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- El podcast de noticias de Augusto Townsend: de lunes a viernes
- Escena Internacional con Farid Kahhat: martes, jueves y sábado
- El podcast económico de Ale Costa: lunes, miércoles y viernes
Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 12 de febrero del 2025.
El podcast de hoy llega con el auspicio de: Bigmond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto: económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados.
Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar.
Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy miércoles 12 de febrero en menos de un minuto:
1. El Perú muestra un aumento significativo y sostenido de sus niveles de corrupción según el Índice de Percepción de Corrupción que hace Transparencia Internacional: somos el puesto 127 de 180 países evaluados, hemos retrocedido más de 25 puestos en cuestión de dos años.
2. El ministro del Interior y la presidenta del Poder Judicial se enfrentaron en la mesa técnica sobre inseguridad que convocó el presidente del Congreso al hablar sobre la penalización de los menores de edad.
3. El Gobierno va a discutir hoy la posible desaparición del proyecto Legado que administra eficientemente infraestructura deportiva a nivel nacional para subsumirlo en el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
4. Se ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca derogar la prohibición de nuevos retiros de las AFP y permitir que afiliados accedan al 50% de sus fondos en caso de desempleo.
5. El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo que el cese al fuego en Gaza “terminará” si es que Hamas no libera a los rehenes israelíes antes del sábado al mediodía.
Muy bien, vamos ahora sí con las noticias, aquí la primera.
La organización Transparencia Internacional publicó la última edición de su estudio Índice de Percepción de la Corrupción, identificado por sus siglas IPC, que revela un significativo y sostenido aumento en los niveles de corrupción en nuestro país en los dos últimos años.
Con un puntaje de 31 sobre 100, el Perú se encuentra ubicado en el puesto 127 de los 180 tomados en cuenta en el estudio. En la edición 2023, el puntaje fue de 33 y el puesto el 121. Mientras que en 2022, con 36 puntos nos encontrábamos en el puesto 101.
El IPC tiene por objetivo calificar los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país, de acuerdo con las opiniones de expertos y empresarios. Para ello utiliza un mínimo de tres fuentes de datos tomadas de trece estudios y evaluaciones para cada país. Estas fuentes de datos proceden, según Transparencia Internacional, de diversas instituciones de prestigio, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
El informe indica también que el 65% de las personas en el Perú creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses y que el 30% de los usuarios de servicios públicos declararon haber pagado algún tipo de soborno en el mismo periodo de tiempo.
Durante la presentación del informe, François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, indicó, y esta es una cita textual: “La corrupción es una amenaza global en evolución que socava el desarrollo, y es una causa clave del declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones de los derechos humanos”.
Los países mejor calificados en la región son Uruguay, con 76 sobre 100 puntos, Canadá con 75 y Barbados con 68. Los tres peor calificados son Haiti con 16, Nicaragua con 14 y Venezuela con 10.
Segunda
Ayer se llevó a cabo en el Congreso la Mesa Técnica para hablar sobre lucha contra la delincuencia que había convocado el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, y quizá lo más llamativo fue la discusión entre el actual ministro del Interior Juan José Santiváñez y la presidenta del Poder Judicial Janet Tello en torno a cómo tratar a los menores de edad que incurran en actividades criminales.
De hecho, existe una proyecto de ley del Ministerio del Interior que propone que los menores de edad que tengan 16 o 17 años puedan ser sentenciados a penas de cárcel, como si fueran adultos, por delitos como extorsión o sicariato. Al defender esta iniciativa, Santiváñez dijo que se había aplicado efecticamente en El Salvador por parte del Gobierno de Nayib Bukele.
Janet Tello más bien cuestionó esa propuesta por cuanto dijo que el Perú es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y que lo que debe buscar el sistema de justicia con los menores de edad es “recuperarlos”, es decir, rehabilitarlos y darles una oportunidad para que no vuelvan a delinquir.
Santiváñez retrucó que sí hay que preocuparse por los derechos humanos pero los de los niños y jóvenes (abro comillas) que quieren estudiar (cierro comillas) por oposición a los que se dedican al crimen.
Existe evidencia, por supuesto, de que hay menores de edad comprometidos en delitos muy graves. La pregunta que uno debe hacerse es si procesarlos penalmente como adultos y meterlos a la cárcel termina teniendo, en el agregado, un efecto neto más positivo que negativo de cara a la sociedad, porque también es cierto que ir a la cárcel puede llevarlos a que se internen más en el mundo del hampa.
