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- El podcast de noticias de Augusto Townsend: de lunes a viernes
- Escena Internacional con Farid Kahhat: martes, jueves y sábado
- El podcast económico de Ale Costa: lunes, miércoles y viernes
Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 17 de febrero del 2025.
El podcast de hoy llega con el auspicio de: Bigmond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto: económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados.
Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar.
Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy lunes 17 de febrero en menos de un minuto:
1. El Congreso quiere duplicar lo que gasta mensualmente en comida para que los congresistas reciban porciones de carne más grandes, entre otras cosas.
2. El legislador de Alianza para el Progreso Alejandro Soto ha presentado una iniciativa de reforma constitucional que parece pensada en evitar que Harvey Colchado sea candidato al Congreso.
3. Ya suman tres las víctimas del trágico incidente en el que un bus interprovincial cayó al río al desplomarse el puente Chancay en la carretera Panamericana Norte.
4. Ayer, mientras que Shakira anunciaba la suspensión de su primer concierto en Lima por cuestiones de salud, en las redes empezó a circular ilegalmente información confidencial sobre su situación médica.
5. Telefónica del Perú anunció que ha solicitado a Indecopi el inicio de un proceso concursal para buscar reestructurar sus deudas y seguir operando.
Muy bien, vamos ahora sí con las noticias, aquí la primera, a manera de resumen de lo más importante de los dominicales de anoche:
Cuarto Poder reveló anoche que el Congreso de la República está negociando un nuevo contrato de 1.6 millones de soles para darle de comer a los congresistas desayuno, almuerzo, cena y bocadillos especiales cuando estén en sesión del pleno. Con este contrato, el Congreso está elevando la exigencia y, por tanto, gastando más. Antes tuvo un contrato de 2 millones por 36 meses, es decir, 55 mil por mes, mientras que el nuevo sería de 1.6 millones por 16 meses, es decir, casi está duplicando el presupuesto mensual a 100 mil soles. Según el reportaje, los congresistas se han quejado porque querían que les dieran más carne, y esto ha que se incrementen los tamaños de las porciones. Es decir, quieren al menos banquetearse, como se dice, antes de que se les acabe el mandato, porque la enorme mayoría de ellos no va a ser reelegido.
Como siempre que pasan estas cosas, al ser consultados al respecto, los congresistas hacen como que no saben nada y se miran entre ellos. Pero hacen lo que quieren con el abultadísimo presupuesto del Congreso. Ya la semana pasada se reportó que estaban empezando a gastar en estudios para desarrollar su “sede de playa”.
Otro tema de los dominicales es el seguimiento que se ha hecho en Panorama del caso del congresista Guillermo Bermejo que vienen investigando. Anoche revelaron el testimonio de un colaborador eficaz que le imputa a Bermejo haber recibido un soborno de 40 mil soles de la Municipalidad de Huáchac, en Junín, para conseguir mayor presupuesto y obras para dicha localidad. Esto habría ocurrido en el 2021, cuando Bermejo era congresista de la entonces bancada oficialista de Pedro Castillo. Según el colaborador eficaz, Bermejo recibía el dinero en sobres de manila. Esto ocurrió hasta en cinco oportunidades en lugares cercanos al Congreso, utilizando como intermediarios a su amigo Yul Valdivia y a su entonces asesor Jaime Jara. El colaborador da bastante detalle sobre los encuentros -hace presumir que podría haber sido uno de los intermediarios-, y también está acreditado que el alcalde de Huáchac Jaime Cueva visitó el Congreso acompañado por Yul Valdivis y fueron justamente a la Comisión de Presupuesto. Bermejo prefirió no declarar al ser consultado por Panorama sobre esta imputación. Vale comentar aquí que es harto conocido que una forma en la que algunos congresistas obtienen dinero extra es justamente convirtiéndose en lobbistas de autoridades subnacionales para conseguirles más presupuesto y obras para sus localidades, que luego pueden adjudicar a una constructora cercana, la que a su vez paga una coima con el propio dinero que está recibiendo del Estado, y tal coima se distribuye entre el congresista involucrado y, digamos, el alcalde y su entorno cercano. Así se comercia muchas veces con la influencia en la discusión de la ley de presupuesto.
Un tema más que menciono de los dominicales. La presidenta del Poder Judicial Janet Tello estuvo entrevistada anoche en Punto Final de Latina y aprovecho la ocasión para hacer evidenciar las irregularidades del procedimientos disciplinario inmediato que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia. Señaló que los procedimientos inmediatos aplican cuando hay una inconducta flagrante en un magistrado, pero que este no solo no es el caso, sino que no corresponde -en su opinión- que la Junta sancione a partir de un caso que debe ser visto en la vía regular del Poder Judicial, porque no estaría sancionando una inconducta funcional sino el criterio jurisdiccional de una corte, y para eso están los procedimientos de apelación y demás que los propios afectados pueden llevar a cabo. Tello negó también que la sala de la Corte Suprema que integraba haya invocado una norma derogada para sentenciar un caso, que es lo que le atribuye el denunciante ante la Junta.
