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Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 6 de enero del 2025.
El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución de que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará, próximamente, una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité.
Espero hayan tenido un gran fin de semana. Aquí van los titulares de hoy lunes 6 de enero en un minuto:
1. Rafael Vela fue removido de la Coordinación Nacional de la Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos por decisión de la nueva la fiscal de la Nación Delia Espinoza.
2. La Comisión Permanente del Congreso debatirá esta semana el dictamen que plantea reinstaurar el financiamiento de la política por parte de empresas privadas.
3. El congresista Alfredo Pariona presentó un proyecto de reforma constitucional para aplicar la pena de muerte a delitos como violación de menores y corrupción de funcionarios.
4. El abogado Benji Espinoza renunció sorpresivamente a la defensa del ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso Jorge Torres Saravia, sindicado como líder de una presunta red de prostitución en dicho poder del Estado.
5. El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (CDC-Perú) declaró que no existe ninguna alerta por un nuevo virus respiratorio en China, como se ha venido especulando.
Ok. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera:
El fiscal Rafael Vela fue removido de la Coordinación Nacional de la Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esto fue comunicado este último sábado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano y ha generado, por supuesto, especulación en torno a las razones por las cuales se ha procedido con este cambio. Quienes son defensores del trabajo de Rafael Vela en general o específicamente en el caso Lava Jato, señalan que Espinoza está cediendo a sus críticos al quitarle responsabilidades. Los críticos de Vela consideran que esta decisión se justifica y que es una muestra clara de que no ha venido haciendo un buen trabajo. Un tercer grupo menciona que podría ser simplemente un cambio con una lógica de organizar mejor las fiscalías especializadas y que no es necesariamente indicativo de una posición a favor o en contra de Vela por parte de la nueva fiscal de la Nación Espinoza.
Por lo pronto, esta última ha designado a Mirko Dino Cano Gamero, un fiscal supremo titular, como reemplazo de Vela en la coordinación de Lavado de Activos. Además, Cano Gamero también fue nombrado como Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, en Delitos de Corrupción de Funcionarios y una más si no me equivoco. Es decir, ahora tiene como responsabilidad la coordinación cuatro Fiscalías Especializadas.
Esta es la segunda gran decisión que toma Espinoza desde que asumió el cargo de Fiscal de la Nación a inicios de diciembre del 2024. La primera fue realizar cambios en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y dejar sin efecto el nombramiento de la fiscal Marita Barreto como su coordinadora. Esto es lo que alimenta la versión de que Espinoza está reorganizando las cosas para quitarle poder a fiscales como Barreto y Vela.
La resolución que removió a este último del cargo indica que esta decisión se produjo en el marco del “proceso de modernización de la gestión pública” del Ministerio Público y que al poner a una sola persona como coordinadora de esas cuatro fiscalías especializadas se “contribuirá a garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos”.
Cabe mencionar que Vela había sido repuesto en este cargo -del que acaba de ser removido- en marzo del año pasado por disposición del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. En ese momento Vela había sido suspendido del Ministerio Público por la Autoridad Nacional de Control por unas declaraciones que le dio a la prensa sobre el caso Cocteles que involucra a Keiko Fujimori, aunque luego el Poder Judicial anuló esta suspensión.
Dicho sea de paso, si quieren escuchar mi opinión sobre el debate que está habiendo sobre cuán “entreguista” fue el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, quédense hasta el final del podcast que lo abordo en el espacio de la reflexión del día
Segunda
En el Congreso, la Comisión Permanente, que es el órgano que sesiona cuando los congresistas están “de vacaciones” entre legislatura y legislatura, ha puesto en agenda para mañana 7 de enero la discusión de un dictamen, es decir, un proyecto de ley que ya se aprobó en comisión, que vuelve a permitir el financiamiento privado en la política, a través de empresas privadas.
Tiempo atrás hicimos una reforma en el Perú para prohibir el financiamiento empresarial de la política. Esto fue, podríamos decir, una repercusión de escándalos vinculados a financiamiento de campañas electorales por parte de de empresas que se han reconocido como corruptoras como la constructora brasileña Odebrecht.
Hubo una apuesta por privilegiar el financiamiento estatal de la política, aunque también podríamos decir que la entrega de ese financiamiento estatal no ha sido supervisada de manera muy estricta.
En cualquier caso, ante la ausencia de financiamiento para la política del sector empresarial formal, lo que muchos especialistas temen que esté pasado es que ese vacío se esté llenando con dinero de las economías ilícitas como el narcotráfico y particularmente la minería ilegal, que tiene un poder cada vez más gravitante en la vida política del país, cosa que debería preocupar.
Ciertamente, hay una demanda ciudadana muy válida en exigir transparencia a cómo los partidos políticos reciben y gastan dinero. Pero uno podría decir que prohibir el financiamiento privado fue quizá una medida muy extrema. Veremos cómo avanza también este dictamen en el Congreso.
