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Buscamos informar con rigor y neutralidad con el propósito de elevar la calidad del debate público, combatir la polarización y generar espacios de consenso en la sociedad peruana.
Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 11 de diciembre del 2024.
El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.
Muy bien. Aquí van los titulares de hoy miércoles 11 de diciembre en un minuto:
1. El ex ministro Juan Manuel Hernández reconoció ante el Poder Judicial que él intermedió una coima de 1.3 millones de soles de la constructora ICCGSA para Martín Vizcarra.
2. En un acto coordinado con varios ministros, la presidenta Dina Boluarte salió ayer a promover el debate de la pena de muerte, justo cuando está ella involucrada en una serie de escándalos.
3. La ex secretaria de prensa de Palacio Suzie Sato reveló ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso que los días posteriores a la rinoplastía de Dina Boluarte, a ella le dijeron que la presidenta tenía “un proceso bronquial”.
4. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia por el delito de concusión contra José Arriola de Podemos Perú por un caso de “mochasueldos”.
5. En la Ley de Presupuesto 2025 el Congreso ha reducido la inversión en obras para inflar el gasto corriente, particularmente en Gobierno Regionales como los que gestionan César Acuña y Wilfredo Oscorima.
Ok. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera:
El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés en las cortes: ayer el exministro José Manuel Hernández confesó haber sido el intermediario en un acuerdo entre ICCGSA y el exmandatario para que este último reciba una coima de 1.3 millones de soles cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014. Según Hernández, este soborno se habría realizado (entrecomillas) para que no se observe la buena pro de la obra del Hospital de Moquegua.
El citado testimonio se produjo en el marco del juicio contra el expresidente Vizcarra, que comenzó a finales de octubre. Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos de empresas de construcción por montos cercanos a los 2,3 millones de soles durante su etapa como gobernador regional. Por estos hechos, la fiscalía pide 15 años de prisión en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
El caso contra el exmandatario estalló en marzo del 2021, meses después de que Vizcarra sea vacado de la presidencia, luego de la revelación de las declaraciones brindadas por aspirantes a colaboración eficaz sobre presuntos sobornos de empresas vinculadas al conocido caso del “Club de la Construcción”.
Según estos colaboradores eficaces, los presuntos sobornos se habrían dado a cambio de los proyectos de Irrigación “Lomas de Ilo” y la construcción del Hospital de Moquegua. En anteriores audiencias del juicio contra Vizcarra, el exgerente y el expresidente de la constructora Obrainsa revelaron haberle pagado un millón de soles en coimas al exmandatario para adjudicarse la obra “Lomas de Ilo”. Ayer, como les dije, el exministro Hernández confirmó el pago de sobornos para asegurar la buena pro de la otra obra envuelta en este caso: el Hospital de Moquegua.
Hernández, quien fuera ministro de Agricultura entre el 2016 y el 2019 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, señaló que ICCGSA quería “asegurar” la adjudicación de dicha obra. Fue así que el exministro se contactó por teléfono con el expresidente. Hernández dijo que “la conversación devino en 'si había algo para él', es decir, para Vizcarra, y que luego el propio exmandatario le habló de un monto de dinero específico: 1 millón 300 mil soles.
Tras la conversación con Vizcarra, Hernández habló con Rafael Granados, entonces gerente comercial de la empresa, quien aprobó el pago del soborno. Luego el propio Hernández fue el encargado de comunicarle a Vizcarra la decisión de la empresa de pagar la coima. El exministro además señaló que fue testigo hasta en seis oportunidades del pago de la coima a Vizcarra.
El juicio contra el expresidente se reanudará el próximo lunes 16 de diciembre. El pronóstico no pinta bien para Vizcarra debido a la contundencia de los testimonios y otras pruebas presentadas por quienes lo acusan por presuntos actos de corrupción. Según El Comercio, en el marco de este juicio la fiscalía ha presentado más de 140 pruebas contra el exmandatario.
Segunda
La presidenta Dina Boluarte señaló ayer en público, durante la ceremonia de inauguración del nuevo sistema de comunicación satelital de la Fuerza Aérea del Perú, que ha llegado el momento de –y esto es una cita textual– "abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores".
