El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Caponio, titular de la SAT, denunció una ola de robos de tapas; Canelada y Cobos hablan de un abandono.

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El accidente que sufrió el niño al caer en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica. Por un lado, Marcelo Caponio, titular de la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT), informó que ese elemento había sido robado. Por otra parte, los concejales opositores José María Canelada y Gustavo Cobos cuestionaron la inacción del Estado para resolver este tipo de problemas.“Estamos sufriendo el robo de tapas de bocas de tormenta. En los últimos dos años hemos repuesto 400 elementos de estas características en toda la provincia. Es una situación preocupante”, señaló Caponio.El funcionario también explicó que “el mayor problema con el que nos encontramos es que reponemos un elemento y nos roban tres. Hemos tomado la decisión de empezar a realizar tareas de señalización en los desagües que carezcan de tapas. Vamos a colocar carteles que no sólo indiquen ‘zona de peligro’, sino también que esos elementos fueron robados”.El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”Caponio admitió que en los últimos tiempos este tipo de delito se incrementó considerablemente. Fuentes policiales informaron que la mayor cantidad de denuncias se registra en la periferia de la capital y en localidades del Gran San Miguel de Tucumán.De acuerdo con estimaciones de la SAT, cada tapa tiene un costo de $200.000, más impuestos. A ese monto deben sumarse los gastos de reposición, ya que en algunos casos también es necesario reemplazar el marco donde se encuentra instalada. Estos elementos están fabricados con hierro fundido, un material de alto valor que en el mercado ilegal alcanza precios atractivos.Por último, el funcionario anunció que en las próximas horas habilitarán una línea telefónica para recibir denuncias sobre bocas de tormenta que no cuenten con tapa.“Este caso nos movilizó a todos, pero también hemos recibido reportes de motociclistas que sufrieron accidentes y de automovilistas que registraron daños en sus vehículos al atravesar estos pozos que se generan por la falta de estos elementos”, indicó.Críticas de los concejalesLos concejales Canelada y Cobos cuestionaron la falta de prevención y la demora de los organismos estatales para responder a los reclamos vecinales. Los ediles señalaron que la situación no puede explicarse únicamente por el robo de tapas, sino que forma parte de un problema mucho más amplio que se reproduce en distintos sectores de San Miguel de Tucumán.“El abandono de la infraestructura urbana y la reacción tardía del Estado se han vuelto situaciones demasiado comunes. Los vecinos reclaman durante meses o años, pero las respuestas aparecen recién cuando alguien resulta herido. ¿Tiene que ocurrir una tragedia para que el Estado actúe con rapidez?”, plantearon.“No podemos analizar lo ocurrido como un hecho aislado ni reducir todo a la falta de una tapa. Había una abertura peligrosa, líquidos cloacales, ausencia de señalización y vecinos que venían reclamando. Es una combinación de riesgos que el Estado tenía la obligación de prevenir”, sostuvo Canelada.Cobos cuestionó la explicación brindada por la SAT, que atribuyó el faltante de tapas a los robos. “Pueden existir y deben investigarse, pero no pueden utilizarse como una explicación para todo. Hay bocas sin tapa, pero también estructuras deterioradas, tapas hundidas, pozos que se agrandan, calles que ceden, pérdidas de agua y líquidos cloacales que permanecen durante meses. El problema no empieza ni termina con el robo de una tapa”, señaló.El edil sostuvo que, incluso cuando una tapa haya sido sustraída, el Estado sigue teniendo la obligación de actuar. “Tiene que detectar el peligro, señalizarlo inmediatamente y reparar la infraestructura. No puede dejar un pozo abierto hasta que un vecino lo denuncie diez veces o hasta que alguien caiga adentro”, expresó.