Janet Tello aclaró que un adolescente que comete un delito no es absuelto por su edad ni mucho menos, sino que se le sanciona en el marco de un sistema penal juvenil especializado, que tiene medidas rehabilitadores o educativas para recuperarlos.
Mi impresión es que, a nivel de la opinión pública, puede ser popular que se plantee procesar a los juveniles como delincuentes adultos, pero, por un lado, no queda claro que eso sea lo que mejor sirve a la sociedad, y por otro, habría que preguntarle al ministro Santiváñez qué más está haciendo para plantear soluciones de fondo a la crisis de la delincuencia en el país que vaya más allá de ofrecimientos populistas.
Tercera
Carlos Neuhaus, quien fuera presidente del Comité Organizador que llevó a cabo los exitosos Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, puso anoche la señal de alerta sobre el hecho de que en la presidencia del consejo de ministros se va a discutir hoy la posible desaparición del Proyecto Especial Legado, que es responsable de administrar las sedes deportivas que se crearon, en tiempo récord y con excelentes resultados, para dichos juegos panamericanos.
Aparentemente el plan del gobierno es que el Instituto Peruano de Deporte o IPD absorba al proyecto Legado, y esto ciertamente prende ls alarmas porque el IPD es una institución que, debo decir aquí a título personal, se gestiona de manera muy displicente y tiene hoy en muy mal estado a mucha infraestructura deportiva de la que ya es responsable. Entonces, la preocupación aquí es que las cosas buenas que se hicieron con Legado y que siguen manteniéndose bien, pues pasen al IPD y terminen descuidadas o inoperativas, con lo cual se perdería todo el esfuerzo que se hizo.
Este es un caso que evidencia una paradoja en el Estado peruano. Como este es, en muchos casos, incapaz de cumplir bien sus funciones por el conducto regular, lo que se hace algunas veces es crear instituciones con mandatos específicos que estén, en cierta medida, blindadas de los problemas de excesiva burocracia o, muchas veces, corrupción, que aparecen en el Estado. En un escenario ideal, una entidad estatal como el IPD debería hacer bien su trabajo y por tanto a nadie debiera preocuparle que administre sedes deportivas. En un escenario ideal, no tendríamos que recurrir a esquemas de contratación como los de gobierno a gobierno para hacer obras de infraestructura deportiva, porque el sistema regular de contratación de obra pública debería ser lo suficientemente expeditivo y libre de corrupción como para hacer esto bien. Pero precisamente porque estamos tan lejos de un escenario ideal, es que tenemos que recurrir a estos mecanismos. Pero hago esta comentario porque este caso que vemos aquí es un síntoma de un problema de fondo que es nuestra incapacidad como país para hacer una reforma de Estado de verdad, que solucione estos problemas prevalentes en el conducto regular.
Ahora, cuando el Gobierno se interesa en pasar el proyecto Legado al IPD ¿lo hace porque en el fondo esté considerando hacer una reforma del Estado para que el IPD se parezca más a Legado, o busca lo contrario, que Legado se parezca más al IPD, y que quienes tienen control sobre este último puedan sacar eventualmente provecho personal de este traspaso?
Esta segunda no es una hipótesis descabellada si consideramos que el IPD “era usado como presunta agencia de empleos para el entorno de Dina y Nicanor Boluarte” según dio a conocer un reportaje de Punto Final en agosto del año pasado citado por RPP.
Cuarta
Un nuevo proyecto de ley en el Congreso busca retroceder en uno de los aspectos clave de la reforma del sistema de pensiones aprobada por el propio Parlamento el año pasado, antes de que siquiera logre ser implementada.
Es importante tomar en cuenta que, tal como fue aprobada por el Parlamento, la reforma establece una serie de beneficios para los afiliados al sistema privado de pensiones que demandarán recursos públicos. Uno de ellos es la pensión mínima, que obliga al Tesoro Público a completar el dinero que no haya podido ahorrar el afiliado en su fondo para que pueda recibir, al menos, la pensión que perciben los jubilados de la ONP.
Debido a que la cantidad de dinero de todos los peruanos que se requerirán para financiar esta pensión mínima dependerá de cuánto tengan ahorrado los afiliados en su fondo de pensiones, la ley determinaba que ya no se podían aprobar nuevos retiros.