Las palabras de Boluarte son una reacción al más reciente caso de violencia contra una menor de edad. En esta ocasión, se trata de una niña de 12 años asesinada en Villa María del Triunfo el fin de semana pasado.
El padre de la menor denunció el domingo inacción por parte de la Policía horas después de que el cuerpo fuera hallado. Como explicaba ayer, ante la denuncia del padre, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez, comunicó que se había ordenado una investigación ante la “presunta omisión de funciones” por parte de agentes policiales. Es decir, este es un nuevo caso en el que se denuncia algo ante la fiscalía, esta no hace nada, y se descubre el trágico final de la víctima, similar al sonado caso de Shirley Condor.
Sin esperar a conocer los alcances de esa investigación ni, por supuesto, comentar la presunta inoperancia policial denunciada por la familia de la menor, la presidenta Boluarte rápidamente ha intentado cambiar el foco de atención y recurrir a una receta habitual del populismo punitivo como es la pena de muerte para violadores de menores, uno de los crímenes que más condena social merecen.
Si se deseara ir por esa vía, el camino sería largo porque haría falta no solo una reforma del código penal sino también una reforma constitucional, además de que el Estado peruano debería retirarse del Pacto de San José, como se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o denunciar parcialmente dicha convención y anunciar que nos apartamos de su prohibición de reinstaurar la pena de muerte.
Resulta difícil imaginar que este gobierno, con el escaso crédito político que tiene y la poca eficiencia que ha demostrado esté en realidad pensando seriamente en plantear ese camino.
Ahora bien, comprensiblemente, entre ustedes que me escuchan va a haber algunos con posiciones a favor y otros con posiciones en contra de la pena de muerte. Yo estoy, como ustedes saben, en el segundo grupo, pero este ciertamente es un tema que puede ser debatido con argumentos de ambos lados. Lo que yo sí les sugeriría, a título personal, es que se pregunten críticamente por qué estamos discutiendo este tema hoy, si es un debate que ha aparecido orgánica o espontáneamente, o si es algo que se está utilizando de excusa para desviar la atención de otras cosas, lo que popularmente se conoce como una cortina de humo. Desde el momento en el que uno ve al ministro de Economía José Arista sacando un tuit ayer sobre la pena de muerte, y a otros ministros cerrando filas en torno a este tema, más parece una acción coordinada para, como les digo, desviar la atención de los líos que hoy enfrenta la presidenta. Salvo mejor parece de cualquiera de ustedes.
Tercera
La ex secretaria de prensa de Palacio de Gobierno durante el actual gobierno de Dina Boluarte, Suzie Sato se presentó ayer ante la comisión de Fiscalización del Congreso para responder preguntas en torno al caso de la rinoplastía que se realizó la presidenta en el 2023 y si esto implicó un abandono del cargo.
Dijo Sato que en las fechas en las que Boluarte estaba recuperándose de su operación a la nariz, como ahora ya se conoce, en realidad en ese momento no le revelaron que esto era lo que había pasado y más bien le dijeron a Sato desde el consejo de ministros, según su testimonio, que la presidenta tenía “un problema bronquial”.
Es decir, también se ocultó la información de la operación de la presidenta de su propia secretaria de prensa. Se entiende por el testimonio que el entonces premier Alberto Otárola fue cómplice de esto.
Entre el 28 de junio y el 12 de julio del 2023, fechas en las que Boluarte estaba supuestamente recuperándose de la operación, Sato dice no haber tenido reuniones presenciales con la presidenta y que solo le mandó reportes de lo publicado en los programas dominicales, a lo que Boluarte respondió por Whatsapp o celular.
No obstante esto, Sato negó que le hubiesen hecho publicar imágenes de eventos de otras fechas para “tapar la ausencia” de Boluarte.
Cuarta
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite ayer la denuncia constitucional presentada contra el integrante de la bancada de Podemos Perú José Arriola, en la que se le imputa el presunto delito de concusión por un caso de “mochasueldo”. Hubo, según El Comercio, 11 votos a favor de tramitar la denuncia, cero en contra y tres abstenciones, las de Patricia Chirinos de Avanza País, Flavio Cruz de Perú Libre y Segundo Quiroz del Bloque Magisterial.
