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Exclusivas de La Gaceta
La investigación judicial sobre el sanatorio Luz Médica, uno de los principales prestadores de servicios para afiliados del PAMI en Tucumán, sumó un nuevo capítulo. Después de que la causa pusiera bajo sospecha una transferencia accionaria firmada mientras sus supuestos otorgantes se encontraban en Bariloche y revelara la falta de exhibición de documentación societaria clave, ahora los oficios librados por el juzgado muestran que distintos organismos nacionales y provinciales fueron requeridos para informar sobre controles, habilitaciones y auditorías que resultan centrales para reconstruir el funcionamiento del establecimiento y su administración.La causa sucesoria donde se discute el patrimonio del fallecido empresario Julio Ernesto Luna dejó de limitarse al análisis de la validez de una escritura y del destino de las acciones de Builder and Design S.A. Conforme avanzó la producción de prueba, el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III Nominación comenzó a requerir información a organismos públicos sobre aspectos vinculados con la operatoria del sanatorio de calle Marcos Paz 943/951, durante años uno de los efectores más importantes del PAMI en la provincia. Los oficios dirigidos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a la Superintendencia de Servicios de Salud y a otras reparticiones buscan determinar quién explotó efectivamente el establecimiento, bajo qué habilitaciones funcionó y cómo se facturaron las prestaciones médicas. En uno de esos requerimientos el tribunal incluso solicitó que PAMI informe si existen "sumarios, sanciones o advertencias por facturación en sede no habilitada, interposición de prestadores o simulación de lugar de práctica".La documentación también muestra que el juzgado pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud el historial de habilitación del establecimiento, incluyendo la "fecha de vencimiento general del 09/07/2018 y cualquier excepción que se hubiese otorgado", además de información sobre convenios celebrados por obras sociales y prepagas. En paralelo, el expediente consigna que el Colegio de Escribanos y el SIPROSA no aparecen como destinatarios de esos oficios, aunque el análisis incorporado a la causa recuerda que ambos organismos cuentan con competencias propias para ejercer controles en sus respectivas áreas. A ello se suma otro dato que la Justicia incorporó al análisis: la Inspección General de Justicia rubricó nuevos libros societarios de Builder and Design S.A. luego de que los anteriores fueran denunciados como extraviados, circunstancia que coincide temporalmente con cambios en el directorio de la sociedad.En las semanas anteriores se conoció que Aerolíneas Argentinas informó oficialmente que Julio Ernesto Luna y Mercedes Graciela Haro permanecían en Bariloche el día en que una escritura sostiene que comparecieron ante un escribano en Tucumán para transferir acciones de Builder and Design S.A., mientras que el contrato menciona como lugar de celebración a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se incorporó al expediente la reiterada falta de exhibición de los libros societarios y del contrato original cuya autenticidad pretende verificar la pericia caligráfica.Aunque todas estas actuaciones forman parte de una investigación en trámite y será la Justicia la que determine si existieron irregularidades, el expediente amplió considerablemente su alcance. Lo que comenzó como una disputa sucesoria por el patrimonio de una familia hoy también involucra el funcionamiento de un establecimiento sanitario que durante años atendió a miles de jubilados tucumanos y cuya operatoria, habilitaciones, administración y vínculos con organismos públicos continúan siendo objeto de distintas medidas de prueba.