Dicho sea de paso, he visto una nota en RPP que dice que Giovanna Díaz y Joel Bolivia, que hoy son secretaria general y director general de la Junta Nacional de Justicia, fueron consultores del despacho presidencial de Dina Boluarte en el 2023 y hasta hace poco trabajaron en el Ministerio de Energía y Minas en cargos de confianza, durante la gestión de Oscar Vera Gargurevich, cercano a Boluarte. Los dos entraron este año a la Junta acompañando a sus nuevos integrantes en cargos de alta dirección que dependen de su nuevo presidente Gino Ríos. Esto es bastante llamativo y genera la impresión de que podría haberle dado un canal de influencia o cuando menos de información a Boluarte sobre la interna de la Junta Nacional de Justicia.
También se ha hecho conocido, por otro lado, según leo en La República, que la funcionaria de la Contraloría que determinó que no había desbalance patrimonial en el caso de Dina Boluarte, es decir, Vanessa Walde Ortega, no contaría con la experiencia requerida para el puerto y estaría vinculada al nuevo contralor César Aguilar Surichaqui, de acuerdo con Cuarto Poder. Ella es hija del ex juez supremo Vicente Walde, quien fue antes jefe de Aguilar. Es decir, el de Walde Ortega habría sido un nombramiento que no cumplió con las exigencias del cargo y que podría haber sido el resultado de un favoritismo. Dicho sea de paso, esta funcionaria está fuera del país pero sigue percibiendo su sueldo con normalidad. Aquí hay que recordar que Dina Boluarte pasó de reportar 160 mil soles su declaración pública del 2021 a casi 800 mil en el 2024. Así que claramente hay un incremento ahí de más de 600 mil soles en 3 años.
Segunda
El congresista de Alianza para el Progreso y ex presidente del Congreso Alejandro Soto ha presentado un proyecto de ley que busca establecer restricciones adicionales a quienes quieren ser candidatos al parlamento en las elecciones del 2026.
Según ha informado El Comercio, Soto quiere cambiar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones para que no puedan ser elegidos aquellos funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial hasta cinco años antes de la elección.
La iniciativa legislativa no terminar de explicar por qué este hecho haría inelegible a una persona, y es además muy sospechoso que se incluya una excepción para favorecer a los actuales congresistas, que naturalmente pueden haber tenido por su trabajo, y de manera completamente comprensible, acceso a ese tipo de información.
¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Pues, si tuviera que adivinar, diría que esta es una iniciativa con nombre propio y que busca impedir que el coronel de la Policía Harvey Colchado, forzado a pasar al retiro por ser incómodo a este Gobierno y a muchos congresistas y bancadas, pues sea candidato al Congreso en el 2026.
Colchado ha reiterado que no quiere postular al Congreso, que lo que busca hoy es que lo repongan en su puesto en la policía, porque considera que se ha cometido una injusticia en su contra. Pero independientemente de lo que ocurra con Colchado, este proyecto es tan disparatado que no quiera los dirigentes del partido de Soto, APP, se han animado a salir a defenderlo. El secretario general Luis Valdez ha salido a marcar distancia. Y es que, si fuera a aprobarse algo como lo que propone Soto, muchísima gente que ha tenido altos cargos en el Estado quedaría excluida de poder postular por razones que no son per ser negativas sino, al contrario, que evidenciarían que esas personas ya ejercieron responsabilidades importantes en el Estado.
Tercera
Un funcionario del Ministerio de Salud confirmó que una tercera persona falleció como resultado del incidente en el que un bus interprovincial cayó por el colapso del puente Chancay que se produjo este pasado viernes.
La víctima, identificada como César Minaya de 48 años, murió en el Hospital de Huaral tras ser operado por segunda vez. Según Constantino Vila, director de Operaciones de Salud del Minsa, Minaya habría sufrido sangrado interno y múltiples lesiones en el abdomen, tórax y otras partes del cuerpo.
Tras confirmarse este fallecimiento, aumentó a tres la cifra de fallecidos en el accidente que dejó, además, 41 heridos, de los cuales 11 permanecen internados en el Hospital de Chancay y en el de Huaral.
Como sabrán, este accidente se produjo el último viernes tras el colapso del tramo de norte a sur del Puente Chancay, ubicado en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte. Un auto y un bus interprovincial que transportaba más de 50 personas cayeron al río Chancay tras el colapso del puente.
El jefe de la Dirección Desconcentrada de Instituto de Defensa Civil, Luis Sotomayor, y la subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huaral, Cecilia Martino, señalaron que el puente colapsó debido a una falla estructural en su pilar central, aunque los vecinos de Chancay dicen que, desde el año pasado, venían alertando que el puente se encontraba en mal estado e incluso culparon al alcalde del distrito, Juan Álvarez, por su falta de mantenimiento.
Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, anunció que se instalará un puente modular para recuperar la “transitabilidad” sobre el río Chancay tras el colapso del puente del mismo nombre. El ministro fue criticado por la manera desafiante con la que enfrentó a una periodista local que le hizo preguntas sobre el tema al llegar aquel a Chancay.