Arriola le habría recortado el sueldo a hasta siete trabajadores de su despacho parlamentario, lo que le habría generado a él un ingreso conjunto de 102 mil soles y también le habría permitido recabar aportes en especie para hacer proselitismo político. Todo este esquema por el cual Arriola presuntamente se beneficiaba de sus trabajadores, se habría iniciado en octubre del 2021, es decir, a los pocos meses de ser elegido congresista.
Quinta
La semana pasada comentábamos la ley de presupuesto aprobada por el Congreso el 30 de noviembre, que define en qué y cuánto van a gastar todas las entidades del Estado peruano en el 2025.
Les conté en esa oportunidad que el Congreso, sin ninguna vergüenza, había reducido los recursos que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, proponía asignar para el sector educación y saneamiento, para, entre otras cosas, aumentar el presupuesto del propio Parlamento en más de 550 millones de soles.
Sin embargo, una revisión más detallada del texto aprobado nos muestra otras razones para preocuparnos. De acuerdo con el Instituto Pulso Fiscal, citado por el Diario Gestión, el Parlamento recortó en mil 814 millones de soles los recursos que el MEF proponía destinar para la inversión, es decir, para la construcción de obras como escuelas, hospitales y carreteras y aumentó el gasto corriente en esa misma cantidad.
Gran parte de este incremento se concentra en el rubro de remuneraciones estatales. En detalle, el Parlamento ha tomado mil 455 millones de soles que el MEF quería destinar a inversiones y los ha asignado para aumentar remuneraciones a funcionarios públicos, especialmente de los sectores Defensa e Interior.
¿De dónde han salido estos recursos? Pues del presupuesto que el MEF quería asignar a inversiones del sector educación, es decir, a la construcción y mejora de colegios.
Otro punto preocupante lo muestra el Diario El Comercio, que revela que la región cuyos recursos han aumentado de manera más considerable frente al 2024 es La Libertad, cuyo presidente regional es Cesar Acuña, líder de Alianza para el Progreso, partido al cual pertenece la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones. El segundo lugar lo ocupa Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo Oscorima, es conocido como el wuaiky de la presidenta Dina Boluarte y que recientemente se ha afiliado a ese partido. En tercer lugar, está Ancash, región a la que representa Camones en el Parlamento.
Esto muestra, una vez más, que los partidos que manejan la Comisión de Presupuesto usan esa posición no para distribuir de manera más eficiente los recursos sino para llevar agua para su molino. Pero lo más grave es que estas tres regiones recibirán más recursos el próximo año pese a que no han ejecutado el presupuesto que se les asignó este 2024. La Libertad solo ha gastado 60,1%, Ayacucho 75,1% y Ancash, un decepcionante 37,1%, es decir, se premia la ineficiencia.
Aquí sumo una muy breve reflexión personal. Estamos habituados a que la discusión sobre la ley de presupuesto sea una en la que opera una “repartija” en el Congreso, donde hacen y deshacen los congresistas o bancadas con más poder para favorecerse, o se ponen de acuerdo todos para sacan tanto provecho como puedan del presupuesto del siguiente año. Pero pocas veces he visto yo algo tan desfachatado como lo que ha ocurrido este año, en el que el Congreso se ha aumentado su propio presupuesto en 550 millones de soles. Ojo que no estamos hablando de un ripio. 550 millones de soles es una cantidad enorme de dinero. ¿Se imaginan si eso se hubiese destinado a reducir la anemia o a combatir el efecto de las heladas, por citar un par de problemas? Ustedes saben que yo tengo un respeto reverencial por el Congreso, al que considero la institución más representativa de una democracia. Pero no puede haber tanto descaro que se apruebe algo así y los congresistas quieran hacer como si aquí no pasó nada. Ese aumento de presupuesto al Congreso no tiene justificación alguna y es verdaderamente un escándalo. Siguen jugando con fuego nuestros congresistas, haciendo como si no fueran un poder del Estado con un dígito de aprobación. No se entiende cómo pueden ser tan irresponsables. En fin.
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Que estén muy bien y ya nos escuchamos mañana.