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Exclusivas de La Gaceta
La tecnología suele avanzar a una velocidad que deja rezagados a los marcos regulatorios y a las pautas de convivencia. Sin embargo, cuando la innovación se cruza con la falta de límites y el anonimato digital, los efectos golpean de manera concreta en las aulas y los hogares. En las últimas semanas, la proliferación de imágenes íntimas falsas de alumnas secundarias, creadas mediante inteligencia artificial a partir de fotos públicas de sus redes, enciende alarmas.El episodio reciente en una escuela de San Pablo, donde circularon montajes de adolescentes desnudas en grupos de mensajería escolar, no constituye un hecho aislado. Se suma a antecedentes previos en colegios de la capital tucumana y a situaciones idénticas que tomaron estado público en otras jurisdicciones, como el caso denunciado en Lomas de Zamora. El patrón se repite: rostros de alumnas extraídos de perfiles comunes, superpuestos mediante aplicaciones de fácil acceso sobre cuerpos ajenos desnudos, y luego distribuidos masivamente entre pares.Frente a este fenómeno, suele cometerse un error inicial: catalogar estas conductas como “travesuras digitales”. Especialistas en derecho informático, psicología infantil y ciberseguridad coinciden en que se trata de formas concretas de violencia digital y de vulneración grave a la intimidad y a la integridad psíquica. El daño sobre las víctimas es inmediato y persistente: genera angustia, aislamiento y estigmatización social. Para una adolescente, la distinción técnica entre una foto real y una generada por algoritmos carece de relevancia frente al escarnio público. La exposición opera con la misma violencia. Existe, asimismo, una dimensión que las familias y los propios jóvenes suelen desestimar: las consecuencias directas para quienes elaboran y redistribuyen este material. La sensación de anonimato es ilusoria. Los peritajes informáticos permiten rastrear direcciones IP y registros de actividad. En el ámbito legal, estas acciones configuran hostigamiento digital, calumnias, injurias y violaciones al Código Contravencional, además de habilitar demandas civiles por daños y perjuicios que recaen sobre los padres de los menores. En el plano escolar, los regímenes de convivencia contemplan sanciones severas que impactan de lleno en sus legajos académicos.Expertos en seguridad y protección de datos remarcan pautas clave: no borrar los mensajes ni los enlaces para preservar la prueba mediante capturas y acudir a la fiscalía correspondiente, junto con una contención inmediata que evite culpabilizar a la víctima por las fotos que comparte en sus perfiles.El desafío de fondo interpela a los adultos. Ni la escuela sola ni la intervención judicial pueden reemplazar el rol formador de la familia.Es imperativo abrir conversaciones francas en los hogares sobre los límites de la interacción digital: el consentimiento ajeno es una frontera infranqueable y reenviar un archivo ajeno equivale a participar de la agresión. La inteligencia artificial ofrece oportunidades incuestionables, pero su uso desprovisto de criterios éticos degrada la convivencia. Frente a la intimidad vulnerada de jóvenes y niños, la indiferencia ya no es una opción admisible.