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Somos un medio de comunicación digital peruano e independiente.
Buscamos informar con rigor y neutralidad con el propósito de elevar la calidad del debate público, combatir la polarización y generar espacios de consenso en la sociedad peruana.
- El podcast de noticias de Augusto Townsend: de lunes a viernes
- Escena Internacional con Farid Kahhat: martes, jueves y sábado
- El podcast económico de Ale Costa: lunes, miércoles y viernes
Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 19 de febrero del 2025.
Mil disculpas que no pude estar ayer con ustedes, como verán, sigo recuperándome de un pequeño cuadro viral que comprometió mi voz, pero como siempre, me causó muchísima alegría ver los mensajes que muchos de ustedes me enviaron deseándome una pronta recuperación. Por eso es que trato de estar rápidamente de vuelta con ustedes. Este proceso de escuchar las noticias, cargarse emocionalmente con todo lo que está pasando en el Perú y el mundo y luego seleccionar y contarles calmadamente lo que sí vale la pena conocer, puede ser muy extenuante, pero es lo que elijo hacer porque siento que es importante que exista un medio como Comité que busque informar con rigor y moderación para elevar la calidad del debate público, y sobre todo de una manera que contribuya a despolarizar al país y a hacer que nos acerquemos entre quienes pensamos distinto y nos unamos en torno a la defensa de algo que nos debería preocupar a todos que es nuestra democracia. Y cuando recibo sus voces de aliento, sobre todo de aquellos de ustedes con los que converso y discrepo a diario, pues hacen que todo valga la pena.
Recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y, sobre todo, comentar.
Muy bien. El podcast de hoy llega con el auspicio de: Bigmond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto: económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados.
Ahora sí aquí vamos fon los titulares de hoy miércoles 19 de febrero en menos de un minuto:
1. El ministro del Interior Juan José Santiváñez presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza para inhabilitarla por 10 años de ejercer cargos públicos.
2. La hermana de la presidenta, René Boluarte Zegarra, es ahora asesora de la aen la Junta Nacional de Justicia que ve, entre otras cosas, el proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial.
3. Apresaron en Cusco a una persona que, en aparente estado de ebriedad, causó daño irreparable a la piedra de los doce ángulos que es patrimonio de la humanidad.
4. El tipo de cambio cayó a su nivel más bajo en nueves meses al ubicarse por debajo de los 3.7 soles por dólar.
5. El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido denunciado por urdir un plan para cometer un golpe de Estado que, según la procuraduría, contemplaba envenenar a sus rivales políticos.
Muy bien, vamos ahora sí con las noticias, aquí la primera:
El ministro del Interior Juan José Santiváñez presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza y pidió su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
Santiváñez le atribuye a Espinoza la comisión del delito de abuso de autoridad por supuestamente haber divulgado información reservada de la investigación que le sigue el Ministerio Público. El documento acusa a la fiscal de la Nación de infringir los artículos 46 y 47 de la Ley de Carrera Fiscal y el artículo 159 de la Constitución.
Como recordarán, la Fiscalía viene investigando al ministro Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad luego de que se divulgara un audio en el que solicitaba al capitán de la policía Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que controlara al periodista Marco Sifuentes. En el marco de esta causa, el Ministerio Público le pidió a Santiváñez que entregase su clave de iCloud y el chip de su celular, cosa que él se rehuso a hacer. Esta solicitud de la Fiscalía fue difundida en los medios de comunicación. Esa divulgación es el hecho por el cual el ministro del Interior acusa a Delia Espinoza del delito de abuso de autoridad.
Vale mencionar que esta es la segunda denuncia que presenta el ministro del Interior en contra de la actual fiscal de la Nación. La primera la interpuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a inicios del mes por el mismo hecho que esta demanda. Para decirlo en términos coloquiales, está ruleteando para ver “dónde le liga”.
Además, esta nueva denuncia de Santiváñez fue casualmente interpuesta tan solo unos días después de que el Ministerio Público programara para el jueves 27 de febrero la toma de una muestra de su voz. Esa muestra será contrastada con el audio que se le atribuye a él y que fue grabado por el capitán Junior Izquierdo en mayo del año pasado. Es decir, permitirá determinar si el audio es verídico o no, y si por tanto Santuváñez ha venido mintiendo todo este tiempo, o no, al decir que no reconoce el audio como auténtico.