Cuarta
Ayer, la cantante Shakira anunció la postergación del primero de sus dos conciertos en Lima, programado para la noche del domingo, luego de que fuera internada en la Clínica Delgado la noche del sábado.
En una publicación en sus redes sociales, la artista colombiana lamentó la postergación e informó que debió ingresar a urgencias debido a –abro comillas- “un cuadro abdominal” –cierro comillas– por lo que, según comentó en su post, los médicos le indicaron que no se encontraba en “condiciones de presentar un concierto”. En la misma publicación, Shakira indicó que esperaba poder realizar el concierto programado para hoy lunes.
Horas después del anuncio, usuarios de redes sociales publicaron lo que, todo hace parecer, sería información confidencial relacionada con el tratamiento y medicinas recetados por los médicos para la cantante colombiana.
Ante ello, tanto la clínica Delgado, institución médica donde se atendió Shakira en un comunicado interno, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advirtieron sobre la vulneración que supone difundir información médica sin autorización del involucrado o involucrada.
El comunicado de la Clínica Delgado, dirigido a su propio staff médico, recalcó que la información derivada de la interacción con el locador médico tiene carácter confidencial. De acuerdo con la institución, “el acceso a historias clínicas de los pacientes está restringido a los médicos tratantes”.
El ministerio señaló en tanto, a través de su cuenta en X que –abro comillas– “los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley” –cierro comillas–. Su divulgación sin autorización o consentimiento, señaló la cuenta del Minjus, constituye una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles.
Aquí, podríamos decir, hay una inconducta ética tanto de la periodista que difundió originalmente esta información en sus redes sociales, con la equivocada justificación de que Shakira es “una figura pública”, y por supuesto, de quien haya sido el miembro del personal presumiblemente de la Clínica Delgado que compartió la información confidencial.
Solo para ahondar en explicación, Shakira es en efecto, un personaje público, pero no hay razón de interés público que justifique dar a conocer así como se ha hecho datos personales respecto de su salud. Un caso donde sí se justificaría, para mencionar el caso opuesto, sería por ejemplo el de un presidente que oculta información sobre una problema de salud que le genere un impedimento para gobernar.
Quinta
Telefónica del Perú anunció que ha solicitado a Indecopi el inicio de un proceso concursal ordinario, un mecanismo diseñado para que las empresas que ya no tienen capacidad para pagar sus deudas puedan seguir operando mientras sus acreedores deciden qué hacer con la compañía.
Recordemos que un proceso concursal ordinario se realiza cuando ya sea una empresa o uno de sus acreedores considera que la complicada situación financiera de la compañía genera la posibilidad de que caiga en bancarrota y no pague sus deudas.
¿Cómo es que Telefónica del Perú, otrora líder del mercado de telecomunicaciones en el país, ha llegado a esta precaria situación pese a sus 13 millones de clientes? El comunicado de la empresa explica, textualmente, que “en los últimos años, la situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto afectada por efecto de contingencias fiscales de más de veinte años de antigüedad y por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante”.
Está haciendo referencia a las controversias tributarias que ha mantenido durante las últimas décadas con la Sunat, debido a que, según la autoridad tributaria, la compañía de telecomunicaciones no había pagado la cantidad correcta de Impuesto a la Renta en los años 1998, 2000 y 2001. Como resultado de estos juicios, Telefónica dispuso en el 2024 el pago a la Sunat de hasta S/ 1.361 millones y se han ejecutado cartas fianzas por una suma de S/ 1.106 millones.
El monto total de la deuda con la Sunat, que participaría de este proceso concursal como uno de los acreedores, aún está en discusión debido a que la compañía ha acudido a tribunales internacionales para reclamar que se reduzcan los intereses que se aplicaron por demoras en el proceso que no dependen de la compañía.
¿Qué va a pasar ahora? Indecopi tiene 90 días para evaluar la situación financiera de Telefónica del Perú y decidir si aprueba o no su solicitud de iniciar un proceso concursal ordinario. Si la aprueba, convocará a los acreedores de la compañía, que incluirán a la Sunat, y calculará cuántos créditos les corresponde dependiendo de cuánto les debe Telefónica.
Estos créditos determinarán el peso que podrán tener cada uno de ellos en la junta de acreedores, órgano que tendrá que decidir el destino de la compañía, ya sea optar por una reestructuración patrimonial que busque reorganizar la compañía para que se mantenga a flote y pueda pagarles lo que les debe, o también podría decidir que sea liquidada, es decir, que se vendan sus bienes para que sus acreedores recuperen su dinero.
Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día.
La semana pasada les comenté sobre la desaparición del Proyecto Especial Legado y el traspaso de su presupuesto al Instituto Peruano del Deporte (IPD). En el siguiente comentario, el director ejecutivo de Comex Perú Jaime Dupuy nos explica por qué, en su opinión, no tiene sustento ninguno de los argumentos que ha utilizado el Gobierno para tomar esta decisión.
Muy bien. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Jaime Dupuy por su aporte esta mañana y, como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores Bigmond Group, y a nuestros suscriptores, que nos permiten llegar a ustedes cada mañana.
Que estén muy bien, y ya nos escuchamos pronto.