Tercera
Después de esta discusión generada por el Gobierno de Dina Boluarte para promover la aprobación de la pena de muerte, cosa que algunos críticos interpretaron como un elemento distractor para desviar la atención de algunos escándalos, sucede que el congresista de la Bancada Socialista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de reforma constitucional justamente para establecer que la pena de muerte se aplique a delitos como el narcotráfico, la corrupción y la violación de menores.
Hoy la pena de muerte está regulada para delitos como traición a la patria, pero debido a los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Perú, en la práctica no se aplica ni se puede ampliar a otros delitos. Por esta razón, la propuesta del congresista Pariona dispone que el Estado peruano denuncie -es decir, pida apartarse- de los tratados que establecen estas limitaciones.
Pariona, citado por La República, utilizó a Estados Unidos, China y Tailandia como referentes para decir que la pena capital se aplica “en países con los que tenemos sólidas relaciones”. También reconoció que, por ser estar planteando una reforma constitucional que además requiere denunciar tratados, no es algo que vaya a entrar en aplicación en el corto plazo.
Ahora bien, en la sociedad peruana existen, por supuestos, posiciones distintas sobre la pena de muerte, algunas a favor y otras en contra. Pero si uno mira el detalle del proyecto de ley del congresista Pariona, comprueba que algo bastante insólito. Porque una cosa es plantear la pena de muerte para un delito como violación de menores, pero Pariona está sugiriendo que se aplique también para el delito de corrupción de funcionarios, que es lo que plantea alguien como Antauro Humala. No parece haber considerado el congresista que si bien estamos hablando de delitos graves, no son igualmente graves. Pero en fin, ya veremos cómo le va a este proyecto en el Congreso
Cuarta
De manera sorpresiva, el abogado penalista Benji Espinoza, personaje ya bastante mediático por haber sido antes defensor legal del vacado presidente Pedro Castillo, anunció que va a dejar de representar legalmente a Jorge Torres Saravia, el ex jefe de la oficina legal y constitucional del Congreso, o la “oficina prostitucional” como la ha bautizado la historiadora Carmen McEvoy en su columna de ayer en El Comercio, sindicado precisamente por ser el presunto cabecilla de una red de prostitución en el Congreso.
Según Espinoza, la razón de su alejamiento es porque no se puso de acuerdo con Torres Saravia en cuanto a los honorarios que le pagaría este para representarlo y que esta decisión se hizo efectiva el 26 de diciembre, tras presentarse Torres Saravia en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero enfatizó Espinoza que hasta el momento no se ha presentado una prueba que demuestre la culpabilidad de su antes defendido.
Esto explicación es bien llamativa y generará, por supuesto, especulación en torno a que quizá las razones para apartarse Espinoza son otras. Normalmente, que un abogado penalista deje intempestivamente a un cliente propicia la sensación de que ha encontrado algo que ya no lo hace sentirse cómodo defendiéndolo, pero no lo va a reconocer así porque los abogados penalistas tampoco quieren generarse una reputación de que dejan colgados a sus clientes.
Pero sí tiene algo de razón Espinoza cuando dice que todavía no ha aparecido una prueba incontrastable de que esa red de prostitución efectivamente existió. Es claro que Torres Saravia y congresistas como Edwin Martínez contrataron a personas que no eran aptas para sus cargos, pero todavía tiene que demostrarse con pruebas que hubo intercambios sexuales, o que estos fueron ofrecidos a los congresistas a cambio de dinero o de votos, como ha sugerido el presidente de la Comisión de Fiscalización Juan Burgos. Con los escándalos que hemos visto en el Congreso en los últimos años, yo no encuentro esta hipótesis descabellada, pero hay que ir avanzando paso a paso en función de la evidencia que vaya apareciendo. Y por supuesto, la sospecha es muy grande considerando que una de las personas que trabajaba con Torres Saravia, y que supuestamente era partícipe o coordinaba esta presunta red de prostitución, fue asesinada por sicarios, como si alguien hubiera querido mandar a silenciarla.
Pero fuera de esto, sí es válida -en mi opinión- la crítica que está habiendo hacia el actual presidente del Congreso Eduardo Salhuana por irse de viaje a China en lugar de enfrentar esta denuncia, y negándose a informar quién fue la persona que recomendó o llevó a Torres Saravia al Congreso. Hay que recordar que Torres Saravia es una persona que ha trabajado directamente con Luis Valdés, secretario general de Alianza para el Progreso, partido al cual pertenece Salhuana y su antecesor en la presidencia del Congreso Alejandro Soto.
Quinta
El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (CDC-Perú), César Munayco, declaró durante el fin de semana que no existe ninguna alerta por un nuevo virus respiratorio en China.
Munayco respondía así a la alarma suscitada por las noticias reportadas durante la semana pasada acerca del aumento significativo de ciertas enfermedades respiratorias en China, entre las que destaca el metapneumovirus humano.