Dicho sea de paso, ya que estamos hablando de denuncias constitucionales, un tema que se verá hoy en la Comisión Permanente del Congreso es el informe que recomienda inhabilitar por 10 años de ejercer un cargo público al ex presidente Francisco Sagasti, quien, junto con sus entonces ministros Rubén Vargas y José Elice, ha sido acusado de haber pasado “arbitraria e ilegalmente” a policías al retiro durante su gobierno. Yo recuerdo que esta fue una decisión que me llamó mucho la atención en su momento por lo aparentemente disruptiva, pero es una decisión de gobierno que, en mi opinión, no amerita una sanción política del Congreso como una inhabilitación de 10 años. Lo más probable aquí es que haya bancadas promoviendo esta sanción para, en la práctica, sacar a Sagasti de la posibilidad de ser candidato. Más allá del caso de Sagasti, creo que hay un uso arbitrario en el Congreso, tanto por las acusaciones constitucionales que se aprueban como por las que se archivan, que persigue ya sea intereses electorales o conveniencias inmediatas, por ejemplo, obtener algo a cambio de proteger figuras del oficialismo. Está mal que la vía de la denuncia constitucional se haya desnaturalizado a este nivel y ciertamente afecta al electorado si se utiliza como un arma del Congreso para decidir quiénes pueden competir y quiénes no en la elección del 2026.
Segunda
Veo que el diario La República ha dado a conocer que una hermana de la presidenta Dina Boluarte, René Boluarte Zegarra, es ahora una de las asesoras de la alta dirección de la Junta Nacional de Justicia. Ya se había revelado en días previos que dos personas que trabajaron en el despacho presidencial con Dina Boluarte, vale decir, Giovana Díaz y Joel Bolivia, estaban ahora en cargos de confianza en la Junta Nacional de Justicia, y ahora se suma a esto la presencia de la hermana de la presidenta. Todo esto va a alimentar previsiblemente las sospechas de que la nueva conformación de la Junta tiene pues vasos comunicantes con la presidencial de la República que podrían inclinarla en favor de, por ejemplo, aplicar sanciones en el procedimiento disciplinario inmediato que se ha abierto contra la presidenta del Poder Judicial Janet Tello o eventualmente contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza.
René Boluarte, hay que decir, fue antes asesora en el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que existía antes de la Junta Nacional de Justicia.
Tercera
Gabriel Roysi Malanio, presunto responsable de atentar contra la Piedra de los 12 Ángulos, en la ciudad del Cusco, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Roysi Malanio, de 30 años, fue captado por las cámaras de seguridad de la zona la madrugada del martes golpeando la piedra, ubicada en la calle Hatun Rumiyoc, hasta en seis ocasiones con un objeto metálico, aparentemente un martillo. Los golpes propinados por el atacante provocaron la caída de fragmentos de piedra.
El hecho fue denunciado por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco y 12 horas después, Roysi Malanio fue detenido. De acuerdo con la denuncia de la DDC el atacante habría actuado –abro comillas– “en aparente estado de ebriedad y fuera de sí” ––cierro comillas.
Según la DDC, el ataque contra la Piedra de los 12 Ángulos, catalogada como Patrimonio Cultural de la Nación y uno de los puntos turísticos más populares de la ciudad del Cusco, representa "un atentado de lesa cultura" que podría castigarse con hasta seis años de pena privativa de la libertad.
Jorge Moya, jefe de la DDC en Cusco, indicó a los medios que el organismo que lidera exigirá la máxima sanción debido a que el daño al patrimonio es, en sus palabras, “irreversible". El organismo ha convocado una mesa técnica con el objetivo de establecer un plan de acción conjunto para garantizar la protección del casco monumental de la ciudad. La mesa estará formada por representantes de la Municipalidad de Cusco, Poder Judicial, PNP, Ministerio Público entre otras instituciones claves para la defensa del patrimonio cultural y tiene carácter urgente.
Cuarta
El tipo de cambio cayó a inicios de esta semana por debajo de los S/3,70, llevando al precio del dólar a su menor nivel en los últimos nueve meses.
¿Qué es lo que está generando que el sol peruano se fortalezca frente al dólar? Pues que, al menos por el momento, los temores respecto a la economía estadounidense no se están concretando, permitiendo que las monedas emergentes, como la nuestra, recuperen valor frente al dólar.
