Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: según Ontiveros "buscan la ruta de un dinero que nunca se entregó”

El abogado envió una nota a LA GACETA en la que rechaza acusaciones a pocos días de tener que declarar como imputado en la causa

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“La nueva batería de medidas que pidió la fiscalía demuestran la desesperación por mantener viva una investigación que no probó nada en un año de dispendio jurisdiccional”. De esta manera el abogado Luis Alejandro Ontiveros, quien deberá declarar como imputado en el marco de la causa por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones, rechazó las acusaciones en una nota dirigida a LA GACETA y se quejó por la batería de medidas patrimoniales ordenadas por la Justicia Federal. El letrado sostuvo que, ante la falta de evidencias sobre el delito que se le imputa, el fiscal Agustín Chit intenta ahora girar la investigación hacia un posible enriquecimiento ilícito para sostener el “escarnio público” y perjudicar la postulación de su pareja, Solana Casella, a la magistratura federal.Ontiveros debe declarar como imputado el próximo 21 de abril ante el juez federal José Manuel Díaz Vélez. La causa se inició hace once meses tras la denuncia de un funcionario de ARCA, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, representado por el abogado Juan Andrés Robles, por el supuesto pedido de coimas para beneficiar a su hijo Jerónimo en un proceso penal, ha derivado recientemente en un exhaustivo rastreo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y propiedades del imputado. Ante este escenario, Ontiveros advirtió que “como no lograron probar el supuesto ‘tráfico de influencias', y cómo ya quedó demostrado en el expediente que el denunciante incurrió en un falso testimonio, ahora la fiscalía quiere cambiar el delito que se investiga, y buscar cualquier otro delito que pudiera encontrarme. Esto es una evidente expedición de pesca para ver qué puede resultarle útil en su persecución a mi persona y a mi círculo familiar, lo cual está prohibido por la ley”.En su análisis sobre la estrategia del Ministerio Público, el abogado fue tajante al señalar un cambio de rumbo en la acusación que, a su criterio, carece de legitimidad procesal. “Antes, la fiscalía buscaba un ‘tráfico de influencias’ ahora va en búsqueda de un supuesto ‘enriquecimiento ilícito o lavado de activos’ o lo que fuere con tal de ponerme en la situación de imputado, para seguir sosteniendo un escarnio público/mediático y judicial en contra de mi persona y mi pareja, porque quizás alguien cree que de esa manera puede perjudicar la postulación a un cargo de relevancia en la justicia federal de una persona intachable como mi pareja, Solana Casella. Desde ya afirmo que todos esos intentos van a ser en vano ya que mi pareja y yo somos  personas que no tenemos nada que ocultar. El fiscal pide que se investigue si soy propietario de obras de arte, de aeronaves, buques, dineros en cuentas en el extranjero, y muchas cosas igual de ridículas”, dijo.Al determinar el día de la citación, Díaz Vélez dispuso que se libren oficios al Banco Central de la República Argentina para que todas las entidades financieras del país informen sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y depósitos de los que Ontiveros sea titular o cotitular. Además, se puso la lupa sobre las billeteras virtuales y los consumos con tarjetas de crédito, solicitando reportes detallados al Registro Inmobiliario de Tucumán para determinar la titularidad de las propiedades vinculadas al abogado, incluido un inmueble ubicado en el Barrio Privado Alto Verde, en Cevil Redondo. La sospecha de la fiscalía es que Ontiveros reside en una propiedad que podría estar a nombre de terceros o vinculada directamente al entorno del camarista Mario Leal.La defensa del letrado, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, vincula directamente el avance de las medidas de investigación patrimonial con intereses ajenos al expediente que buscarían incidir en el Consejo de la Magistratura. “Todos esos pedidos que hace el fiscal van a resultar nuevamente un dispendio jurisdiccional que no va a arrojar ninguna prueba de ningún delito”, advirtió Ontiveros. Y agregó: “Las medidas solicitadas buscan la ‘ruta de un dinero’ que el propio denunciante aseguró que nunca entregó. ¿De qué ruta de dinero hablamos? Si nunca se denunció ninguna entrega de dinero de Martínez Salazar”. La crítica de Ontiveros hacia la fiscalía no se detuvo en las formas, sino que apuntó a una supuesta pérdida de objetividad que afectaría la validez de la instrucción. “Nuevamente esto muestra la pérdida de objetividad que tiene la Fiscalía incurriendo en investigaciones que no tienen ninguna relación con los supuestos hechos que se investigan conforme a la propia denuncia”, manifestó el abogado, quien considera que el esfuerzo estatal está siendo malversado en su contra. “Creo que todo el esfuerzo que hace la fiscalía y la cantidad de recursos y logística que gasta en ensuciar mi buen nombre y el de mi familia debería aplicarse a causas reales que necesitan su atención”, puntualizó.Como cierre de su descargo, el abogado introdujo una comparación con otros procesos de resonancia pública en la provincia para evidenciar lo que considera un trato desigual por parte de los magistrados intervinientes. “Hay causas  que son de público y notorio que no sé si tuvieron la misma predisposición para investigar de parte de la fiscalía que dirige Chit, a modo de ejemplo me gustaría saber si el juez y el fiscal que me investigan pidieron todas estas medidas cuando investigaron a Felipe “el militar” Sosa en la causa por narcotráfico que luego culminó en su sobreseimiento”, concluyó Ontiveros.Así la defensa se prepara para una indagatoria que promete ser el epicentro de un debate sobre los límites de la investigación penal y la influencia de las relaciones personales en los pasillos del poder judicial federal en Tucumán.