El director del CDC Perú explicó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en respuesta a la consulta hecha por su institución, indicó que no se ha emitido ninguna alerta por la aparición de un nuevo virus y que lo que ocurre en China es un comportamiento estacional.
“No hay ningún nuevo virus, no hay ningún riesgo de una nueva pandemia”, señaló el funcionario del CDC Perú, sumándose así a otros especialistas que en días pasados han explicado que el metapneumovirus humano no es un virus de nueva aparición sino que lleva circulando en distintas partes del planeta, incluido nuestro país, por lo que es monitoreado habitualmente por las instituciones de salud.
El Ministerio de Salud, indicó también en días pasados que al igual que la OPS, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco ha alertado sobre la presencia de un nuevo virus. De acuerdo con la información compartida por el MINSA, en China viene registrándose un aumento del 6% en las atenciones por infecciones respiratorias, causadas por virus estacionales comunes en climas fríos, como influenza, rinovirus y metapneumovirus.
Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, aquí les comparto la reflexión del día.
Ahora que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la fiscalía peruana con la constructora brasileña Odebrecht, se ha generado un debate muy intenso sobre si ese acuerdo de colaboración fue injustificadamente entreguista o favorable a los intereses de Odebrecht y sus ejecutivos implicados en casos muy serios de corrupción.
Quisiera ofrecerles aquí una explicación sin caer en el legalismo. Cuando alguien comete un delito en el Perú, la fiscalía está obligada a perseguirlo. La figura de la colaboración eficaz sirve cuando esa persona o esa organización que ha cometido un delito, puede entregar información relevante y comprobable de otros delitos cometidos por personas u organizaciones más encumbradas o de mayor gravedad, en cuyo caso la fiscalía puede elegir ofrecerle beneficios a ese delator siempre y cuando lo que entregue contribuya indubitablemente a condenar a los segundos.
Pero, en esta negociación, ¿quién tiene la sartén por el mango: el delator que se está reconociendo como culpable de un delito o la fiscalía que está obligada a perseguirlo? Dicho de otro modo, ¿quién le está haciendo un favor a quién?
Asumir que Odebrecht en este caso le estaba haciendo un favor a la fiscalía o a la justicia peruana en general es, en mi opinión, inmoral, porque Odebrecht y sus ejecutivos son criminales confesos. Como en cualquier juicio, si el acusado colabora con la justicia, eso puede llevar a que tenga un resultado menos grave para él. Pero eso no significa que nos esté haciendo un favor.
Yo tengo la impresión de que la colaboración eficaz que se pactó con Odebrecht y sus ejecutivos se hizo bajo la lógica de que había que agradecerles por está haciéndonos un favor. Y ese agradecimiento se concretó en cosas como que el mismo acuerdo no obligaba a la empresa a revelarlo todo, sino que tenía una cláusula de progresividad que le permitía ir revelando más cosas a medida que se fuera conociendo más información sobre sus eventuales delitos. Esta cláusula, como ha explicado el abogado penalista Carlos Caro, con quien coincido, es ilegal. También es muy cuestionable, como ha dicho Caro, que no se le haya exigido a Odebrecht que desista de sus arbitrajes contra el Estado peruano.
Fíjense que no esto aquí juzgando las intenciones de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, porque mucha gente que defiende su trabajo automáticamente descalifica a cualquier persona que lo critique como un defensor de los políticos a los que ellos están buscando sentenciar. Yo coincido plenamente con que era extraordinariamente importante para la fiscalía peruana jalar la madeja para, desde los casos de Odebrecht, llegar hasta los políticos implicados en esta corrupción. Pero, coincidiendo con ese objetivo, pienso que, por lado, la fiscalía se equivocó tipificando muchos de estos casos como lavado de activos, tipificación que no creo que va a superar el análisis de la Corte Suprema, y por otro lado, accedió a firmar un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht como si esta nos estuviera haciendo un favor en lugar de imponerle a esta empresa y a sus funcionarios sanciones ejemplares que sí merecían incluso cuando estuvieran actuando como colaboradores eficaces. Y que encima se haya querido mantener este acuerdo oculto todo este tiempo, es algo que encuentro injustificable.
Yo ciertamente no quiero que se caigan los casos que ha iniciado contra políticos corruptos a quienes hay que sancionar ejemplarmente si han incurrido en corrupción. Pero ese deseo no debe llevar a que uno se sienta en la obligación de coincidir con cualquier camino que haya adoptado la fiscalía para conseguirlo. La fiscalía nos representa a todos los peruanos en la persecución del delito, y por tanto, como cualquier ciudadano puedo emitir una opinión en el sentido de que los términos de ese acuerdo de colaboración no representan lo que para mí hubiese sido el estándar de rigor necesario para sancionar a una empresa como Odebrecht.
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