Este candado dejaría de existir si se aprueba el proyecto de ley presentado este lunes por la congresista Dina Calle, de Podemos Perú, que propone derogar el artículo de la ley de reforma que prohíbe aprobar nuevos retiros parciales o totales del fondo de pensiones, excepto los ya vigentes antes de que se apruebe la reforma, como la posibilidad de usar el 25% de los fondos para la compra de una vivienda o la jubilación anticipada.
Pero el proyecto también busca añadir nuevas probabilidades de retirar los fondos. Lo que plantea es que los afiliados menores de 55 años que pierdan su empleo por cualquier causal, excepto renuncia, y pasen más de 60 días desempleados, puedan retirar la mitad de lo que tengan acumulado en su fondo de pensiones, sin establecer ningún límite. También propone que puedan retirar el 50% de los fondos para pagar sus estudios y los de sus hijos y cónyuge. Aunque estas medidas puedan sonar positivas, se estarían duplicando la función de la CTS y se haría más difícil que los afiliados logren ahorrar lo suficiente para financiar una pensión mínima sin dinero del Tesoro Público.
La iniciativa también plantea que se transfiera el 100% a una cuenta en el extranjero si se establece una residencia en otro país y que aquellos que padezcan una enfermedad terminal o un cáncer que reduzca su expectativa de vida puedan acceder al retiro del 95,5% de los fondos, manteniendo el 4,5% para cubrir los gastos de Essalud.
Podemos evaluar la pertinencia de cada una de estas propuestas, pero lo que hay que recordar es que esta reforma aún no ha sido implementada porque falta que se publique el reglamento, y los parlamentarios ya están proponiendo medidas que incrementarán significativamente su costo y, por lo tanto, su viabilidad.
Quinta
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el cese al fuego en Gaza “terminará” si es que Hamas no libera a los rehenes israelíes antes del sábado al mediodía.
Netanyahu brindó estas declaraciones luego de que Hamas anunciara que pospondrá la siguiente liberación de rehenes bajo el argumento de que Israel habría incumplido con los términos del acuerdo al seguir atacando a palestinos en Gaza, retrasar el regreso de los desplazados y no permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Antes de que se pronunciara Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó al Estado israelí a “desatar el infierno” y a cancelar el acuerdo del cese al fuego si es que Hamas suspende la liberación de rehenes. Trump, como recordarán, ha tomado mucho protagonismo en este conflicto luego de decir repetidamente que Estados Unidos “tomará control” de la franja de Gaza.
Como parte de su respuesta inicial, el primer ministro israelí ha ordenado al ejército israelí a "concentrar fuerzas dentro y alrededor de la Franja de Gaza".
El histórico cese al fuego entre Israel y Hamas entró en vigor hace apenas tres semanas y desde entonces 16 rehenes israelíes y cinco tailandeses han sido liberados a cambio de 566 presos palestinos. Como referencia, el acuerdo contemplaba en su primera fase la liberación de 33 israelíes rehenes de Hamás y 1900 presos palestinos en Israel.
En respuesta a las declaraciones de Netanyahu, Hamas dijo en un comunicado que seguían comprometidos con el alto al fuego mientras “la ocupación”, es decir, Israel, lo respete.
Veremos en las próximas horas y días como se sigue desarrollando esta situación y ojalá ambas partes puedan llegar a un entendimiento para no romper este acuerdo de cese al fuego.
Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. Quizá por mi formación como abogado pero sobre todo por mi preocupación por proteger la seguridad jurídica, que es clave para atraer inversiones al país, he estado siguiendo una discusión que se ha armado en torno a los intentos del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de cambiar la regulación del arbitraje, que es un mecanismo que le permite a los inversionistas saber que, si tiene disputas y tienen ciertas dudas sobre la confiabilidad del sistema de justicia ordinario, pueden recurrir válidamente a esta otra opción que es resolverlas por arbitraje con especialistas en la materia. Le pregunté entonces a Rosa Bueno, past presidenta de la Cámara de Comercio de Lima y del Consejo Superior de Arbitraje de dicha institución que nos explique qué está pasando y por qué es importante entender los riesgos que esto supone. Escuchamos a Rosa:
(…)
Muy bien. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias Rosa por su aporte esta mañana. Y como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores Bigmond Group, y a nuestros suscriptores, que nos permiten llegar a ustedes cada mañana.
Que estén muy bien, y ya nos escuchamos pronto.