Recordemos que el tipo de cambio en el Perú depende de qué se espera que suceda con nuestra economía y con la economía estadounidense, específicamente respecto de cuáles serán las medidas que apliquen sus bancos centrales para combatir la inflación, es decir, cuál se espera que sea el nivel de su tasa de interés para evitar que los precios suban descontroladamente.
En el Perú, la inflación ya se encuentra dentro del rango meta de entre 1% y 3% que define el Banco Central de Reserva (BCR), el nivel “ideal” de la inflación. Por este motivo, el BCR ya ha reducido su tasa de interés, que determina cuánto nos cuestan los créditos a las personas y las empresas, tres puntos porcentuales hasta el actual 4,75%.
En Estados Unidos, la situación es distinta. La Reserva Federal, su banco central, no ha sido tan efectiva para reducir la inflación y esto le ha permitido tan solo recortar su tasa un punto porcentual hasta un nivel de entre 4,25% y 4,75%.
Hasta el año pasado se esperaba que la Fed, como se conoce a la Reserva Federal, fuera más agresiva en esta reducción, pero la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos cambió las perspectivas. El temor es que sus anunciados incrementos de aranceles, que entrarían en vigencia a inicios de marzo, eleven los precios y alimenten aún más la inflación. Esto obligaría a la Fed a mantener sus tasas altas, aumentando el precio del dólar a nivel internacional y, por lo tanto, el tipo de cambio en Perú.
¿Por qué vemos una caída del tipo de cambio entonces a S/3,686 por dólar? Lo que está sucediendo es que muchos inversionistas están apostando a que, al menos en el corto plazo, Trump seguiría usando los aranceles, esto es, los impuestos a las exportaciones, como una forma de presionar a otros líderes mundiales y no necesariamente llegaría a imponerlos de manera generalizada. Este menor riesgo está permitiendo que apuesten por las monedas de países emergentes como el Perú, pero existe mucha incertidumbre respecto de qué podría pasar en el futuro, especialmente si Trump sí cumple sus amenazas y sus políticas empiezan a elevar los precios en Estados Unidos y en el mundo.
Quinta noticia
Una que viene del frente internacional. El procurador general de Brasil Paulo Gonet acaba de acusar formalmente al ex presidente Jair Bolsonaro de intento de golpe de Estado para quedarse en el poder tras perder la elección del 2022. No solo eso, sino que afirma Gonet, según da cuenta la agencia Associated Press, que Bolsonaro conocía y estuvo de acuerdo con un plan para envenenar a su rival en esa campaña y sucesor en la presidencia Luis Inacio Lula da Silva. Además de Lula, también habría habido un plan, siempre según Gonet, para ultimar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Este plan, alega Gonet, fue urdido en el propio palacio presencial y fue nombrado “Daga verde y amarilla”.
Estas son acusaciones bien graves, de tentativa de magnicidio, nada menos, pero todavía no encuentro mayor detalle sobre el sustento probatorio de esas imputaciones en particular. Lo que sí es conocido es que tras perder la elección hubo una movilización en Brasilia similar al asalto al Capitolio que ocurrió en Estados Unidos cuando Donald Trump perdió la elección con Joe Biden. Pese a que la justicia estadounidense no ha sancionado a Trump por su presunto involucramiento en incitar dicho asalto, en Brasil se determinará su Bolsonaro incitó o fue de alguna manera partícipe de lo que ocurrió en Brasilia.
Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy quisiera compartirles yo la reflexión del día:
Ayer en un evento de Capitalismo Consciente en el que fui panelista, me preguntaron sobre el renovado interés del Congreso de aprobar una ley que impone regulaciones adicionales a las ONG. Yo creo que hay mucha desinformación en el sector empresarial sobre lo que propone esta ley y se han quedado con la idea de que lo único que busca es mayor transparencia. En buena hora si así lo fuera.
Pero para explicarlo de manera más ilustrativa, les voy a poner un ejemplo hipotético. Imaginemos que en el 2026 gana las elecciones un gobierno con una visión fuertemente anti empresarial, algo similar a lo que fue el Gobierno de Pedro Castillo. Para ese momento, esta ley que les comento ya ha sido aprobada. Imagínense entonces que el presidente de turno está recibiendo críticas -fundamentadas- de parte de la Confiep y los gremios empresariales por el mal manejo de la economía. ¿Qué hace ese presidente entonces? Pues acusa a esos gremios, que son entidades sin fines de lucro de la sociedad civil, de estar haciendo “activismo político”, consigue fácilmente que que una entidad de segundo nivel del Poder Ejecutivo declare que la Confiep o tales gremios están yendo “contra el orden público” y los disuelve.
