedan financiar transparentemente la política, pero no han dejado pasar la oportunidad las bancadas en el Congreso para aprobar de contrabando algunas cosas cuestionables como que el financiamiento público sirva para pagarle a sus abogados.
Cuarta
Una de las principales razones por las que tenemos que prestar atención tanto al crecimiento económico del país como al avance de la inversión privada es porque de estos dependen la evolución del empleo en el país y, más importante aún, de la pobreza monetaria.
Tomando en cuenta que lo más probable es que el PBI, el Producto Bruto Interno, haya avanzado 3,2% el año pasado, la consultora Macrocontult está proyectando que la pobreza monetaria habría retrocedido en 2024 entre un punto porcentual y un punto porcentual y medio y el Instituto Peruano de Economía, IPE, estima que la reducción sería de 1 punto porcentual.
Pero, ¿qué es la pobreza monetaria? Este indicador calcula qué porcentaje de peruanos gastan cada mes una cifra inferior al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. La pobreza extrema, por su parte, mide qué porcentaje de peruanos no puede cubrir la canasta básica de alimentos, es decir, que no le alcanza siquiera para comprar la comida mínima que necesitaría una persona.
Con estas estimaciones, Alvaro Monge, socio y gerente general de Macroconsult, estima que, en el mejor de los casos, la pobreza monetaria se habría reducido en 2024 a entre 27,5% y 28%, un porcentaje aún muy por encima del nivel de 20,2% al que habíamos logrado disminuirla hasta 2019, antes de la pandemia.
Recordemos que en el 2020, año en el que la mayoría de actividades económicas estuvieron restringidas por la pandemia, la pobreza monetaria se disparó 10 puntos porcentuales, desde ese 20,2% a 30,1%, lo que significó que 3 millones 300 mil peruanos cayeran por debajo de la línea de pobreza porque no podían cubrir el costo de la canasta básica de consumo, que para ese año el INEI calculó en 360 soles por persona.
En el 2021, con el rebote tras la pandemia, vimos un retroceso de la pobreza a 25,9%, pero en el 2022 el insuficiente crecimiento llevó a que subiera a 27,5%, en 2023 la recesión la llevó a 29% y el 2024 habría logrado retroceder pero tan solo a niveles cercanos al 2022.
¿Qué se necesita para que, al menos, lleguemos a que la población que vive en la pobreza se reduzca a los niveles prepandemia? Que el crecimiento económico se acelere, coinciden los expertos. El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado que, si la economía peruana sigue creciendo alrededor de 3%, como el año pasado y lo que se espera para los próximos dos años, recién regresaremos a un 20% de pobreza en el 2047.
Quinta
El canciller Elmer Schialer reafirmó en una entrevista con RPP que el Gobierno peruano reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Estas declaraciones del titular de Ministerio de Relaciones Exteriores llegan a tan solo dos días de la investidura presidencial en Venezuela, la cual tanto Nicolás Maduro como el líder opositor González Urrutia planean asumir. Como ustedes recordarán, en la última elección venezolana el régimen chavista perpetró un fraude que le dio una victoria ilegal a Maduro, mientras que la oposición reunió evidencia que demostró que Gónzalez Urrutia había ganado la presidencia. Sin embargo, luego de meses de represión e intimidación por parte del chavismo, Maduro juramentará nuevamente como mandatario de Venezuela el 10 de enero a pesar de la ilegalidad de su triunfo electoral.
Sobre esto último, el canciller señaló que si Maduro jura como presidente de Venezuela, sería considerado como un “autócrata”.
Además, Schialer indicó que la presidenta Dina Boluarte y él conversaron con González Urrutia y con la lideresa opositora María Corina Machado, y que Boluarte les reiteró el “apoyo indeclinable” del Gobierno peruano.
Esta nueva postura del canciller peruano sobre Venezuela sorprendió a muchos debido a que hace unos meses, apenas inició en el cargo, había dicho que no podía “haber una intervención directa ni indirecta extranjera” a la crisis que atravesaba el país sudamericano.
Mientras tanto, la situación en Venezuela a dos días de la juramentación ilegal de Nicolás Maduro como presidente para un nuevo mandato es bastante preocupante ya que hay denuncias de violencia -el propio González Urrutia denunció que su yerno fue secuestrado ayer en Caracas- y preparativos del régimen chavista para reprimir a los opositores, como, por ejemplo, los anuncios de recompensa por información que lleve a la captura del excandidato presidencial de la oposición.
Por su lado, María Corina Machado, una de las principales líderes opositoras del chavismo, convocó a una marcha mañana 9 de enero, un día antes de la juramentación presidencial, para presionar a Nicolás Maduro a dejar la presidencia. Machado dijo en sus redes sociales que «Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás».
Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, les comparto la reflexión del día:
El economista Daniel Barco ha publicado un análisis bien valioso en su cuenta de Linkedin sobre las previsiones de crecimiento económico para el 2025, que se sitúan entre el 2% y 2.5%, comparado con el 3.1% que se estima para el año que acaba de terminar.
Dice Daniel que hay que poner estas previsiones en contexto. Si vemos lo que ha pasado los últimos 5 años, el Perú ha crecido apenas 1.3% anual en promedio. Esto no es satisfactorio, dice, porque crecer por debajo del 3% no es suficiente para generar progreso en el Perú. Si tomamos la cifra del año pasado, la mitad de ese crecimiento está asociada a favores temporales como la buena temporada de pesca, cosa que ya no moverá la cifra de este año. Luego está el efecto del mayor consumo por el -en mi opinión- irresponsable retiro de las AFP, cosa que tampoco incidirá en la cifra del 2025. Y en tercer lugar está el crecimiento de la inversión pública pero a costa de acumular un déficit fiscal de 3.8%.
Señala Barco que si sacamos esos tres factores temporales, el crecimiento del 2024 habría sido de apenas 1.5%. Si este año se reduce la tasa de interés del BCR y mejoran las perspectivas de la inversión privada, el crecimiento podría ubicarse en 2% o 2.5%, pero sigue siendo eso insuficiente para generar buenos empleos.
De manera que no podemos ser complacientes con esa magra tasa de crecimiento, por lo que hemos explicado también de que no es suficiente para reducir significativamente la tasa de pobreza para cuando menos llevarnos a niveles prepandemia.
El Perú no es un país que esté en condiciones de desdeñar el crecimiento económico. Si queremos menor pobreza, más empleo de calidad y más bienestar en general para los peruanos, debemos apuntar a crecer del 5% para arriba.
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