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Exclusivas de La Gaceta
Un ajuste inicialmente concentrado en el Estado nacional, con efectos posteriores sobre las administraciones provinciales a través de la reducción de las transferencias y de la caída de sus recursos. Esa ha sido la dinámica presupuestaria en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei. La comparación en términos reales confirma esta asimetría. Ajustado por inflación, el Gobierno nacional redujo su gasto primario un 27,8%, frente a una disminución del 10,6% en las provincias. En contraste, los ingresos nacionales cayeron un 5,5% real, mientras que los ingresos provinciales se contrajeron un 11,2%.En consecuencia, el proceso de consolidación fiscal no solo produjo una reducción del gasto público agregado, sino también una modificación significativa de su composición entre niveles de gobierno, de acuerdo con un informe de la Fundación Libertad. La Nación concentró la mayor parte del ajuste por el lado de las erogaciones, mientras que las provincias debieron enfrentar una contracción proporcionalmente mayor de sus ingresos, aunque con una reducción más moderada de sus gastos. De este modo, el esfuerzo fiscal asumido por cada nivel de gobierno presentó características diferentes: más intenso sobre el gasto en el ámbito nacional y más marcado sobre los recursos disponibles en el provincial. La capacidad de absorber la caída de los recursos dependió, en cada caso, de la estructura de ingresos, el nivel previo de gasto y el margen disponible para efectuar ajustes adicionales, puntualiza el reporte al que accedió LA GACETA. El punto de partida permite comprender la magnitud y la diferente naturaleza del ajuste posterior. En 2023, la Nación registraba un déficit primario equivalente al 3% del PBI, mientras que las provincias se encontraban, en conjunto, casi equilibradas. A partir de allí, el Gobierno nacional implementó un ajuste deliberado que permitió transformar ese déficit en un superávit primario superior a un punto del PBI tanto en 2024 como en 2025. Las provincias, por su parte, preservaron una situación cercana al equilibrio, pero debieron reducir sus gastos frente a la caída de los ingresos. Parte de esa contracción respondió al recorte de las transferencias discrecionales realizado por la Nación y parte a la disminución de los recursos provenientes de impuestos nacionales coparticipables y de la recaudación propia, reconoce la Fundación Libertad. Esta nueva configuración amplía necesariamente la discusión sobre el papel de las provincias en la consolidación fiscal. Uno de los compromisos incluidos en el Pacto de Mayo propone reducir el gasto público consolidado a niveles históricos, en torno al 25% del PBI. Alcanzar ese objetivo requiere considerar conjuntamente a la Nación, las provincias y los municipios, respetando las competencias y particularidades presupuestarias de cada nivel de gobierno. Como referencia, la suma simple de los gastos primarios nacionales y provinciales equivale al 28,8% del PBI y alcanza el 30,3% al incorporar los intereses de la deuda.Formosa presenta el valor más elevado: en 2025, su gasto primario fue equivalente a aproximadamente la mitad de su economía. En el extremo opuesto se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo gasto representó apenas el 9% de su producto, pese a que, como se verá a continuación, en términos absolutos constituye la segunda jurisdicción con mayor nivel de gasto. El promedio de este indicador para el conjunto de las jurisdicciones fue del 22%. Tucumán esta por encima de la media nacional, con un 26%.