Claro, cuando muchas personas en el sector empresarial piensan en este proyecto de ley, se imaginan al gobierno disolviendo ONG de corte anti empresarial, no se imaginan a un gobierno disolviendo más bien ONG pro-empresariales, que las hay de mucho valor (think tanks como el Instituto Peruano de Economía o Redes, do-tanks como Hombro a Hombro, y, como les decía, los propios gremios empresariales). Parece que hay un sesgo en algunas líderes empresariales que piensan que ONG es un término que solo se aplica -digamos- a las organizaciones de izquierda, y eso no es así. Ya les expliqué anteriormente que las ONG pertenecen a una categoría que se llama grupos de interés o grupos de presión que pueden tener tendencias ideológicas muy distintas y contrapuestas, que todas hacen activismo o incidencia política porque quieren influir desde sus posiciones en la toma de decisiones, y eso es perfectamente normal en democracia.
Ahora, si queremos profundizar un poco más en las motivaciones, hay que hacer algunos matices importantes. Yo escucho por ejemplo a líderes empresariales del sector minero criticar malas prácticas de ONG anti mineras, cosas como mentir o extorsionar a las comunidades. Ese claramente es un problema, pero esas conductas, y otras como el financiamiento al terrorismo, ya están tipificadas como delitos y la forma de sancionarlas es precisamente utilizando el sistema penal. Así como puede haber funcionarios públicos corruptos o empresarios corruptos, también puede haber gente corrupta o delincuencial en las ONG, y es el sistema penal el que debe separar la paja del trigo.
Pero lo que algunas personas piensan cuando ven un proyecto de ley como este es: mejor nos ahorramos todo y de frente generamos la facultad para que el gobierno pueda censurar o disolver a las ONG que no me gustan. Pero el único escenario en el que esto tiene sentido para ellos es uno en el cual tienen control sobre el gobierno o pueden incidir efectivamente en que se sancione a las ONG que no les gustan, y no se ponen en el escenario que les describía en el ejemplo inicial, vale decir, que esta ley se utilice exactamente al revés, vale decir, para perseguir ONG afines a sus propios intereses, por ejemplo, los gremios o think tank pro empresa.
Aquí hay algo en el trasfondo que es la creciente polarización que estamos experimentando en nuestros países y que nos lleva, por un lado, a mirar solo el cortísimo plazo (descartando los efectos duraderos que pueden tener leyes como esta) y por otro lado no lleva a justificar esta idea de que todo vale con tal de que yo pueda golpear a mi enemigo político. Lo que termina incubando esto es el convencimiento en algunos de que se puede defender la democracia liberal desde posiciones iliberales, como la promoción de la censura estatal, pensando que cuando se le da al Estado el poder de censurar, por alguna razón que no termino de articular, esa censura solo se va a aplicar a mis enemigos y nunca a mí o mis aliados. La historia está plagada de casos que muestran cómo este tipo de medidas son el germen del autoritarismo que termina destruyendo las democracias desde dentro.
Una persona que está en una posición de liderazgo, es más, yo diría que cualquier persona que quiera ejercer su ciudadanía de manera responsable, tiene que ir más allá de los superficial o los cantos de guerra, y tomarse la molestia de informarse bien sobre lo que plantea esta ley que les estoy comentando. No es solo “más transparencia para las ONG”. Es una ley que crea un sistema arbitrario donde una entidad de segundo nivel del gobierno de turno puede disolver discrecionalmente a las ONG que le parezca (anti empresarial, pro empresariales o de cualquier tipo) con solo decir que están haciendo activismo político (que es lo que hacen, por definición, todas las ONG) y señalar, sin mayor exigencia de prueba, que están atentado contra el orden público.
Aquí no debería haber distinción entre quienes defienden a las ONG críticas o a las ONG defensoras del empresariado o la inversión privada. Esta eventual ley es sería una espada de Damocles para todas, sometiéndolas a la arbitrariedad del gobierno de turno, coactando sus libertades de expresión o de asociación, que son tan defendibles como la libertad de hacer empresa, porque la libertad es una sola, y generando un mecanismo autoritario que no es propio de una democracia que aspire a llevar el calificativo de liberal.
Muy bien. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores Bigmond Group, y a nuestros suscriptores, que nos permiten llegar a ustedes cada mañana.
Que estén muy bien, y ya nos escuchamos pronto.